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Siempre he defendido que una sociedad inteligente debe saber distinguir entre solidaridad e ingenuidad, porque confundir ambas cosas conduce a políticas que terminan perjudicando al tanto a quienes llegan como a quienes ya están aquí. España necesita inmigración, pero necesita inmigración regulada, ordenada y compatible con nuestra capacidad real de integración. Lo que ningún país serio puede aceptar es que sus fronteras se conviertan en una puerta permanentemente abierta y que la inmigración irregular acabe utilizándose, además, como instrumento de presión política.
La inmigración legal puede resultar muy positiva para España. Tenemos una población envejecida, una natalidad insuficiente y sectores económicos que necesitan trabajadores. Millones de personas de origen extranjero trabajan, cotizan, crean empresas, pagan impuestos, forman familias y contribuyen con absoluta normalidad al funcionamiento del país. Presentarlas como un problema simplemente por haber nacido fuera sería tan injusto como absurdo.
Ahora bien, también deberíamos preguntarnos por qué ante el desplome de la natalidad española se habla continuamente de la inmigración como solución mientras nuestros gobiernos hacen tan poco para ayudar de verdad a los españoles que quieren tener hijos y no pueden permitírselo.
Este debería formar parte del mismo debate.
AYUDA A LA NATALIDAD: EL MODELO DE CANADÁ
Durante décadas hemos creado un país en el que formar una familia resulta cada vez más difícil. Vivienda prohibitivamente cara, salarios que no siempre permiten afrontar un alquiler, precariedad laboral durante los años en los que tradicionalmente se tenían los hijos, dificultades para conciliar y costes crecientes de guarderías, alimentación, ropa o actividades educativas convierten la maternidad y la paternidad en una decisión económica de enorme trascendencia.
Después nos sorprendemos de que nazcan pocos niños.
Si España considera que tiene un problema demográfico, debería actuar sobre las dos partes de la ecuación. Necesitamos una inmigración legal que contribuya a nuestra economía, pero necesitamos también una auténtica política nacional de natalidad que facilite a las familias tener los hijos que desean. ¿Por qué no seguimos modelos de éxito en otros países como el de Canadá?
Canadá ofrece un ejemplo interesante. Su Canada Child Benefit consiste en una prestación mensual libre de impuestos vinculada al número de hijos y a los ingresos familiares. Para el periodo julio de 2026-junio de 2027, una familia con menores ingresos puede recibir hasta 8.157 dólares canadienses anuales por cada hijo menor de seis años y hasta 6.883 dólares por cada hijo de entre seis y diecisiete años. La cuantía disminuye progresivamente cuando aumentan los ingresos familiares.
El sistema canadiense contempla específicamente el cálculo para familias con uno, dos, tres e incluso cuatro o más hijos, por lo que no se trata simplemente de entregar un cheque puntual después del nacimiento -no es el cheque bebé o el regalo de un carrito, como hemos visto en muchos municipios españoles-, sino de asumir que criar hijos tiene un coste y que el Estado tiene interés en ayudar a soportarlo. Un Estado serio, claro.
España debería estudiar seriamente un modelo semejante, adaptado naturalmente a nuestra capacidad presupuestaria. Un sistema progresivo de ayudas reales por el primer hijo, incrementadas con el segundo y el tercero, podría ser muchísimo más útil que muchas de las subvenciones dispersas, deducciones complicadas y anuncios grandilocuentes que después apenas modifican la economía diaria de una familia. A los que se les llena la boca con una España muy española… Si queremos niños, ayudemos a quienes quieren tenerlos.
Resulta difícil comprender que un Estado se lamente permanentemente del envejecimiento de la población mientras una pareja joven debe hacer auténticos malabarismos para pagar una vivienda, criar uno o dos hijos y mantener un nivel de vida razonable. Apoyar la natalidad no debería considerarse una política conservadora, progresista, de izquierdas o de derechas, sino una cuestión estratégica para un país que necesita garantizar el relevo generacional y la sostenibilidad futura de su Estado del bienestar.
SÍ A INMIGRACIÓN LEGAL Y REGULADA
Una cosa, además, no excluye la otra. España puede ayudar mucho más a sus familias y simultáneamente recibir inmigración legal. Lo absurdo sería concluir que, puesto que tenemos pocos hijos, la única respuesta posible consiste en compensarlo mediante una inmigración irregular ilimitada.
Porque una cosa es la inmigración y otra muy distinta la inmigración irregular descontrolada. Ningún Estado serio puede aceptar la idea de que sus fronteras sean meras líneas decorativas y de que cualquier persona que consiga atravesarlas deba permanecer automáticamente en su territorio, independientemente de la capacidad de acogida existente, de sus circunstancias o de las posibilidades de integración.
No hay país del mundo capaz de absorber inmigración irregular a lo bestia sin terminar pagando consecuencias sociales, económicas y políticas. España tampoco, por mucha buena voluntad que tengamos y por muy incómodo que resulte decirlo en determinados ambientes. Es bello tener un alma caritativa, pero sirve para sermones en homilías y buscar un lugar en el cielo, pero aquí en la Tierra, es más complejo.
La acogida necesita vivienda, colegios, sanidad, servicios sociales, seguridad, formación y oportunidades laborales, y todos esos recursos son necesariamente limitados. Cuando las llegadas superan la capacidad de integración, una parte de esas personas termina atrapada en la economía sumergida, viviendo hacinada, trabajando sin derechos o dependiendo de estructuras asistenciales durante largos periodos de tiempo. Aumenta la prostitución, la delincuencia, la exclusión.
Permitir entradas irregulares y abandonar después a esas personas a su suerte tampoco tiene nada de humanitario. Una sociedad que consiente grandes bolsas de pobreza y marginalidad está creando un problema para el inmigrante y también para el conjunto de la población, porque la exclusión social, la ausencia de expectativas y la precariedad extrema pueden convertirse en terreno abonado para problemas de convivencia, delincuencia o radicalización.
Esto no significa que un inmigrante irregular sea automáticamente un delincuente. La mayoría busca simplemente una oportunidad para trabajar y mejorar su vida. Sin embargo, negar que la marginalidad constituye un factor de riesgo en cualquier sociedad sería cerrar los ojos ante una evidencia.
España necesita por ello vías legales de entrada, contratación en origen, permisos vinculados a las necesidades reales del mercado laboral, mejores mecanismos de integración y procedimientos de asilo mucho más rápidos. Hacen falta trabajadores en la construcción, la hostelería y la agricultura. Pues busquemos a esas personas que trabajen dignamente y ayuden al mismo tiempo a sectores sensibles e imprescindibles. También debe perseguir con dureza a las mafias que trafican con personas y a los empresarios que se enriquecen explotando a quienes carecen de papeles.
CEUTA, MELILLA Y MARRUECOS
Y llegados a este punto existe una cuestión que España no puede seguir tratando con complejos: Marruecos.
Nuestro vecino del sur es un socio estratégico por razones evidentes, pero precisamente una relación entre socios debe basarse en la reciprocidad y el respeto, no en que uno de ellos tenga permanentemente la capacidad de presionar al otro mediante la inmigración, las fronteras o las reivindicaciones territoriales.
Hay además una línea roja que ningún Gobierno español debería permitir que se difuminara: Ceuta y Melilla son España.
Su españolidad no está pendiente de negociación, no es una cuestión abierta ni puede convertirse en moneda de cambio en ninguna conversación sobre inmigración, comercio, pesca, seguridad o relaciones diplomáticas. Son ciudades españolas, habitadas mayoritariamente por ciudadanos españoles, y España debe defender su soberanía exactamente con la misma determinación con la que defendería cualquier otra parte de su territorio. Además, son ejemplo de convivencia entre cuatro religiones y culturas.
Durante demasiado tiempo hemos asumido una actitud excesivamente acomplejada frente a determinadas reivindicaciones marroquíes, como si defender nuestros propios intereses pudiera interpretarse automáticamente como una provocación. Una buena relación con Marruecos es deseable, pero España no puede construirla desde el miedo permanente a molestar a Rabat.
La cooperación exige respeto en ambas direcciones.
Y Marruecos tiene también muchas obligaciones pendientes con su propia población.
En 2030 organizará junto con España y Portugal un Mundial de fútbol que supondrá una enorme inversión en estadios, transportes, infraestructuras, hoteles y promoción internacional. Está en su derecho de aspirar a convertirse en una potencia regional y de presentarse ante el mundo como un país moderno, pero esa modernidad no puede limitarse a grandes obras destinadas a impresionar durante unas semanas a millones de espectadores.
Un país moderno se mide también por las oportunidades que proporciona a sus jóvenes, por la protección de los derechos humanos, por las libertades individuales, por la situación de las mujeres, por el pluralismo y por la posibilidad de que cada persona desarrolle su proyecto vital sin imposiciones políticas, sociales o religiosas asfixiantes.
Marruecos debería preguntarse por qué tantos de sus ciudadanos continúan mirando hacia Europa como la gran oportunidad para construir una vida mejor mientras su Gobierno pretende exhibir ante el planeta estadios gigantescos y modernas infraestructuras.
El gran triunfo marroquí no sería construir el estadio más impresionante del Mundial de 2030, sino conseguir que cada vez menos jóvenes marroquíes consideren que cruzar hacia España es la única manera de tener futuro.
España y Europa deben colaborar con Marruecos, invertir, favorecer relaciones empresariales y contribuir a su desarrollo, pero esa cooperación no puede convertirse en un cheque en blanco. A cambio deben exigirse respeto a nuestras fronteras, colaboración efectiva contra la inmigración irregular, lucha contra las mafias, avances en derechos humanos y una política económica y social que permita a los marroquíes construir un futuro en su propio país.
Porque la solución a los problemas demográficos españoles no puede ser simplemente importar población y la solución a los problemas sociales africanos tampoco puede consistir en exportar población. La solución pasa por que el continente africano avance en su desarrollo económico y social.
España necesita recuperar parte de su natalidad, ayudar seriamente a las familias que quieren tener hijos y complementar ese esfuerzo con una inmigración legal, necesaria y ordenada. Al mismo tiempo debe mantener unas fronteras controladas y una política exterior suficientemente firme como para recordar a Marruecos que la amistad entre vecinos empieza por respetarse mutuamente.
Podemos aprender de países como Canadá, que dedican recursos económicos importantes a ayudar a las familias con hijos, y podemos también recibir a quienes quieran venir legalmente a trabajar y construir una vida entre nosotros.
Lo que no podemos hacer es renunciar simultáneamente a apoyar nuestra natalidad, a controlar nuestras fronteras y a defender nuestros intereses nacionales.
España puede ser solidaria sin ser ingenua, generosa sin aceptar chantajes y amiga de Marruecos sin permitir que nadie ponga en cuestión que Ceuta y Melilla son, inequívocamente, España.