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España atraviesa el momento de mayor deterioro institucional de nuestra democracia reciente. El Gobierno de Pedro Sánchez nació apoyado en un pacto incompatible con el interés general, sustentado en acuerdos con partidos secesionistas y con la formación política heredera de las ideas de ETA. Desde el primer día, la estabilidad del Ejecutivo ha dependido de cesiones permanentes que han debilitado la igualdad entre los españoles y la fortaleza de nuestras instituciones. Pero si esa dependencia parlamentaria ya era motivo suficiente de preocupación, la sucesión de investigaciones, informaciones y escándalos que afectan al entorno político y personal de Sánchez ha terminado por dibujar un escenario insostenible. Nunca antes un Gobierno había estado rodeado de tantas sospechas y procedimientos que alcanzan a personas de su máxima confianza.
Las investigaciones que afectan a su familia, con sus manos derechas, Ábalos, condenado y Cerdán bajo investigación, el descubrimiento de la verdadera cara de José Luis Rodríguez Zapatero, las incesantes controversias de sus Ministros o el descrédito propiciado por sus colocados en las instituciones del Estado, proyectan una imagen profundamente dañina para España. Corresponde a los tribunales determinar responsabilidades individuales, pero la responsabilidad política ya no admite más demora.
Especialmente preocupante resulta el intento de desacreditar a quienes cumplen con su deber de investigar posibles irregularidades, poniendo bajo sospecha a jueces, fiscales y a la Guardia Civil, especialmente a la UCO. Conviene recordar que una cosa son las decisiones o actuaciones de determinados responsables políticos y otra muy distinta el prestigio, la profesionalidad y la entrega de la inmensa mayoría de servidores que integran la Fiscalía o la Guardia Civil, instituciones que merecen el respeto de todos.
España necesita recuperar la confianza en sus instituciones, la ejemplaridad en la vida pública y un Gobierno capaz de gobernar pensando en el interés general y no en su supervivencia. Cuando un Ejecutivo dedica más esfuerzos a atacar al resto que a resolver los problemas reales de los ciudadanos, ha perdido la legitimidad política para seguir al frente. Es momento de devolver la voz a los españoles y permitir que sean ellos quienes decidan el rumbo que merece nuestra nación.