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Lo sucedido en Venezuela vuelve a poner de manifiesto una lamentable realidad: los terremotos son fenómenos naturales, pero el número de víctimas depende, en gran medida, de la fortaleza o la debilidad de un Estado. La naturaleza no distingue entre ideologías ni fronteras; son los gobiernos, sus decisiones y su capacidad de gestión los que marcan la diferencia entre una emergencia controlada y una tragedia humana. Lo vimos en Haití y ha vuelto a quedar patente en Venezuela.
Cuando un país vive durante años sumido en la corrupción, la mala administración y el deterioro institucional, las consecuencias no solo se reflejan en la economía. También aparecen en los edificios sin mantenimiento, en las infraestructuras abandonadas, en la ausencia de inspecciones técnicas, en hospitales que apenas funcionan y en servicios de emergencia sin recursos suficientes.
Resulta inevitable comparar situaciones. Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta. Sin embargo, gracias a décadas de inversión en ingeniería, normas de construcción estrictas, planificación urbana, simulacros y educación ciudadana, ha conseguido reducir de forma extraordinaria el impacto de terremotos de enorme intensidad. No elimina el riesgo, pero sí salva miles de vidas. Mientras dos temblores arrasaban Venezuela, otro se producía en Japón con cero fallecidos.
En el extremo opuesto se encuentra Haití. El devastador terremoto de 2010 dejó cientos de miles de fallecidos. Aquella catástrofe fue consecuencia del movimiento de la tierra, pero también de la pobreza extrema, de la precariedad de las edificaciones, de la debilidad institucional y de décadas de abandono. Allí quedó demostrado que las catástrofes naturales golpean con mucha más fuerza cuando encuentran un Estado incapaz de proteger a su población.
Venezuela lleva años sufriendo un profundo deterioro de sus infraestructuras y servicios públicos. Sus críticos atribuyen esa situación a décadas de gestión del chavismo, señalando la corrupción, la falta de inversión y el progresivo colapso de las instituciones como factores que han debilitado la capacidad del país para afrontar crisis de cualquier naturaleza.
La lección es clara. La prevención salva vidas. Invertir en mantenimiento, exigir edificios seguros, fortalecer las instituciones y combatir la corrupción no son gastos superfluos, sino la mejor política de protección civil que puede tener un país.
Porque al final no es únicamente el terremoto el que mata. También lo hacen la negligencia, el abandono y los Estados fallidos, incapaces de cumplir con su obligación más elemental: proteger a sus ciudadanos. Pero en Venezuela, en las últimas décadas, estaban a otras cosas.