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Desde el comienzo de la pandemia, hace ya casi un año, han habido algunas constantes en la gestión de la crisis. Una de ellas, y quizás la más lesiva a nuestros intereses, ha sido la de la improvisación con la que han actuado nuestros gestores de lo público.
No vieron venir lo que pasaba en Italia, y se reaccionó tarde, lo que ocasionó un largo confinamiento con un
cierre total de nuestro sector. Probablemente, de haber reaccionado antes, el confinamiento podría haber sido
más corto, y los daños se hubiesen minimizado.
Se desbordó, en tan solo unas semanas, todo el sistema sanitario. Nos quedamos sin suministros sanitarios
básicos. No teníamos suficientes camas hospitalarias, UCIS, EPIS, y un largo etcétera de carencias. Un año
después y tras tres grandes olas de esta trágica enfermedad, se repiten algunas escenas; hospitales colapsados
que provocan una sensación de caos que, lógicamente, repercute en la economía.
Otra constante en esta crisis ha sido la de señalar a la hostelería, y en general al Turismo, como uno de los
elementos aceleradores de los contagios; una especie de enemigo a batir, un chivo expiatorio al que culpar de
los contagios y castigar con restricciones y cierres.
Un año después, un Tribunal (el TSJ de Euskadi) ha tenido el acierto de poner en evidencia esta estrategia,
y actuar en consecuencia, dejando sin efecto un decreto de cierre de la hostelería. Entre sus argumentos
se encuentran algunos tan de sentido común como:
-No existe evidencia científica alguna que el cierre de la hostelería contribuya al descenso significativo
de los contagios. No se prueba, y no basta con solo enunciar el problema y la solución planteada, para entenderlo
como prueba suficiente que legitime la adopción de una medida tan drástica como el cierre de la actividad
empresarial.
-Los daños que provocan las medidas de cierre causan unos perjuicios económicos, en algunos casos,
irreparables. Daños que no se están indemnizando.
-Los cierres vulneran el principio general de seguridad jurídica, ya que no acotan la duración de los mismos.
No se puede decretar el cese de actividad de todo un sector sin ponerle un término, privando así el ejercicio
del derecho al trabajo y a la libertad de empresa.
Durante este año hemos vivido, entre cierres y restricciones, el peor año de nuestra historia. Frente a esta evidencia
( no les voy a aburrir con datos, estadísticas y cifras ya por todos conocidas), seguimos sin tener un Plan de Rescate Global, como sí lo tuvo la banca en la crisis del 2008.
Han habido improvisadas ayudas, mayoritariamente en forma de endeudamiento y precarización de nuestros trabajadores ( porque los Ertes, siendo muy necesarios, cuando se cronifican generan esa precarización a la que me refiero). Hay constantes anuncios improvisados de más ayudas, que o llegan tarde, o son insuficientes, o directamente no llegan. No existe ese Plan que nos permitiría afrontar el futuro con más optimismo. No existen
unas ayudas directas como las que han implementado el resto de los países de nuestro entorno. Hay parches, pero no ayudas directas en cuantía suficiente y proporcionada a la gravedad económica de la situación.
La salida de este túnel tiene solo una clave; la vacunación masiva. Y aquí también nos encontramos con la
improvisación. Se anuncia la vacuna, se afirma que su aplicación es inmediata, y vemos con estupor como
el ritmo de vacunación es inaceptablemente lento. La propia Presidenta de la Comisión Europea reconocía
recientemente que habían sobrestimado la capacidad de las farmacéuticas con las que se contrató para suministrar
suficientes vacunas en los plazos previstos.
De no conseguir una vacunación masiva en los próximos días o semanas, la temporada turística estará gravemente
comprometida.
No hay excusas, queremos una vacunación masiva inmediata. No podemos ralentizar más este proceso que,
hoy por hoy, es la única solución para que vuelva la normalidad.
Si bien al comienzo de la pandemia, la improvisación podía ser excusable, dado lo novedoso de la situación
y la gravedad del problema, un año después, hay pocas excusas válidas.
El Turismo necesita normas motivadas, justas, que aporten seguridad jurídica. Y necesita un gran Plan Marshall
que permita la recuperación de todo el sector. Queremos que salgan de esta situación todas las empresas,
no solo las más fuertes, grandes o rentables. Todos tienen derecho a un futuro, todos tienen derecho a ser
indemnizados por los ceses de actividad, y todos tienen derecho a ser ayudados a salir de la crisis. No dejaremos
a nadie por el camino.
Exigimos planificación frente a la improvisación. Necesitamos que los gestores de lo público, asuman sus
grandes responsabilidades desde una mayor visión global.