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Hemos centrado buena parte del dolor, la indignación y las responsabilidades en lo que ocurrió aquel fatídico 29 de octubre de 2024, en el Es-Alert que llegó tarde y en la actuación de Carlos Mazón. Pero dos años después hay otras preguntas incómodas que también merecen respuestas: ¿por qué no se ejecutaron las infraestructuras hidráulicas previstas y por qué hemos dejado prácticamente solos a tantos alcaldes y alcaldesas ante una reconstrucción que supera la capacidad de sus ayuntamientos?
Hoy se cumplen dos años de la mayor tragedia que ha vivido la provincia de Valencia en décadas. Dos años de dolor, ausencias, familias destrozadas, negocios que desaparecieron bajo el barro y municipios que todavía intentan recuperar la normalidad. Dos años durante los cuales hemos hablado mucho, y con razón, de la gestión de aquella jornada, de los avisos, de la tardanza del Es-Alert y de las responsabilidades políticas de Carlos Mazón y su Gobierno. Pero tengo la sensación de que hemos concentrado tanto el debate en aquellas horas dramáticas que hemos dejado en un segundo plano dos cuestiones fundamentales: lo que no se hizo durante los años anteriores y lo que seguimos sin resolver dos años después.
Porque ¿dónde estaba el Estado cuando había que ejecutar las grandes obras hidráulicas que podían haber reducido el riesgo de inundación? ¿Por qué proyectos conocidos desde hacía años, como las actuaciones en el barranco de La Saleta, en Aldaia, o las intervenciones necesarias en el barranco del Poyo, no estaban ejecutados cuando llegó la catástrofe? ¿Cuántas advertencias, estudios y expedientes hacen falta para que una administración comprenda que la prevención no puede depender de los calendarios políticos ni de los interminables procedimientos burocráticos?
El ejemplo de La Saleta resulta especialmente significativo. El propio Ministerio para la Transición Ecológica reconoce los históricos problemas de inundación de Aldaia y la existencia de distintos estudios y proyectos para reducir ese riesgo. El proyecto ya había sido sometido a consulta pública en 2023, antes de la tragedia. Sin embargo, el tramo principal de las nuevas obras no salió a licitación hasta agosto de 2026. Es decir, casi dos años después de la DANA seguimos hablando de licitaciones de infraestructuras que deberían haberse abordado mucho antes.
Y algo parecido ocurre con el barranco del Poyo, donde las actuaciones de emergencia han permitido reparar daños y reforzar algunos tramos, pero las grandes soluciones estructurales de protección frente a futuras inundaciones continúan en fase de proyectos. La Confederación Hidrográfica del Júcar anunció en julio de este año que trabajaba en diez proyectos para las cuencas del Poyo, Magro y Pozalet-La Saleta. Bienvenidos sean, pero la pregunta sigue siendo inevitable: ¿por qué tenemos que esperar a que se produzca una tragedia para acelerar aquello que debería constituir una prioridad permanente de cualquier Gobierno?
No pretendo afirmar que unas obras hubieran evitado por completo una catástrofe de semejante magnitud. Sería irresponsable asegurarlo. Pero sí considero legítimo exigir responsabilidades por los retrasos acumulados en infraestructuras destinadas precisamente a reducir el riesgo y proteger a la población. La responsabilidad política no empieza el día en que se desborda un barranco, sino también muchos años antes, cuando se decide qué inversiones se ejecutan y cuáles siguen esperando.
Y llegamos a la segunda gran cuestión, que me parece todavía más sangrante por lo que representa para nuestros municipios: la reconstrucción.
Durante estos dos años hemos visto a alcaldes y alcaldesas de diferente signo político trabajar hasta la extenuación para intentar devolver la normalidad a sus vecinos. Muchos han tenido que asumir responsabilidades extraordinarias con estructuras administrativas diseñadas para gestionar la actividad ordinaria de un municipio, no para reconstruir calles, instalaciones deportivas, edificios públicos, redes de alcantarillado y equipamientos arrasados por una inundación histórica.
El Gobierno de España transfirió más de 1.745 millones de euros a los ayuntamientos afectados para reconstruir infraestructuras municipales. Es una cantidad muy importante y sería injusto ignorarla. Pero ¿de qué sirve disponer de millones de euros si después no tienes ingenieros, arquitectos, técnicos de contratación, interventores y personal administrativo suficiente para convertir ese dinero en obras?
No hablamos de una dificultad imaginaria. Los propios responsables municipales y el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local han denunciado reiteradamente la falta de medios técnicos, la complejidad de los expedientes y la sobrecarga administrativa. Alcaldes como Guillermo Luján, de Aldaia, o Eva Sanz, de Benetússer, han advertido de las dificultades para acometer una reconstrucción de semejante envergadura con las plantillas disponibles.
Es cierto que el Estado ha introducido algunas medidas para facilitar la contratación de personal, entre ellas permitir desde febrero de 2026 destinar el 3,5% de las subvenciones a gastos de personal vinculados a la reconstrucción. Pero resulta perfectamente razonable preguntarse si esas herramientas han llegado suficientemente pronto y si son suficientes ante la magnitud del desafío.
¿Por qué no se desplegó desde el principio un gran equipo extraordinario de asistencia técnica a los ayuntamientos afectados? ¿Por qué no se establecieron mecanismos administrativos excepcionales, con todas las garantías legales, que permitieran agilizar los proyectos, la contratación y la ejecución de las obras? ¿Por qué no se reforzó de manera mucho más ambiciosa la cooperación entre el Gobierno central, la Generalitat, la Diputación y los propios municipios?
No podemos exigir a un ayuntamiento que ejecute en dos o tres años inversiones equivalentes a varias legislaturas y pretender que lo haga con prácticamente la misma estructura administrativa que tenía antes de la catástrofe. Eso no es realismo político. Es trasladar el problema al último eslabón de la cadena institucional, precisamente el más próximo a los ciudadanos.
Y mientras tanto, los vecinos siguen esperando. Esperando obras, soluciones definitivas y garantías de que, cuando vuelva a llover con intensidad, sus municipios estarán mejor preparados que aquel 29 de octubre de 2024.
Por supuesto que hay que investigar lo sucedido durante aquellas horas. Por supuesto que hay que exigir explicaciones a Mazón y no sólo a él, también a la delegada del Gobierno y al presidente de la CHJ, en definitiva a quienes tenían responsabilidades en la emergencia y a todos aquellos que pudieron actuar mejor. Pero sería profundamente injusto que toda la memoria política de la DANA quedara reducida a un presidente autonómico y a un mensaje de alerta, dejando fuera del examen público las decisiones adoptadas por los diferentes gobiernos durante décadas y las carencias de la reconstrucción posterior.
La prevención hidráulica, la ordenación del territorio, la coordinación institucional y la capacidad de respuesta municipal también salvan vidas. Y todas esas cuestiones exigen una mirada mucho más amplia que la confrontación partidista.
Dos años después, las víctimas merecen verdad, justicia y memoria. Los municipios merecen recursos humanos, agilidad administrativa y obras ejecutadas, no únicamente partidas presupuestarias y anuncios institucionales. Y los valencianos merecemos saber quién debía haber actuado antes, quién no hizo lo suficiente y qué se está haciendo para que una tragedia semejante no vuelva a sorprendernos con los deberes pendientes.
Porque el verdadero homenaje a quienes perdieron la vida no consiste solamente en recordar lo que ocurrió aquel 29 de octubre. Consiste, sobre todo, en impedir que la próxima DANA vuelva a encontrarnos con los mismos proyectos guardados en un cajón y con nuestros ayuntamientos desbordados.
La pregunta no es únicamente dónde estaba Mazón aquella tarde. La pregunta también es dónde estaba el Estado durante los años anteriores y por qué, dos años después, seguimos sin haber resuelto buena parte de los problemas que dejaron a nuestros pueblos indefensos.