Nunca es hora para los valencianos

Pere Valenciano, director y fundador de El Periódico de Aquí

Nunca es el momento. Ahora no toca. Nunca es suficientemente urgente. Siempre hay unas elecciones generales, una crisis política, una negociación parlamentaria, una investidura, una moción de censura, unos presupuestos que aprobar o un Gobierno que mantener. Y mientras tanto, la Comunitat Valenciana continúa esperando.

Esperando una financiación autonómica justa. Esperando unas inversiones del Estado acordes con su población y su peso económico. Esperando que el Corredor Mediterráneo sea definitivamente una realidad. Esperando unos Cercaníasdignos del siglo XXI. Esperando recuperar el derecho civil valenciano. Esperando que nuestras infraestructuras, nuestros puertos, nuestros aeropuertos, nuestras empresas, nuestros agricultores y nuestros municipios sean tratados con la atención que merecen.

Y lo verdaderamente preocupante es que buena parte de la responsabilidad política no está únicamente en Madrid. También está aquí, entre nosotros. En unos partidos valencianos que, demasiadas veces, parecen sentirse antes socialistas, populares, nacionalistas, conservadores o de izquierdas que defensores de los intereses generales de los ciudadanos de Alicante, Castellón y Valencia.

Porque cuando llega la hora de la verdad, cuando hay que elegir entre la disciplina de partido y la defensa de una reivindicación valenciana, siempre gana la primera. Cuando gobiernan los suyos en Madrid, se rebajan las exigencias. Cuando gobiernan los contrarios, se multiplican las denuncias. Y así llevamos décadas. Este artículo es de octubre de 2026 pero lo puede haber leído en 1980 o lo podrá hacer dentro de 50 años, todos calvos o todos muertos.

El resultado es desolador.

El caso más sangrante es la financiación autonómica. La Comunitat Valenciana lleva décadas situada entre las autonomías peor financiadas por habitante ajustado del régimen común. No es una ocurrencia partidista ni una exageración periodística. Los datos de la liquidación de 2024, analizados por Fedea y publicados en agosto de 2026, vuelven a situar a la Comunitat Valenciana, junto con Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, en las últimas posiciones del sistema, con índices de financiación efectiva de entre 92 y 94,7 respecto a una media de 100.

Conviene traducir este agravio a un lenguaje que todo el mundo comprenda: menos financiación significa menos capacidad para contratar médicos, reducir listas de espera, construir colegios, mejorar institutos (mejorar las condiciones laborales de los docentes, que se manifiestan sin acertar el tiro), atender a nuestros mayores o reforzar los servicios sociales.

No hablamos de una discusión abstracta entre economistas. Hablamos de que una familia valenciana tiene derecho a recibir una atención sanitaria y educativa de calidad equiparable a la de cualquier otra familia española. La infrafinanciación estructural limita esa igualdad de oportunidades y obliga a realizar mayores esfuerzos presupuestarios para sostener los mismos servicios esenciales.

Y, sin embargo, la reforma definitiva del sistema sigue siendo objeto de negociación y discrepancia política. Una legislatura tras otra. Un Gobierno tras otro. Una promesa tras otra.

Mientras tanto, la deuda acumulada condiciona el futuro de la Generalitat. Es cierto que existen propuestas para aliviar parte de ese endeudamiento, pero condonar deuda no equivale a resolver las deficiencias estructurales de la financiación. Lo primero puede aliviar el pasado; lo segundo debe garantizar el futuro.

Algo parecido sucede con las inversiones del Estado. La Comunitat Valenciana constituye uno de los grandes motores económicos de España. Somos una potencia turística, agrícola, industrial, logística y exportadora. Tenemos empresas que compiten internacionalmente, puertos estratégicos y una ubicación privilegiada en el Mediterráneo.

Pero la competitividad no se sostiene solamente con el esfuerzo de nuestros empresarios y trabajadores. Necesita carreteras, ferrocarriles, conexiones logísticas, transporte metropolitano, seguridad hídrica, innovación e infraestructuras modernas.

El Corredor Mediterráneo es un magnífico ejemplo. Se han producido avances y existen actuaciones en marcha, como reconoce el propio Ministerio de Transportes, pero su desarrollo ha requerido años de reivindicaciones empresariales e institucionales.

Y mientras tanto, miles de ciudadanos siguen dependiendo de unas redes de Cercanías necesitadas de mejoras, especialmente en las conexiones con las áreas metropolitanas y las comarcas del interior, las grandes olvidadas por todos. Un transporte público eficaz no es un lujo: es una herramienta fundamental para favorecer el empleo, descongestionar las grandes ciudades, facilitar el acceso a la vivienda y combatir la despoblación.

También están las necesidades de reconstrucción y prevención frente a futuras inundaciones, particularmente después de la tragedia de la DANA de octubre de 2024. La seguridad de nuestros municipios exige inversiones hidráulicas, planificación territorial, sistemas de alerta y coordinación institucional sostenidas en el tiempo. No pueden quedar sometidas al calendario electoral.

Y qué decir de nuestros derechos históricos.

La recuperación de la capacidad normativa en materia de derecho civil valenciano constituye otra de esas reivindicaciones que generan amplios consensos institucionales y sociales, pero que no terminan de materializarse. Las leyes valencianas aprobadas al amparo de la reforma estatutaria de 2006 fueron anuladas por el Tribunal Constitucional en 2016, y desde entonces se reclama una reforma constitucional que permita recuperar esas competencias.

Aquí tampoco debería haber una batalla ideológica. Defender el derecho civil valenciano no significa querer menos a España, ni levantar fronteras, ni establecer privilegios. Significa reivindicar una parte de nuestra historia y de nuestro autogobierno desde el respeto al marco constitucional.

¿Por qué lo que en otros territorios se considera una cuestión de identidad y respeto institucional aquí acaba convertido en una reivindicación permanentemente aplazada?

La respuesta política tiene mucho que ver con nuestra escasa capacidad para transformar las demandas compartidas en compromisos exigibles.

En Cataluña o el País Vasco existen formaciones que sitúan los intereses territoriales en el centro de sus negociaciones parlamentarias. Sus estrategias, resultados y modelos pueden ser discutibles, pero han demostrado que las reivindicaciones territoriales pueden adquirir protagonismo en la política estatal. En la Comunitat Valenciana, en cambio, las grandes cuestiones compartidas suelen quedar subordinadas a la confrontación entre bloques.

Tenemos diputados y senadores elegidos en las tres provincias, representantes valencianos en las direcciones de los grandes partidos e incluso presencia valenciana en distintos niveles del poder estatal. Pero esa representación no siempre se traduce en una posición común suficientemente firme sobre nuestras necesidades estructurales.

No se trata de exigir que todos voten lo mismo en todo. La pluralidad ideológica es legítima, necesaria y saludable. La izquierda y la derecha pueden discrepar sobre fiscalidad, vivienda, política económica o modelo de gestión de los servicios públicos. Para eso existe la democracia.

Pero la financiación justa, las infraestructuras estratégicas, la seguridad de nuestros municipios y la igualdad de oportunidades no deberían convertirse en rehenes de esas diferencias.

La Comunitat Valenciana necesita acuerdos transversales sobre asuntos concretos, con objetivos verificables, plazos y compromisos presupuestarios. Necesita que cada representante público explique qué ha conseguido y qué continúa pendiente, con independencia del partido que gobierne España.

Necesita que la financiación se negocie pensando en los alumnos de nuestros colegios y en los pacientes de nuestros hospitales. Que las inversiones se defiendan pensando en nuestras empresas y trabajadores. Que las infraestructuras se planifiquen pensando en las próximas generaciones y no en el siguiente titular electoral.

Y necesita, sobre todo, abandonar una dinámica política en la que demasiadas reivindicaciones desaparecen o pierden intensidad en función de quién ocupa el Palacio de la Moncloa.

Porque los agravios acumulados no afectan exclusivamente al orgullo valenciano. Tienen consecuencias económicas y sociales. Una infraestructura que se retrasa puede reducir oportunidades de inversión. Un sistema ferroviario insuficiente perjudica la movilidad laboral. Una financiación por debajo de las necesidades reconocidas condiciona los servicios públicos. Y la incertidumbre presupuestaria dificulta planificar políticas a largo plazo.

No necesitamos privilegios. Necesitamos equidad. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. No necesitamos enfrentarnos con Cataluña, Madrid, Andalucía o el País Vasco para defender lo nuestro. Necesitamos un sistema en el que todos los ciudadanos dispongan de oportunidades equivalentes y en el que las inversiones respondan a criterios transparentes de necesidad, población, actividad económica y vertebración territorial.

Y ahora vuelven las generales con un solo punto electoral : Pedro Sánchez sí o no. Y a esperar de nuevo.

Pero la pregunta seguirá siendo la misma: ¿cuándo llegará de verdad la clave valenciana?

No podemos permanecer eternamente en la sala de espera de la política española.

Una tierra con más de cinco millones de habitantes, con una historia propia, una economía abierta al mundo y un enorme potencial de crecimiento merece que sus reivindicaciones sean atendidas con rigor, continuidad y respeto.

Quizá el primer cambio deba producirse aquí. En nuestra capacidad de exigir responsabilidades sin mirar previamente las siglas. En la convicción de que defender los intereses valencianos no es patrimonio exclusivo de ninguna ideología. En la exigencia de que la lealtad a un partido nunca sirva de excusa para justificar el abandono de un compromiso adquirido con los ciudadanos.

La clave valenciana no puede seguir siendo una promesa electoral que se guarda en un cajón al día siguiente de las elecciones.

Nunca es hora, nos dicen. Nunca toca. Siempre hay algo más importante.

Y entretanto, pasan los años.

Vergogna.