El problema de la vivienda en España: menos demagogia, más construcción y una nueva mirada hacia la España vaciada

El problema de la vivienda en España se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de millones de ciudadanos, especialmente de los jóvenes que desean emanciparse, formar una familia o, sencillamente, tener un proyecto de vida independiente. Mientras los precios de compra y alquiler continúan poniendo contra las cuerdas a una parte importante de la población, nuestros políticos parecen más interesados en buscar culpables que en afrontar las verdaderas causas de una crisis que no se resolverá con declaraciones grandilocuentes ni enfrentando a unos ciudadanos con otros. Tampoco poniendo cercas al campo.

Empecemos por una obviedad que algunos parecen empeñados en ignorar: España necesita construir muchas más viviendas. Necesitamos aumentar la oferta allí donde existe demanda, impulsar promociones públicas y privadas, movilizar suelo disponible y agilizar unos procedimientos administrativos que, en demasiadas ocasiones, convierten cualquier proyecto urbanístico en una carrera de obstáculos. Y aquí los ayuntamientos tienen mucho que decir. No puede ser que facilitar suelo urbanizable, tramitar licencias o sacar adelante una promoción se convierta en una aventura interminable, sometida a una burocracia que encarece los costes y retrasa las soluciones. En 10 o 15 años todos calvos o todos muertos.

Ahora bien, construir más es imprescindible, pero no suficiente. Hay que garantizar que una parte importante de las nuevas viviendas se destine a quienes más dificultades encuentran para acceder al mercado, especialmente jóvenes, familias trabajadoras y colectivos económicamente desfavorecidos.

¿Por qué no eliminar el IVA o el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la adquisición de la primera vivienda habitual, estableciendo límites razonables de renta y precio? ¿Qué sentido tiene que las administraciones públicas recauden miles de euros de una persona que está haciendo un esfuerzo extraordinario para comprar su primera casa? No sean hipócritas. El Estado y las comunidades autónomas deberían facilitar ese primer paso en lugar de encarecerlo.

Y existe otra barrera todavía más difícil de superar: la entrada que exigen habitualmente los bancos. Muchas entidades financian alrededor del 80% o eel 90% del valor de la vivienda, lo que obliga a los compradores a disponer del 20% restante, además de los gastos asociados a la operación. Para un joven que trabaja y paga un alquiler, ahorrar 30.000, 40.000 o 50.000 euros puede convertirse en una misión imposible.

Propongo que las administraciones públicas financien ese porcentaje inicial mediante ayudas a fondo perdido para las rentas más bajas o préstamos públicos sin intereses, con plazos de devolución largos y cuotas adaptadas a la capacidad económica de cada beneficiario. No se trata de regalar viviendas indiscriminadamente, sino de permitir que quienes tienen ingresos suficientes para afrontar una hipoteca, pero carecen de ahorros previos, puedan acceder a su primera residencia. Naturalmente, estas ayudas deben establecer límites, controles y condiciones que eviten la especulación y garanticen su finalidad social.

Pero hay una tercera cuestión que considero fundamental y que apenas aparece en el debate nacional: la solución a la vivienda también pasa por mirar hacia la España vaciada.

Tenemos pueblos que pierden habitantes, municipios con viviendas desocupadas, calles que languidecen y servicios que desaparecen progresivamente. Al mismo tiempo, las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas soportan una presión inmobiliaria cada vez mayor. ¿No sería mucho más inteligente conectar ambos mundos?

El caso valenciano

La distancia ya no debería medirse únicamente en kilómetros, sino en minutos y calidad del transporte público. Un municipio situado a 30, 40 o incluso 60 kilómetros de una capital puede convertirse en una magnífica alternativa residencial si dispone de conexiones frecuentes, rápidas, fiables y asequibles mediante tren, metro, tranvía o autobuses interurbanos.

Hagamos una apuesta verdaderamente ambiciosa por esa España interior. Construyamos y rehabilitemos viviendas en municipios que necesitan población, pero llevemos también transporte, centros sanitarios, colegios, fibra óptica, comercios y oportunidades laborales. Porque nadie se trasladará a vivir a un pueblo únicamente porque las casas sean más baratas si después necesita un vehículo privado para absolutamente todo.

En el caso de Valencia, deberíamos abandonar definitivamente una visión demasiado estrecha de su realidad metropolitana. La Gran Valencia del futuro no termina en los límites de la capital ni en los municipios que tradicionalmente consideramos de su primera corona. Hay que pensar en una auténtica región urbana que se extienda hacia la Ribera, el Camp de Túria, la Serranía, el Alto Palancia y el Camp de Morvedre, con conexiones eficaces entre ciudades, pueblos y áreas de actividad económica.

¿Por qué no impulsar nuevos corredores de transporte público desde Llíria hacia municipios de la Serranía? ¿Por qué no mejorar radicalmente las conexiones con el Alto Palancia, Sagunto y el Camp de Morvedre? ¿Por qué no reforzar las comunicaciones con las distintas poblaciones de la Ribera y aprovechar todo su potencial residencial? El objetivo no debe consistir en llenar de hormigón cualquier rincón de nuestro territorio, sino en promover un crecimiento ordenado, respetuoso con el medio ambiente y acompañado de servicios públicos.

Hay municipios que podrían recuperar población, actividad comercial y dinamismo económico si sus habitantes pudieran desplazarse cómodamente a sus puestos de trabajo, universidades o centros sanitarios. Una buena red de transporte puede hacer mucho más por la cohesión territorial que decenas de campañas institucionales sobre la despoblación.

Extranjeros, bienvenidos

Mientras tanto, resulta sorprendente la facilidad con la que determinados discursos políticos señalan a los extranjeros como responsables del encarecimiento de la vivienda. Algunos llegan a culpar a los inversores internacionales que adquieren inmuebles en España. Conviene distinguir realidades: buena parte de esa inversión se concentra en determinados mercados, entre ellos el de las viviendas de alto precio y las zonas más exclusivas, aunque también existen compras extranjeras en otros segmentos que deben analizarse sin simplificaciones.

Los inversores que llegan a nuestro país para desarrollar proyectos, rehabilitar inmuebles o adquirir propiedades pueden generar riqueza, empleo, actividad económica e ingresos fiscales. Debemos atraer la inversión productiva, exigir el cumplimiento de nuestras leyes y combatir cualquier práctica especulativa, con independencia de la nacionalidad de quien la protagonice.

Todavía resulta más injusto responsabilizar a los inmigrantes de la crisis residencial. Hablamos de miles de personas que, lejos de disfrutar de privilegios inmobiliarios, malviven en habitaciones alquiladas y comparten piso con tres, cuatro o más personas para poder llegar a final de mes. Muchos trabajan en sectores esenciales como la agricultura, la ganadería, la hostelería, la construcción o los cuidados, actividades que necesitan mano de obra y en las que existen importantes dificultades para cubrir determinados puestos.

Los inmigrantes trabajan, consumen, cotizan, pagan impuestos y contribuyen al crecimiento del PIB español. Convertirlos en chivos expiatorios de una crisis estructural constituye una injusticia y una manera demasiado cómoda de eludir responsabilidades políticas.

Y luego están los turistas, otro de los blancos preferidos de quienes buscan explicaciones fáciles, pero luego se pegan bonicos viajes. España es una potencia turística internacional y millones de visitantes contribuyen a sostener nuestra economía. Su gasto beneficia a hoteles, restaurantes, comercios de proximidad, centros comerciales, empresas de transporte y a miles de pequeños negocios que viven directa o indirectamente de esta actividad.

Por supuesto, debemos regular adecuadamente las viviendas turísticas allí donde su proliferación reduce la oferta residencial y agrava la presión sobre determinados barrios. Pero una cosa es ordenar el mercado y otra muy distinta demonizar al turismo, uno de los grandes motores económicos de nuestro país. Sería absurdo renunciar a una fuente de riqueza y empleo que debemos gestionar mejor, no destruir.

La crisis de la vivienda exige, por tanto, una combinación de medidas que demasiadas veces se presentan como incompatibles: construir más, promover vivienda protegida, incentivar el alquiler asequible, ayudar a comprar la primera residencia, reducir impuestos, rehabilitar inmuebles vacíos, agilizar el urbanismo y llevar transporte público de calidad a los municipios que pueden absorber población sin perder su identidad.

Y hay algo que nuestros gobernantes deberían comprender cuanto antes: el tiempo juega en contra de toda una generación. Desde que se planifica una gran operación urbanística hasta que las viviendas están disponibles pueden transcurrir diez o quince años. Si continuamos aplazando las decisiones, millones de jóvenes seguirán esperando una solución que llegará demasiado tarde para muchos de ellos.

Ha llegado el momento de sustituir los discursos por un verdadero plan nacional de vivienda, con presupuesto, calendario y responsables identificables. No basta con anunciar miles de viviendas si después no se construyen. No basta con prometer ayudas si los jóvenes no pueden acceder a ellas. Y no basta con hablar de despoblación si seguimos concentrando todas las inversiones en las mismas grandes ciudades. Y dejen de hacer demagogia.

Propongo un compromiso concreto: que en el plazo de un año las administraciones tengan identificados los terrenos públicos disponibles, los edificios susceptibles de rehabilitación y los municipios con capacidad para recibir nuevos habitantes. Que los ayuntamientos dispongan de procedimientos urbanísticos simplificados, con plazos máximos de resolución y suficientes medios técnicos para tramitar licencias. Que se establezcan objetivos anuales de nuevas viviendas, especialmente protegidas y asequibles, y que su cumplimiento se publique y evalúe.

Primera medida: facilitar suelo y acelerar la construcción. Ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno deben coordinarse para movilizar suelo público y privado apto para vivienda, respetando las garantías ambientales y urbanísticas. Allí donde exista suelo finalista, las licencias deberían resolverse en plazos razonables, con una administración que ayude a sacar adelante los proyectos en lugar de paralizarlos indefinidamente.

Segunda medida: que ningún joven con ingresos suficientes para pagar una hipoteca se quede sin vivienda por no disponer de la entrada. Establezcamos un programa público que cubra hasta el 20% del precio de la primera residencia, mediante subvenciones a fondo perdido para quienes acrediten mayor necesidad o préstamos sin intereses, reembolsables cómodamente durante quince o veinte años, para las rentas medias. Complementémoslo con la eliminación o bonificación de los impuestos de adquisición, según las competencias de cada administración, siempre bajo límites de precio e ingresos y con controles contra la especulación.

Tercera medida: poner en marcha un gran programa de rehabilitación de viviendas desocupadas en municipios del interior. Ofrezcamos ayudas a los propietarios para recuperar inmuebles deteriorados a cambio de destinarlos durante un periodo determinado a residencia habitual o alquiler asequible. Promovamos también nuevas viviendas allí donde exista demanda potencial, servicios y capacidad urbanística. No necesitamos crear ciudades artificiales, sino devolver habitantes a pueblos que ya existen.

Cuarta medida: un plan extraordinario de transporte público que conecte la España vaciada con las grandes ciudades. Autobuses frecuentes y coordinados, corredores ferroviarios modernizados, ampliaciones de metro y tranvía donde estén justificadas y tarifas integradas que permitan desplazarse sin depender del automóvil. Con horarios adaptados a trabajadores y estudiantes, incluidos los primeros y últimos servicios del día.

Y en Valencia, ese plan debe traducirse en una estrategia de movilidad y vivienda para la Gran Valencia, conectando mucho mejor la capital con la Ribera, el Camp de Túria, la Serranía, el Alto Palancia y el Camp de Morvedre. Debemos estudiar y ejecutar, por fases, nuevos corredores de transporte, reforzar Cercanías y Metrovalencia donde corresponda y garantizar enlaces rápidos mediante autobuses interurbanos para las localidades que no dispongan de conexión ferroviaria. Además, si hay que construir en Valencia… piensen en rascacielos también. Piensen en vertical.

Quinta medida: servicios públicos y actividad económica. Si queremos que miles de familias elijan vivir en el interior, debemos garantizar atención sanitaria, educación, conectividad digital, comercio y oportunidades laborales. También incentivos para autónomos y empresas que se instalen en municipios con pérdida de población. Porque repoblar no consiste únicamente en construir casas: consiste en hacer posible una vida digna y con futuro.

Todas estas actuaciones requieren financiación y prioridades claras. Propongo un programa plurianual acordado entre administraciones, con participación del sector privado, aprovechamiento de los fondos europeos disponibles y una revisión anual de resultados. Que cada ciudadano pueda conocer cuántas viviendas se han iniciado y terminado, cuántos jóvenes han recibido ayudas, cuántas viviendas vacías se han recuperado y cuántos municipios cuentan con mejores conexiones.

No podemos prometer que una crisis acumulada durante años se resolverá en pocos meses. Pero sí podemos exigir resultados visibles durante los primeros dos años y un horizonte de cinco y diez años con objetivos verificables. Porque si seguimos sin actuar, dentro de diez o quince años continuaremos escuchando las mismas promesas, mientras toda una generación habrá visto frustradas sus expectativas.

España tiene territorio, capacidad empresarial, profesionales, municipios deseosos de recuperar habitantes y recursos para mejorar sus comunicaciones. Lo que necesitamos es voluntad política y una visión territorial mucho más ambiciosa.

Dejen ya la demagogia. Dejen de culpar a los extranjeros, a los inmigrantes o a los turistas. Dejen de convertir la vivienda en un arma de confrontación política y pónganse a trabajar.

Construyamos más viviendas, ayudemos a nuestros jóvenes a comprarlas, eliminemos impuestos innecesarios, recuperemos casas vacías, pongamos suelo a disposición de quienes quieran construir y conectemos nuestros pueblos con transporte público moderno, frecuente y asequible.

Menos titulares y más viviendas. Menos burocracia y más soluciones. Menos confrontación y más transporte público.

Amén.