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Hubo un tiempo no muy lejano en el que la imputación era presentada como una línea roja infranqueable. Quien resultaba investigado judicialmente debía dimitir de inmediato, apartarse de la vida pública y asumir responsabilidades políticas, aunque la Justicia aún no hubiera dictado sentencia. Era una cuestión de ejemplaridad, decían.
Hoy, sin embargo, esa misma línea roja parece haberse convertido en un simple trazo de tiza que cada partido borra o vuelve a dibujar según quién ocupe el banquillo de los acusados. Lo que antes era intolerable ahora se justifica, se relativiza o, directamente, se ignora.
La coherencia no puede ser un principio de usar y tirar. Si se exigía la dimisión por una imputación cuando afectaba al adversario, resulta difícil explicar por qué ahora se cambia el discurso cuando el señalado viste los mismos colores políticos. Esa doble vara de medir es la que alimenta el desencanto ciudadano y erosiona la credibilidad de las instituciones.
Quienes hicieron bandera de aquella exigencia ética y hoy renuncian a ella deberían reconocer, al menos, que han cambiado de criterio. Lo contrario es pedir a los ciudadanos que acepten como normal una hipocresía política que solo profundiza la desconfianza hacia quienes nos representan.