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Los resultados del último informe PISA deberían provocar algo más que el habitual cruce de reproches entre Gobierno, comunidades autónomas, sindicatos y oposición. España vuelve a situarse por debajo de la media de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias. Y, todavía peor, los resultados de 2025 están entre los más bajos registrados por nuestro país y empeoran respecto a 2022 en matemáticas y lectura, según los datos de la OCDE.
Buscar un único culpable sería demasiado sencillo. El fracaso educativo español tiene muchas causas y exige que cada parte asuma su cuota de responsabilidad.
La primera está dentro de las aulas. Hay reivindicaciones del profesorado absolutamente legítimas. Faltan recursos humanos, apoyos y tiempo para enseñar. Según PISA 2025, el 49% de los alumnos españoles estudia en centros cuyos directores consideran que la falta de profesores dificulta en alguna medida la enseñanza, frente al 39% de la OCDE. En personal de apoyo, el porcentaje español llega nada menos que al 72%.
Es necesario reforzar y motivar al profesor. Pero tampoco podemos convertir cualquier análisis sobre la educación en un debate exclusivamente laboral. La educación funciona cuando funcionan conjuntamente profesores, alumnos, familias, administraciones y sociedad.
Y aquí aparece otro elefante en la habitación: las pantallas.
Hemos introducido tabletas, ordenadores, teléfonos móviles, acceso ilimitado a internet, redes sociales y videojuegos en las vidas de niños cada vez más pequeños sin haber aprendido antes cómo administrarlos. La tecnología es extraordinaria cuando se utiliza como herramienta. Es pésima cuando sustituye la lectura, la concentración, la conversación o el esfuerzo.
PISA 2025 aporta un dato especialmente revelador. El 29% de los estudiantes españoles asegura que sus compañeros se distraen frecuentemente con dispositivos digitales durante la mayoría o todas las clases de ciencias. Esos alumnos obtienen en España 16 puntos menos en ciencias que quienes estudian en aulas donde no existe esa distracción, una vez considerado el perfil socioeconómico. (OECD)
La propia OCDE advierte de que la tecnología y la inteligencia artificial pueden mejorar el aprendizaje, pero solo cuando se usan con un propósito definido y no sustituyen la atención, el esfuerzo y la comprensión. También relaciona un mayor tiempo de pantalla y una menor lectura por placer con peores resultados lectores.
No se trata de regresar a las cavernas ni de prohibir internet. Se trata de preguntarnos si un niño necesita un teléfono inteligente con acceso prácticamente ilimitado al mundo digital a los 10, 11 o 12 años. Y si no estamos pagando ahora las consecuencias de haber confundido modernización educativa con digitalización indiscriminada.
Pero existe igualmente una responsabilidad familiar que resulta incómodo mencionar.
Muchas familias viven sometidas a jornadas laborales difíciles y a enormes problemas de conciliación. Padre y madre trabajan y llegan agotados a casa. Eso es una realidad que las administraciones deberían ayudar a resolver. Pero también existen casos de dejación de funciones educativas. Niños que llegan a casa y nadie comprueba si han estudiado, si tienen deberes, si han leído o si mañana tienen un examen. Adolescentes sin horarios, sin rutina y sin nadie que les exija absolutamente nada.
Un profesor puede enseñar inglés, matemáticas o historia. Lo que difícilmente puede hacer es sustituir simultáneamente a la familia, ejercer de psicólogo, educador social, policía, orientador y además conseguir que treinta adolescentes permanezcan concentrados durante una hora.
También debemos hablar de nuestras leyes educativas.
La LOMLOE no ha solucionado los problemas estructurales de la educación española. En mi opinión, ha añadido además elementos equivocados: exceso de burocracia, un modelo demasiado preocupado por procedimientos y competencias mientras pierde fuerza la adquisición sólida de conocimientos, y una concepción de la evaluación que en ocasiones transmite al alumno que avanzar resulta demasiado fácil.
Pero el verdadero fracaso viene de mucho más lejos que una sola ley. España lleva décadas cambiando su legislación educativa dependiendo del partido que llega a La Moncloa.
Eso es inadmisible. Intolerable.
Necesitamos una ley de Educación pactada por los grandes partidos y concebida para veinte años, no para cuatro. Una norma que permanezca aunque cambie el Gobierno; que establezca qué debe saber un alumno cuando termina Primaria, ESO y Bachillerato; que recupere la cultura del esfuerzo y que garantice al mismo tiempo ayudas reales para quien parte en desventaja. NO ES ADMISIBLE QUE PASEN CURSOS CON SUSPENSOS Y SUSPENSOS HASTA LLEGAR A LOS 16 AÑOS.
Porque también debemos recuperar una palabra que parece haberse convertido en políticamente incorrecta: exigencia.
Exigir a un niño no significa maltratarlo ni frustrarlo. Significa enseñarle que aprender requiere esfuerzo, repetición, concentración, memoria, curiosidad y constancia. En algún momento confundimos proteger a nuestros hijos con impedir que se enfrenten a cualquier dificultad.
Y todavía queda otro enorme problema: ¿para qué estamos formando?
Durante décadas hemos transmitido a generaciones enteras que el éxito consistía necesariamente en ir a la universidad. España necesita médicos, ingenieros, periodistas o abogados, naturalmente. Pero necesita también electricistas, soldadores, mecánicos, instaladores, técnicos industriales, especialistas en climatización, programadores, profesionales sociosanitarios y trabajadores cualificados de decenas de sectores en los que las empresas tienen dificultades para encontrar personal. En estos momentos impulsamos jóvenes con exceso de ‘titulitis’ abocados al paro.
La Formación Profesional no puede continuar considerándose el hermano menor de la universidad.
La educación debería estar mucho más conectada con el mercado laboral real. No tiene sentido producir titulados en ámbitos saturados mientras las empresas buscan desesperadamente profesionales técnicos que pueden alcanzar magníficas condiciones laborales.
Y finalmente están los idiomas.
España continúa sin otorgar al inglés —y a las demás lenguas extranjeras— la importancia que merece. Dominar un idioma no consiste únicamente en aprobar una asignatura. Significa poder estudiar en otro país, trabajar en Londres, Berlín, Ámsterdam, Dublín, Nueva York o Singapur, acceder directamente al conocimiento internacional y relacionarse con cientos de millones de personas.
Es una herramienta profesional, pero también vital.
PISA 2025 deja un mensaje mucho más profundo que una clasificación internacional. Desde 2015, en España ha aumentado en 11 puntos porcentuales la proporción de alumnos de bajo rendimiento en matemáticas, 15 puntos en lectura y seis en ciencias.
Podemos seguir buscando culpables durante otros veinte años: al Gobierno, a los profesores, a los padres, a los móviles, a los alumnos o a las leyes. O aceptar algo bastante más incómodo: todos tenemos una parte de responsabilidad.
La recuperación de la educación española necesita mejores profesores y mejor respaldados, sí. Pero también familias presentes, alumnos que estudien, móviles fuera del aula cuando no sean necesarios, menos burocracia, más conocimientos, más Formación Profesional, más idiomas, más esfuerzo y, sobre todo, una política educativa que deje de cambiar cada vez que cambia el Gobierno.