Soy profesor y apoyo muchas de las reivindicaciones que han llevado a miles de docentes valencianos a movilizarse durante las últimas semanas. Defiendo una educación pública de calidad, mejores condiciones laborales y más recursos para los centros (las ratios deben reducirse e implementar medidas climáticas es perentorio). Sin embargo, precisamente porque soy profesor, creo que también debemos hacer autocrítica.
La huelga ha terminado afectando de manera muy severa a quienes deberían ser nuestra principal preocupación: los alumnos.
Miles de estudiantes de tercero y cuarto de la ESO, así como de primero de Bachillerato, han visto cómo el tramo final del curso prácticamente saltaba por los aires. En algunos casos se ha perdido cerca de mes y medio de actividad lectiva efectiva, algo difícil de recuperar en unas etapas educativas fundamentales. Más incomprensible resulta todavía que muchos alumnos hayan secundado las protestas cuando, en realidad, los principales perjudicados eran ellos mismos. Y los padres… qué padres.
La situación ha sido especialmente delicada para los estudiantes de segundo de Bachillerato. A pocas semanas de la PAU, el ambiente de incertidumbre, las jornadas de huelga y la tensión generada en algunos centros han añadido una presión innecesaria a quienes se jugaban buena parte de su futuro académico.
Pero el problema no se limita a las clases perdidas. Se han suspendido graduaciones de cuarto de ESO, cenas de final de curso, excursiones y actividades preparadas durante meses para los alumnos más pequeños. Muchos estudiantes han visto cómo desaparecían algunos de los momentos más especiales de su etapa escolar. Y ahí los docentes también debemos asumir nuestra parte de responsabilidad.
Tampoco ayuda el clima de crispación que se ha vivido en determinados centros. Algunos piquetes y actitudes excesivamente agresivas han contribuido a crear un ambiente enrarecido que ha terminado afectando a toda la comunidad educativa. Se han abierto grutas de convivencia. En algunos cursos de primero y segundo de ESO la asistencia ha caído hasta situarse en torno al 50%.
Y tampoco los padres pueden mirar hacia otro lado. Una parte de las familias ha mostrado una preocupante indiferencia ante la pérdida de clases y el deterioro del ritmo académico. Da la sensación de que a algunos les preocupa muy poco la educación de sus hijos mientras el problema no les afecte directamente.
A todo ello se suma un problema del que apenas se está hablando: el auténtico caos evaluador que deja esta situación. En numerosos centros, los alumnos de cuarto de ESO y primero de Bachillerato han llegado al final del tercer trimestre con apenas una prueba evaluable o, directamente, sin suficientes calificaciones para medir con rigor su rendimiento. La consecuencia es una evidente desigualdad. Los estudiantes que han seguido trabajando se ven perjudicados por un sistema incapaz de reflejar adecuadamente su esfuerzo, mientras que las calificaciones finales corren el riesgo de convertirse en una mera aproximación. Paradójicamente, la propia dinámica de la huelga puede acabar provocando que muchos equipos docentes opten por suavizar criterios o elevar notas para evitar conflictos y compensar las circunstancias excepcionales. Es decir, una situación que perjudica a todos académicamente, pero que podría terminar maquillándose estadísticamente con resultados más positivos de los que realmente corresponden al aprendizaje adquirido.
Las reivindicaciones docentes son legítimas. Pero ninguna protesta debería hacernos olvidar que nuestra razón de ser son los alumnos. Defender la educación pública también significa proteger su aprendizaje, sus oportunidades y su bienestar.