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En Valencia, una ciudad que presume de sostenibilidad y de haber tejido una red de carriles-bici envidiable, resulta chocante que los patinetes eléctricos sigan vetados en los edificios públicos. Estudiantes que no pueden utilizarlo para ir, por ejemplo, a la Escuela de Idiomas. Se nos invita a abandonar el coche, se nos recuerda la importancia de reducir emisiones y se celebra cada metro de carril añadido, pero cuando un ciudadano responsable decide moverse en patinete… se topa con una puerta cerrada. Hasta en Mercadona han habilitado en su interior, junto a las Cajas, zonas donde dejarlos.
La incoherencia es evidente. ¿Cómo se puede promocionar una movilidad “verde” y al mismo tiempo impedir que quienes la adoptan accedan con su medio de transporte a espacios municipales? Nadie pide circular dentro de los edificios, pero sí poder entrar con el patinete plegado, igual que se hace con una bicicleta o incluso con un carrito de la compra.
La excusa es… que pueden explotar. Igual de probable que un teléfono móvil o una prótesis mamaria. ¿Qué lógica tiene que no puedan subirse al metro o al tren? Con esa medida absurda se perjudica a cientos de personas que necesitan combinar varios métodos de transporte para ir a estudiar o al trabajo.
La medida transmite un mensaje disuasorio: moverse en patinete es válido en la calle, pero incómodo e indeseable cuando toca cruzar el umbral de lo público. Es un contrasentido que erosiona la confianza en las políticas de movilidad. Además, el veto no resuelve ningún problema real: un patinete plegado ocupa menos que una silla de ruedas o un cochecito infantil.
Valencia debería liderar con coherencia. Si apuesta por un modelo de ciudad sostenible, tiene que facilitar que los ciudadanos integren el patinete en su día a día, sin barreras absurdas. Porque no se trata de una cuestión de comodidad, sino de credibilidad: una ciudad que bloquea el acceso de los vehículos eléctricos más ligeros a sus propios edificios está frenando, irónicamente, la transición hacia la movilidad del futuro.