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Pedro Sánchez es, políticamente, un zombi. Un presidente que continúa caminando, hablando, compareciendo en actos oficiales y ocupando La Moncloa, pero cuyo proyecto político parece haber perdido buena parte de los signos vitales que deberían sostener a cualquier Gobierno en una democracia parlamentaria. Resiste, sí. Esa ha sido siempre su gran especialidad. Pero resistir no es necesariamente gobernar y mucho menos hacerlo con la estabilidad, la autoridad y el impulso que necesita un país como España.
Es un zombi económico y presupuestario, porque un Gobierno incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado en tiempo y forma termina administrando el país sobre la prolongación de unas cuentas concebidas para una realidad anterior. Los presupuestos son mucho más que una sucesión de cifras: representan el proyecto político y económico de un Ejecutivo, sus prioridades y la constatación parlamentaria de que existe una mayoría dispuesta a respaldarlas. Cuando esa herramienta fundamental desaparece, lo que queda se parece mucho más a la supervivencia que a la dirección política.
Es también un zombi legislativo. Sánchez permanece en La Moncloa sin una mayoría parlamentaria estable, condenado a negociar prácticamente cada votación y cada iniciativa con una constelación de partidos cuyos intereses territoriales y electorales no siempre coinciden con los del conjunto de España. La legislatura se ha convertido en una negociación permanente donde el Gobierno necesita comprobar una y otra vez si dispone de los votos suficientes para avanzar unos pocos metros más.
Y es, sobre todo, un zombi ético y político, porque el deterioro de quienes han formado parte de su círculo de confianza resulta extraordinario. José Luis Ábalos no fue un dirigente secundario: fue ministro, secretario de Organización del PSOE y durante años una de las personas con mayor poder dentro del sanchismo. El Tribunal Supremo lo condenó en junio a más de 24 años de prisión por delitos relacionados con el llamado caso Mascarillas. Santos Cerdán, sucesor de Ábalos en la Secretaría de Organización, pasó varios meses en prisión provisional y continúa situado en el centro de investigaciones judiciales que han supuesto un golpe devastador para la imagen del partido.
A todo ello se suma la situación de José Luis Rodríguez Zapatero, referente político y uno de los grandes apoyos públicos de Sánchez durante estos años. El expresidente se encuentra bajo investigación judicial en el denominado caso Plus Ultra y la UDEF ha sido autorizada a rastrear cuentas vinculadas a él y a su entorno. Conviene respetar escrupulosamente la presunción de inocencia y sería irresponsable anunciar condenas antes de que existan, pero resulta imposible ignorar el enorme desgaste que provoca que una figura de semejante peso político aparezca involucrada en una investigación de esta dimensión.
El problema para Pedro Sánchez no consiste únicamente en las responsabilidades penales que puedan determinar los tribunales respecto de unas personas u otras. La cuestión política es mucho más profunda: Ábalos y Cerdán fueron dos de sus principales hombres de confianza, arquitectos de una maquinaria partidista que contribuyó decisivamente a construir y conservar su poder. Pretender ahora que todo cuanto sucediera a su alrededor pertenecía a universos completamente ajenos al presidente resulta cada vez más difícil de explicar políticamente.
Sánchez ha conseguido mantenerse vivo gracias a sucesivas transfusiones parlamentarias. Cada vez que parecía próximo al final, encontraba los votos necesarios para continuar. Pero esa sangre política no ha sido gratuita. Ha llegado mediante acuerdos y concesiones a los partidos independentistas catalanes y a las formaciones nacionalistas vascas, cuyos diputados se han convertido en piezas imprescindibles para la supervivencia del Ejecutivo.
Primero fueron los indultos a los dirigentes del procés. Después llegó la amnistía, que antes de las elecciones generales parecía políticamente inasumible para buena parte del PSOE. A ello se han añadido negociaciones bilaterales, cesiones competenciales y compromisos sucesivos con fuerzas que tienen como objetivo declarado ampliar su soberanía frente al Estado. Se podrá defender cada medida por separado y revestirla de pragmatismo, convivencia o normalización institucional, pero el resultado acumulado ofrece una imagen incontestable: la continuidad de Sánchez depende de partidos cuya agenda territorial condiciona permanentemente la acción del Gobierno de España.
El zombi sigue caminando porque todavía encuentra votos con los que alimentarse.
Pero existe otro elemento que erosiona especialmente la figura presidencial: Marruecos. Desde el giro español respecto al Sáhara Occidental, nunca explicado con toda la claridad que requería una transformación tan profunda de nuestra política exterior, la relación con Rabat ha estado acompañada por una sensación constante de desequilibrio. Marruecos es un vecino imprescindible y España debe mantener con él relaciones diplomáticas, comerciales y de seguridad sólidas. Precisamente por eso esas relaciones deberían construirse desde la reciprocidad, la transparencia y la defensa firme de nuestros intereses nacionales.
Ceuta y Melilla son España y su españolidad no debería convertirse jamás en una moneda de negociación ni quedar sometida a ambigüedades diplomáticas. Cada crisis migratoria, cada episodio de presión fronteriza y cada silencio calculado desde Rabat vuelve a plantear la misma pregunta: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno español para conservar una relación aparentemente estable con Mohamed VI?
Un presidente fuerte puede pactar. Puede rectificar. Puede negociar con sus adversarios e incluso alcanzar acuerdos dolorosos si cree que benefician al país. Lo preocupante comienza cuando todas esas decisiones parecen responder a una única prioridad: seguir en el poder.
Ese es el gran problema de Pedro Sánchez. No que continúe siendo presidente, porque mientras conserve la confianza parlamentaria tiene toda la legitimidad constitucional para hacerlo, sino que cada día resulte más difícil distinguir qué decisiones responden a un proyecto para España y cuáles son simplemente el precio de prolongar su estancia en La Moncloa.
La corrupción que ha golpeado a personas extraordinariamente próximas a él, las sospechas de nepotismo que alimentan diferentes controversias políticas, la dependencia de independentistas y nacionalistas y una política hacia Marruecos que transmite demasiadas veces una preocupante inclinación ante Rabat forman una combinación políticamente tóxica.
Los zombis de las películas continúan avanzando aunque hayan perdido aquello que les daba vida. Pedro Sánchez todavía gobierna, todavía dispone del BOE, todavía preside el Consejo de Ministros y todavía puede reunir los votos suficientes en algunas votaciones. Pero la pregunta ya no es únicamente cuánto tiempo podrá continuar andando.
La verdadera pregunta es qué quedará políticamente de él cuando finalmente se detenga. Y, por extensión, qué quedará del Partido Socialista. Y de España.
‘Que la detengan, es una mentirosa, malvada y peligrosa’.