Añadir El Periodico de Aquí como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Este jueves hemos aprendido una expresión nueva: reventón térmico o, con mayor precisión en algunos puntos, reventón húmedo. Vientos de hasta 149 kilómetros por hora en Sumacàrcer, 143 en Alzira, granizo, árboles y palmeras derribados, desprendimientos, daños en edificios, carreteras afectadas y problemas en el ferrocarril. En La Ribera y en toda Valencia llueva sobre mojado.
Seguramente habrá quien encuentre en estas palabras una nueva oportunidad para explicarnos el cambio climático. Y no seré yo quien lo niegue. Compro que existe el cambio climático. Compro que determinados fenómenos pueden hacerse más frecuentes, violentos o imprevisibles. Porque los humanos somos un cáncer para el planeta Tierra.
Pero ese debate empieza a convertirse demasiadas veces en una magnífica coartada para esconder otro asunto mucho más incómodo: la incompetencia histórica de las administraciones para preparar el territorio valenciano ante fenómenos que, nuevos o antiguos, sabemos perfectamente que pueden ocurrir.
Porque en Valencia llueve torrencialmente desde mucho antes de que existiera el término “cambio climático”.
Aquí hemos tenido riadas frecuentes. Tuvimos la terrible riada de València de 1957. Tuvimos la pantanada de Tous de 1982, cuando una gota fría desencadenó precipitaciones extraordinarias, se desbordaron ríos y acabó rompiéndose la presa, devastando especialmente La Ribera. Hemos sufrido gotas frías prácticamente generación tras generación. Y hemos vivido recientemente una DANA que volvió a recordarnos, de la manera más cruel posible, qué ocurre cuando una enorme cantidad de agua encuentra un territorio densamente poblado y unas infraestructuras incapaces de absorberla.
Por tanto, ¿de verdad podemos seguir actuando como si cada episodio fuera una sorpresa?
Ese es el problema. El cambio climático podrá ser nuevo en su dimensión actual. Las inundaciones valencianas no lo son.
Un Estado moderno estudia lo que ocurre en su territorio y se prepara para ello. Japón sabe que tendrá terremotos. No sabe exactamente cuándo llegará el próximo ni cuál será su intensidad, pero construye edificios con normas antisísmicas, perfecciona sus sistemas de alerta, educa a la población y destina cantidades enormes de dinero a reducir las consecuencias.
No discute después de cada terremoto si aquel movimiento sísmico era especialmente raro. Parte de una evidencia: habrá terremotos y hay que estar preparados.
¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo con el agua?
La propia historia valenciana demuestra que se puede hacer. Después de la riada de 1957 se tomó una decisión gigantesca: sacar el Turia de València mediante el Plan Sur. Una obra extraordinaria de ingeniería que creó un nuevo cauce de unos doce kilómetros y que cambió para siempre la seguridad de la capital frente a las avenidas del río. Esta obra hizo de barrera en la DANA del 29 de octubre de 2024.
Aquellos gobernantes entendieron una cosa elemental: si un río había inundado una ciudad y podía volver a hacerlo, había que actuar.
Hoy tenemos más tecnología, mejores predicciones meteorológicas, satélites, radares, universidades, ingenieros extraordinarios, ordenadores capaces de realizar simulaciones hidrológicas inimaginables entonces y una Administración que recauda muchísimo más dinero.
Y, sin embargo, demasiadas veces seguimos esperando a que llegue el agua para discutir después quién tenía que haber enviado una alerta veinte minutos antes.
Las alertas son necesarias, pero una alerta no ensancha un barranco, ni construye una presa, ni limpia un cauce.
España necesita dejar de gestionar las catástrofes exclusivamente desde la emergencia y empezar a gestionarlas desde la ingeniería. Lo explicaron muy bien en el reciente congreso de los Ingenieros de Caminos y Canales.
Hace falta revisar barrancos y ramblas, ejecutar encauzamientos pendientes, ampliar capacidades de desagüe, construir las infraestructuras hidráulicas que los técnicos consideren necesarias, crear zonas inundables controladas, revisar puentes que actúan como tapones, mejorar colectores, proteger las poblaciones situadas aguas abajo y adaptar la planificación urbanística al riesgo real.
Y, sobre todo, hacerlo antes de que vuelva a morir gente.
Lo contrario es el subdesarrollo. Es la diferencia entre parecernos a Japón o a Venezuela.
Y aquí aparece también uno de los grandes males de la política española: nuestra incapacidad para pensar más allá de cuatro años.
Una gran infraestructura hidráulica puede tardar diez o quince años en completarse. Eso significa que probablemente la inaugure otro presidente, otro ministro o incluso otro partido. Y precisamente por eso cuesta tanto encontrar políticos interesados en impulsarla.
Es mucho más rentable electoralmente anunciar bonos, subvenciones o medidas de impacto inmediato que enterrar cientos de millones de euros en una infraestructura que quizá pase décadas sin utilizarse. Y es más fácil aún buscar un solo culpable de la tragedia, cuando es el Estado en mayúsculas el principal responsable por no haber hecho los deberes a tiempo.
Después llegan las visitas institucionales con botas, los centros de coordinación, las comparecencias solemnes, las declaraciones de zona catastrófica, las ayudas, las fotografías entre el barro y, finalmente, la guerra política para determinar quién tuvo la culpa.
PP contra PSOE. PSOE contra PP. Gobierno contra Generalitat. Generalitat contra Gobierno. Confederaciones hidrográficas, diputaciones, ayuntamientos y ministerios pasándose responsabilidades.
Y cuando el barro desaparece de las calles, desaparece también buena parte de la urgencia política.
Eso es precisamente lo que un país serio no puede permitirse.
España es una de las principales economías de Europa. Tiene capacidad técnica y económica suficiente para convertirse en una referencia mundial en prevención frente a inundaciones. Lo que hace falta es voluntad política, planificación a décadas y aceptar que determinadas obras públicas esenciales tienen que ejecutarse gobierne quien gobierne.
Por eso resulta desesperante contemplar cómo nuestros responsables públicos se comportan en ocasiones como gestores de un país tercermundista: esperando que ocurra la desgracia para reaccionar después.
No quiero una España que se parezca a Venezuela en la improvisación institucional, en el deterioro de las infraestructuras o en la utilización política permanente de cualquier problema. Quiero una España que se parezca a Japón en prevención, ingeniería y planificación.
Y quiero que la Comunitat Valenciana sea especialmente exigente en esta materia. Porque nosotros sabemos lo que significa una riada. La de 1957, la de 1982 y ahora la de 2024. ¡A qué c. esperáis!