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Cada cierto tiempo se habla de regeneración democrática, de acercar la política a los ciudadanos o de recuperar la confianza en las instituciones. Sin embargo, rara vez se pone el foco en uno de los elementos que más condiciona el funcionamiento de nuestra democracia: el sistema electoral.
El sistema español presume de proporcionalidad, pero en la práctica aleja al ciudadano de su diputado. Votamos unas siglas, no a una persona. Elegimos una lista cerrada elaborada por los partidos y, una vez depositada la papeleta, son las direcciones de esas formaciones las que han decidido de antemano quién ocupará cada escaño. El ciudadano apenas tiene capacidad para premiar o castigar el trabajo individual de un diputado. Ahora los diputados son una masa bajo las órdenes de sus partidos. Sin más.
Frente a este modelo, el sistema británico ofrece una lógica muy diferente. El Reino Unido se divide en circunscripciones electorales y cada una elige a un único diputado. Los ciudadanos no votan una lista confeccionada por un partido, sino a un candidato concreto. El aspirante que obtiene más votos en su distrito consigue el escaño, aunque no alcance la mayoría absoluta. Esa sencilla diferencia cambia profundamente la relación entre representantes y representados. Cada diputado sabe quiénes son sus electores y los ciudadanos saben perfectamente quién responde por su territorio. Si consideran que ha hecho un mal trabajo, pueden sustituirlo en las siguientes elecciones.
En España, por el contrario, el sistema favorece lo que podría calificarse como un cierto borreguismo político dentro de los partidos. Al depender de las cúpulas para ocupar un puesto de salida en las listas, muchos diputados tienen pocos incentivos para discrepar. La pleitesía al líder suele resultar mucho más rentable que la independencia de criterio. El espíritu crítico se penaliza, la obediencia se recompensa y la disciplina de partido termina convirtiéndose, con demasiada frecuencia, en una sumisión casi absoluta. El diputado deja de responder principalmente ante los ciudadanos y pasa a responder, sobre todo, ante quien decide su futuro político.
El resultado es un Parlamento formado, en buena medida, por representantes cuya prioridad consiste en mantener la confianza de la dirección de su partido. No es casualidad que la mayoría de los ciudadanos desconozca el nombre de sus diputados. Tampoco es extraño que sean muy escasas las ocasiones en las que un parlamentario rompe la disciplina de voto para defender los intereses específicos de quienes le eligieron. El sistema está diseñado para premiar la lealtad interna antes que la autonomía personal.
Por supuesto, el modelo británico no es perfecto. Su sistema mayoritario puede provocar que partidos con millones de votos obtengan menos escaños de los que les corresponderían en un sistema proporcional, e incluso dejar fuera del Parlamento a fuerzas con un apoyo muy repartido territorialmente. Pero, al mismo tiempo, posee una virtud democrática difícil de ignorar: fortalece la rendición de cuentas y la responsabilidad individual del representante ante sus electores.
Lo más llamativo es que este debate no es nuevo. Hace algunos años se discutió seriamente la conveniencia de implantar listas abiertas, o al menos de introducir mecanismos que permitieran al ciudadano elegir directamente a los candidatos y no únicamente a las siglas. Aquella reforma se presentó como una posible vía para fortalecer la independencia de los diputados, reducir el poder de las cúpulas de los partidos y acercar la política a la sociedad. Sin embargo, la discusión se fue apagando y todo quedó en nada. A los principales partidos no les interesaba entonces. Tampoco ahora.
Quizá haya llegado el momento de recuperar aquel debate. España no tiene por qué copiar íntegramente el modelo británico, pero sí aprender de una de sus mejores enseñanzas: una democracia es más fuerte cuando los representantes deben su cargo, ante todo, a los ciudadanos y no a los aparatos del partido. Mientras el futuro político de un diputado dependa más de agradar al líder que de convencer a sus votantes, seguiremos teniendo un Parlamento con demasiada obediencia, demasiada pleitesía y demasiado poco espíritu crítico. Una democracia madura necesita representantes libres, con criterio propio y capaces de discrepar cuando crean que es lo mejor para quienes les otorgaron su confianza.