Todas las huelgas y manifestaciones son legítimas en democracia. También lo es, por supuesto, la reivindicación de los docentes valencianos para exigir mejores sueldos, más recursos y más dignidad para la escuela pública. Faltaría más. La educación es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad moderna y los profesionales que la sostienen merecen respeto y condiciones adecuadas.
Ahora bien, también deberíamos hacernos una reflexión más profunda y más incómoda: ¿por qué la Comunidad Valenciana lleva tantos años acumulando carencias en sanidad, educación y servicios públicos? ¿Por qué siempre vamos con menos recursos que otros territorios?
La respuesta es conocida desde hace décadas: el problema estructural de la financiación autonómica. La Comunidad Valenciana es la autonomía peor financiada de España pese a ser una de las que más aporta y una de las que más población tiene. Y eso termina afectándolo absolutamente todo.
Sin una financiación justa, los servicios públicos acaban resintiéndose inevitablemente. Se deterioran infraestructuras, se tensionan las plantillas, aumenta la carga laboral y aparecen conflictos que, al final, estallan en las calles y en los centros educativos.
Y aquí la responsabilidad es compartida. Del Estado, evidentemente, porque durante años ha mantenido un modelo injusto para los valencianos. Pero también de los distintos gobiernos valencianos, de todos los colores políticos, que muchas veces han preferido la confrontación partidista antes que liderar una presión social real, sostenida y contundente para defender los intereses de los valencianos.
Pero también existe una parte de responsabilidad colectiva. Como sociedad valenciana, durante demasiados años hemos asumido con resignación ser ciudadanos de segunda en inversiones y recursos. Nos hemos indignado puntualmente, sí, pero no hemos mantenido una movilización masiva y constante capaz de convertir la financiación justa en una auténtica prioridad valenciana.
Y hay que decirlo claramente: si durante años hubiéramos llenado las calles de verdad para reclamar una financiación digna; si sindicatos, profesores, sanitarios, empresarios y sociedad civil hubieran presionado de forma continuada y conjunta; si todos hubiéramos situado esta reivindicación por encima de los intereses partidistas, probablemente hoy estaríamos en otro escenario.
Posiblemente ahora habría mejores salarios. Tal vez habría menos barracones, más profesores, menos saturación sanitaria y unos servicios públicos mucho más fuertes.
Porque al final no se puede exigir calidad europea con una financiación de segunda división. Es matemático. Y las consecuencias de eso son las que ahora estamos empezando a ver cada vez con más claridad.
El problema no es solo una huelga concreta ni una protesta puntual. El problema es que durante demasiado tiempo se ha dejado cronificar una injusticia que condiciona el futuro de toda una comunidad autónoma.
Y ahora, cuando llegan los conflictos, las tensiones y las protestas, todos deberíamos asumir nuestra parte de responsabilidad. Los gobiernos de ayer y de hoy, el Estado y también una sociedad valenciana que muchas veces no ha presionado con la suficiente fuerza para defender lo que es suyo.
Porque sin una financiación justa, nunca habrá servicios públicos fuertes. Y eso no es una cuestión ideológica. Es simplemente una realidad.