À Punt: la paja en el ojo ajeno y el tongo que algunos prefieren olvidar

Hay un refrán español que retrata perfectamente buena parte de nuestra clase política: ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y eso es precisamente lo que me viene a la cabeza al leer las declaraciones del diputado socialista José Muñoz, que ha exigido el cese del director de À Punt por considerar vergonzoso y manipulador el tratamiento televisivo de una visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la Comunitat Valenciana.

Muñoz asegura que la televisión pública no puede estar al servicio del Partido Popular y que los valencianos no tenemos por qué pagar con nuestros impuestos una cadena partidista. Hasta ahí, el principio que defiende es impecable. Igual que TVE tampoco lo debe estar al servicio del Gobierno y Pedro Sánchez. Lo comparto plenamente. Pero surge una pregunta inevitable: ¿dónde estaba esa misma exigencia de pluralidad cuando gobernaban los suyos? No nos vayamos a TVE ni la Revuelta, aquí a casa nostra.
Porque À Punt no nació ayer. Ni apareció por generación espontánea con la llegada del Partido Popular a la Generalitat. Su recuperación fue impulsada durante la etapa del Botànic, con el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos como protagonistas políticos de aquel proceso. Y algunos de quienes ahora levantan la voz deberían recordar lo que sucedió entonces. Compren en libro que escribí al respecto. Pero para qué. No les interesa la verdad, solo la manipulación y la propaganda para vivir un rato más de los impuestos de todos. Y todas.

Yo lo recuerdo perfectamente. Entre otras cosas, porque tuve que acudir a la Justicia para denunciar lo que desde el primer momento consideré un auténtico tongo. Usted calló, igual que muchos amigos míos de su partido. Daban pena y hoy me dan vergüenza.

No hablo de rumores, interpretaciones partidistas ni comentarios de tertulia. Hablo de un procedimiento judicial real y de una sentencia que acabó dando la razón a mi recurso.
En 2017 me presenté al concurso público para elegir a la primera dirección general de À Punt. Denuncié las irregularidades que apreciaba en aquel proceso y recurrí el nombramiento de Empar Marco. Después de años de procedimiento, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anuló en septiembre de 2020 su nombramiento, al apreciar, entre otras cuestiones, incompatibilidades de miembros de la comisión evaluadora y falta de motivación de las puntuaciones. Posteriormente, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de la Generalitat contra aquella resolución.

Lo que yo había calificado públicamente de tongo terminó en una anulación judicial. No es una opinión sobre la sentencia, sino el resultado de aquel procedimiento. Nadie pidió perdón, ni dimitió, ni la Marcó devolvió un céntimo.

Y mientras tanto, ¿qué hicieron quienes presumían de transparencia, regeneración democrática y defensa de los medios públicos? ¿Cuántos dirigentes políticos exigieron explicaciones por aquel concurso? ¿Cuántos alzaron la voz para defender los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia?

Yo no recuerdo una movilización política comparable a la que ahora se reclama por unas opiniones vertidas en un programa de televisión. Recuerdo, más bien, un silencio que me resultó profundamente decepcionante. El silencio cómplice de siempre cuando son los ‘míos’. La tele debe ser de todos. Y todas. Antes, ahora y siempre. 

Y lo más grave es que aquel episodio afectaba a los propios cimientos de la nueva radiotelevisión pública valenciana. De aquellos polvos, estos lodos. Pero son ustedes los primeros culpables.

Tampoco olvido lo que sucedió después con la pluralidad de los espacios de opinión. Mi impresión era que demasiadas tertulias estaban ocupadas por colaboradores cortados por el mismo patrón ideológico, con escaso margen para voces verdaderamente discrepantes. Parecía que la diversidad consistía en reunir a personas distintas que, en lo esencial, pensaban lo mismo. ¿Antes el rojerío y ahora el facherío? 

Una televisión pública no puede limitarse a sustituir a los tertulianos afines a un partido por los tertulianos afines al partido que acaba de ganar las elecciones.
Eso no es pluralismo. Es alternancia en el reparto de los micrófonos.

Ni del PP ni del PSOE: de todos los valencianos

Que nadie interprete estas líneas como una defensa de la actual dirección de À Punt o de cualquier posible manipulación favorable al Partido Popular. Sería absurdo después de mi trayectoria denunciando precisamente esas prácticas.

Si hoy se excluyen determinadas opiniones, se condicionan los debates o se utilizan los informativos para favorecer al Gobierno valenciano, habrá que denunciarlo con idéntica contundencia. También habrá que exigir las correspondientes explicaciones.

Pero lo mismo debía hacerse cuando gobernaba el Botànic. La pluralidad informativa no puede ser una reivindicación que se activa al pasar a la oposición y se guarda en un cajón cuando se alcanza el poder.

José Muñoz y otros diputados que formaron parte de aquella etapa política tienen derecho a criticar la televisión pública, naturalmente. Pero deberían acompañar sus denuncias de una reflexión sobre la responsabilidad de sus partidos en el modelo anterior.

Ni Muñoz ni quienes avalaron políticamente aquel proceso de puesta en marcha están, a mi juicio, en condiciones de dar demasiadas lecciones sin hacer antes autocrítica.
Porque una cosa es discrepar de lo que dice un tertuliano, algo perfectamente legítimo, y otra exigir ceses cada vez que una opinión resulta incómoda para el propio partido.

Los periodistas y colaboradores deben poder cuestionar a Pedro Sánchez, a Juanfran Pérez Llorca, a Carlos Mazón, a Diana Morant o a cualquier responsable público. Lo exigible es que exista pluralidad, que se contrasten las informaciones y que las críticas no se conviertan en campañas dirigidas desde los despachos políticos.

También convendría recordar que el dinero público no pertenece a ningún partido. Ni al PP, ni al PSPV, ni a Compromís, ni a Vox. Pertenece a los ciudadanos.

Y precisamente por eso, una radiotelevisión pública debe dar cabida a sensibilidades políticas diferentes, entidades sociales, organizaciones empresariales, sindicatos, profesionales independientes y periodistas que no tengan que enseñar ningún carné ideológico para sentarse ante un micrófono.

La pluralidad no consiste en repartir espacios según las afinidades de quienes mandan, sino en garantizar que puedan escucharse voces distintas, incluso aquellas que incomodan al poder.

Una televisión pública abierta, gobierne quien gobierne

He defendido siempre la existencia de una radiotelevisión pública valenciana que contribuya a vertebrar nuestro territorio, impulse nuestra lengua, atienda a las comarcas y dé visibilidad a realidades que con demasiada frecuencia quedan fuera de los grandes medios estatales.

Pero defender la televisión pública no significa aceptar acríticamente cómo se gestiona.

La independencia debe empezar por los concursos públicos, continuar por los nombramientos de sus responsables y extenderse a los informativos, las tertulias, los programas de entretenimiento y las decisiones de contratación.

No sirve reclamar transparencia para los demás mientras se mira hacia otro lado cuando las irregularidades afectan a los propios.

Por eso considero especialmente significativo que una etapa política que hizo bandera de la regeneración democrática acabara viendo anulado judicialmente el nombramiento de la primera directora general de su nueva televisión pública.

Yo tuve que acudir a los tribunales para defender unos principios que deberían haber protegido las propias instituciones. No buscaba que me regalaran un puesto. Reclamaba un procedimiento limpio, transparente y ajustado a derecho.

Y aquella batalla judicial acabó con la anulación del nombramiento. Es una parte de la historia de À Punt que no debería desaparecer de la memoria colectiva por mucho que resulte incómoda.

A José Muñoz le diría que tiene todo el derecho a reclamar una televisión pública plural y a denunciar aquello que considere manipulación. Pero ese mismo derecho lo teníamos los demás cuando gobernaban los suyos.

Y entonces también había motivos para exigir explicaciones.

La televisión pública valenciana no debe ser patrimonio de ningún gobierno ni botín de ningún partido. Debe estar abierta a todos y todas, en todas las legislaturas, con todos los presidentes y bajo cualquier mayoría parlamentaria.

Ojalá algún día dejemos de discutir sobre qué partido controla À Punt y empecemos a exigir de verdad que nadie pueda controlarla.

Porque mientras la pluralidad dependa de quién ocupa el Palau de la Generalitat, seguiremos repitiendo los mismos errores con diferentes protagonistas.

Y a quienes hoy descubren indignados los peligros de la manipulación política de los medios públicos les pediría algo muy sencillo: un poco de memoria, otro tanto de coherencia y bastante más autocrítica.

Dejen ya de ver la paja en el ojo ajeno mientras ignoran la viga en el propio. À Punt debe ser de todos los valencianos. Siempre. No solamente cuando gobiernan los otros.

Como reza el título de mi obra, ‘À Punt crónica de un fracasado anunciado’, por culpa del Botànic, como culpable del cierre de Canal 9 fue el PP.