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Pere Valenciano, director y fundador de El Periódico de Aquí
Hubo un tiempo en que un sector de la sociedad pedía listas abiertas para elegir a los candidatos/as. Olvídense, no les interesa a ningún partido. En política, el peor enemigo no siempre está en el partido de enfrente. Muchas veces lo tienes sentado a tu lado, comparte tus siglas, aplaude tus discursos y sonríe contigo en las fotografías de familia. Pero cuando llega el momento de repartir el poder, empiezan las puñaladas políticas, los movimientos de despacho y el tradicional navajeo entre compañeros. Y de eso saben bastante tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista de la Comunitat Valenciana.
Lo que estamos contemplando en los dos grandes partidos valencianos, también en Compromís pero de manera más discreta, demuestra hasta qué punto las organizaciones políticas siguen funcionando alrededor de liderazgos, familias, cuotas de poder y estructuras territoriales que, en demasiadas ocasiones, parecen más preocupadas por controlar las candidaturas que por explicar qué van a hacer sus representantes por los ciudadanos.
Y hay un elemento común que no deberíamos pasar por alto: la influencia de Madrid. Mientras la dirección nacional del PP prolonga la incertidumbre sobre su futuro candidato a la Generalitat, Pedro Sánchez refuerza su posición en el PSPV-PSOE mediante dirigentes de su máxima confianza.
El PP valenciano: demasiadas familias y una Génova que no se decide
En el Partido Popular, la salida de Carlos Mazón de la Presidencia de la Generalitat ha dejado un escenario de equilibrios internos todavía sin resolver. Juanfran Pérez Llorca preside el Consell y representa la continuidad institucional, pero su futuro como candidato autonómico sigue condicionado por las decisiones de Génova y las aspiraciones de los distintos sectores populares.
Por una parte, encontramos al propio Pérez Llorca, con la ventaja evidente de ocupar la Presidencia de la Generalitat. Por otra, aparece Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, que ha construido una importante estructura territorial gracias a su relación con alcaldes y dirigentes municipales.
María José Catalá, alcaldesa de Valencia , constituye otro centro de influencia política. Aunque ha manifestado su voluntad de continuar al frente del Ayuntamiento, nadie puede ignorar su peso dentro del partido. Susana Camarero, vicepresidenta del Consell, también figura entre los nombres que han aparecido en las conversaciones sobre el futuro del PPCV. Ahora irá en las listas al Congreso, lo que provocaría una crisis de Gobierno en la Generalitat.
Y tampoco conviene olvidar al expresident Francisco Camps, que continúa reivindicando la convocatoria de un congreso regional para que sean los afiliados quienes decidan el liderazgo del partido. Pero su gozo en un pozo.
Por encima de todos ellos se encuentra la dirección nacional, con Alberto Núñez Feijóo y dirigentes como Esteban González Pons desempeñando un papel relevante en los equilibrios orgánicos y las candidaturas.
Pero en esta historia hay una responsabilidad política que corresponde a Génova. La dirección nacional del PP lleva demasiado tiempo sin despejar definitivamente la incógnita sobre el liderazgo autonómico. La demora en confirmar a Pérez Llorca o abrir formalmente otro proceso de elección mantiene al partido en una situación de provisionalidad.
La falta de una decisión clara crea espacio para las aspiraciones alternativas, las especulaciones y los movimientos de las diferentes familias populares. Cuanto más se prolonga la incertidumbre, más difícil resulta cerrar las disputas.
La dirección nacional puede argumentar que necesita valorar todas las opciones, pero también debe asumir las consecuencias políticas de mantener abierto durante meses un debate tan importante. El nivel de navajeo va in crescendo… y lo que queda por ver.
En mi opinión, Génova está contribuyendo a esta guerra interminable precisamente por su lentitud en resolver el liderazgo. La indefinición permite que cada sector interprete el silencio de Madrid de acuerdo con sus propias expectativas.
Porque una cosa es gobernar la Generalitat y otra controlar el partido. Y otra todavía más importante es decidir quién aparece en las listas electorales, quién ocupa los puestos de salida y quién se queda fuera.
Las candidaturas al Congreso y al Senado constituyen una magnífica radiografía de estos equilibrios. En ellas se comprueba qué dirigentes conservan influencia, qué sectores consiguen representación y quién tiene capacidad para imponer sus preferencias.
El PSPV-PSOE: Pedro Sánchez, Morant y Bernabé frente al poder territorial de Bielsa
En el socialismo valenciano la batalla presenta unos protagonistas mucho más definidos. Por un lado, la dirección autonómica de Diana Morant, estrechamente vinculada a Pedro Sánchez, y Pilar Bernabé, otra dirigente de su confianza. Por otro, el poder territorial que representa Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata y secretario general provincial de Valencia. The Objective publicaba un artículo contra Bielsa seguramente promovido por fuego amigo.
Pedro Sánchez dispone de una notable influencia sobre el socialismo valenciano a través de dos figuras políticas que han desarrollado buena parte de su proyección reciente bajo su liderazgo: Diana Morant, ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, y Pilar Bernabé, hasta ahora delegada del Gobierno y candidata socialista al Congreso por Valencia.
Ambas representan una línea política estrechamente alineada con la dirección federal. Sus nombramientos y responsabilidades evidencian la confianza que Sánchez ha depositado en ellas.
Desde una lectura crítica, esa estrecha identificación con el secretario general del PSOE plantea un debate sobre la autonomía política del socialismo valenciano. Morant y Bernabé han mostrado una notable sintonía con Sánchez, hasta el punto de que cabe preguntarse cuánto margen político propio conserva el PSPV ante las decisiones de Ferraz. Desde luego no se ha notado en nada respecto a las obras preventivas en barrancos, en mejorar el sistema de financiación valenciano o la reintegración del derecho civil valenciano.
La influencia de Madrid no se limita a una cuestión de nombres. También afecta a la distribución del poder interno, a las candidaturas y a la capacidad de los diferentes sectores territoriales para intervenir en las decisiones del partido.
Frente a ese núcleo de dirigentes próximos a Sánchez aparece Carlos Fernández Bielsa, que dispone de una importante implantación territorial a través de la organización provincial, las agrupaciones locales y su trayectoria municipal. El objetivo del Clan de Gandía es acabar con él.
La elaboración de las candidaturas para las elecciones generales del 29 de noviembre ha vuelto a evidenciar las discrepancias.
El nombre de Bielsa llegó a plantearse para ocupar un puesto relevante en la lista al Congreso por Valencia, pero esta posibilidad encontró resistencias en el entorno de la dirección autonómica.
La posterior elección de Pilar Bernabé para encabezar la candidatura socialista por Valencia, con el respaldo de Sánchez y Morant, confirmó el protagonismo de uno de los perfiles de mayor confianza de la dirección federal.
La reorganización de los puestos de la candidatura, con Arcadi España y Rebeca Torró entre sus principales integrantes, también reflejó la importancia de los equilibrios entre Ferraz, la dirección autonómica y las estructuras territoriales.
Las discrepancias alcanzaron asimismo las propuestas al Senado, con movimientos como la incorporación del alcalde de Cullera, Jordi Mayor -viejo ‘mejor amigui’ de Bielsa- en sustitución del alcalde de Burjassot, Rafa García.
El enfrentamiento político entre los sectores de Morant y Bielsa va mucho más allá de una candidatura concreta. Lo que se dirime es el peso de la organización provincial de Valencia frente a la dirección autonómica y federal, y la capacidad de ambos sectores para determinar los próximos liderazgos.
Mientras Morant y Bernabé mantienen una estrecha vinculación política con Sánchez, Bielsa representa una estructura territorial con capacidad de interlocución propia. Esto no significa que todos sus movimientos respondan a un enfrentamiento personal, pero sí ayuda a comprender las discrepancias cuando llega el momento de distribuir el poder.
La cuestión de fondo es la autonomía del socialismo valenciano. Una organización política con la historia y la implantación del PSPV debería disponer de mecanismos suficientemente sólidos para decidir su futuro, sin que las preferencias de la dirección federal acaben condicionando de manera determinante cada equilibrio interno. Nada que ver con el PSC, desde luego.
El verdadero poder: decidir quién entra y quién se queda fuera
Tanto en el PP como en el PSOE, las disputas internas ponen de manifiesto una realidad que merece una reflexión profunda: quienes controlan las candidaturas disponen de una de las principales herramientas de poder dentro de las organizaciones políticas.
No hace falta ocupar la Presidencia del Gobierno ni la de una comunidad autónoma para tener una influencia extraordinaria. En ocasiones basta con controlar una estructura orgánica, contar con la confianza de la dirección nacional o disponer de capacidad para influir en la elaboración de una lista electoral.
Decidir quién ocupa un puesto de salida significa, en la práctica, condicionar quién tendrá opciones reales de conseguir un escaño, quién podrá desarrollar una carrera parlamentaria y quién quedará relegado a una posición sin posibilidades razonables de elección.
Este modelo favorece que los representantes tengan fuertes incentivos para conservar la confianza de sus direcciones, además de responder a las demandas de los ciudadanos.
El problema no es exclusivo de PP y PSOE. Afecta, con sus diferencias, al conjunto de las organizaciones políticas españolas. Pero adquiere especial relevancia en los dos grandes partidos porque concentran una parte fundamental de la representación institucional y de la capacidad de gobierno. En Vox es todavía peor: 0 discrepancia o laminado.
¿Y por qué no listas abiertas? El poder que nadie quiere perder
Llegados a este punto, considero necesario plantear una cuestión fundamental para mejorar nuestra democracia: ¿por qué PP y PSOE no impulsan de una vez un sistema de listas abiertas que permita a los ciudadanos elegir directamente a sus representantes?
Una posible explicación es que el sistema actual beneficia a quienes controlan los aparatos de los partidos. Un grupo reducido de dirigentes puede ejercer una influencia decisiva sobre las candidaturas que después votarán millones de ciudadanos.
No sostengo que todos los partidos funcionen exactamente igual ni que exista un grupo cerrado e invariable de personas que tome absolutamente todas las decisiones. Pero sí considero que nuestro sistema concede un poder excesivo a las cúpulas y una capacidad demasiado limitada a los electores para escoger a las personas que desean que les representen.
En las elecciones al Congreso de los Diputados, el ciudadano no puede alterar el orden de las candidaturas. Vota una lista cerrada y bloqueada que otros han confeccionado previamente.
Si un elector considera que el número tres de una candidatura ha realizado un magnífico trabajo, pero rechaza al número uno, no puede premiar individualmente al primero sin votar también al segundo. Debe aceptar el paquete completo o elegir otra opción política.
Las listas abiertas, las primarias con garantías y otros mecanismos de participación permitirían reforzar la responsabilidad individual de los representantes. Se trataría de avanzar hacia un modelo que combinara la proporcionalidad, la representación territorial y una mayor capacidad de elección de los ciudadanos.
En el Senado ya existe un sistema de elección nominal de candidatos, aunque también presenta importantes limitaciones.
Naturalmente, las listas abiertas no son una solución milagrosa. Su diseño exigiría abordar cuestiones como la igualdad de oportunidades entre candidatos, la financiación de las campañas y el mantenimiento de una representación plural. Pero esos problemas merecen ser estudiados, no utilizados como excusa para evitar cualquier reforma.
Quizá la gran dificultad radica precisamente en que quienes tienen capacidad para modificar el sistema son quienes deberían renunciar a una parte del poder que actualmente disfrutan.
Con listas abiertas, los dirigentes tendrían que esforzarse más por ganarse la confianza directa del elector y no solamente por conservar la confianza de quienes confeccionan las candidaturas.
Y eso cambiaría muchas cosas.
Unos pocos deciden y millones votamos
Hay algo profundamente contradictorio en que partidos que hablan constantemente de participación, transparencia y regeneración democrática mantengan un sistema en el que los ciudadanos apenas pueden intervenir en la selección individual de sus representantes al Congreso.
Se organizan congresos, reuniones de ejecutivas, comités y negociaciones entre familias. Se discute quién coloca a los suyos, quién pierde influencia, quién obtiene una secretaría y quién consigue un escaño.
Mientras tanto, el ciudadano contempla el espectáculo desde fuera. El navajeo entre las distintas sensibilidades del PP valenciano y las discrepancias entre los sectores de Morant y Bielsa en el PSPV-PSOE deberían servir para abrir un debate mucho más amplio.
No se trata de decidir si tiene razón Pérez Llorca, Mompó, Catalá, Camps, Morant o Bielsa. Se trata de analizar si tiene sentido que la carrera política de nuestros representantes dependa tanto de los equilibrios internos de los partidos.
Una relación más directa entre diputados y electores podría reforzar la rendición de cuentas y proporcionar mayores incentivos para defender los intereses de las circunscripciones, incluso cuando estos no coincidieran completamente con las prioridades de sus respectivas direcciones nacionales.
¿Y los intereses de los valencianos para cuándo?
Mientras unos y otros dedican tiempo y energías a sus disputas internas, la Comunitat Valenciana sigue acumulando reivindicaciones históricas.
Continuamos reclamando una financiación autonómica justa, la recuperación del derecho civil valenciano, inversiones ferroviarias y de transporte adecuadas, infraestructuras hidráulicas que reduzcan los riesgos de nuevas inundaciones, políticas que faciliten el acceso a la vivienda y medidas para combatir la despoblación.
Son cuestiones que deberían unir a los representantes valencianos con independencia de sus siglas.
Sin embargo, resulta legítimo analizar si el sistema actual proporciona incentivos suficientes para que nuestros diputados y senadores defiendan con autonomía esas reivindicaciones frente a sus propias direcciones nacionales.
Quiero diputados valencianos del PP, del PSOE, de Compromís, de Vox o de cualquier otra formación que sean capaces de explicar qué han hecho por nuestra tierra y qué compromisos están dispuestos a asumir. Y quiero que los ciudadanos dispongamos de instrumentos para exigirles responsabilidades.
Las elecciones generales del 29 de noviembre permitirán conocer qué respaldo reciben las diferentes candidaturas. Pero el debate democrático no debería limitarse a decidir qué partido obtiene más escaños.
También debería abordar cómo se elige a quienes ocupan esos escaños, ante quién responden y qué mecanismos existen para controlar su trabajo.
El verdadero problema no es que haya familias enfrentadas en el PP o que los sectores de Morant y Bielsa discrepen dentro del PSOE. Las diferencias forman parte de cualquier organización democrática. El problema aparece cuando la lucha por controlar las candidaturas acaba teniendo más protagonismo que la capacidad de los ciudadanos para elegir directamente a sus representantes.
Por eso sigo defendiendo una reforma profunda de nuestro sistema electoral, con mayor participación, más transparencia, listas abiertas o desbloqueadas y una relación más directa entre representantes y representados.
Porque la democracia no debería consistir únicamente en votar cada cuatro años una lista que otros han decidido por nosotros.
Y porque, mientras no cambiemos determinadas reglas, las guerras de familias seguirán teniendo un premio demasiado importante: el poder de decidir quién puede sentarse en un Parlamento y quién debe quedarse en casa.
Menos navajeo entre compañeros de partido, menos poder para los aparatos y más capacidad de decisión para los ciudadanos. Esa sí sería una reforma democrática que merecería la pena debatir.