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El inicio de la comercialización del Programa de Turismo Social del Imserso para 2026-2027 ha reactivado un conflicto habitual en la Comunidad Valenciana. La patronal Hosbec y la Conselleria de Turismo califican de «inviables» unas tarifas que rondan los 29 euros por persona y día en pensión completa, frente a unos costes teóricos de 35 euros más IVA.
Ante la amenaza con abandonos masivos y la condena a muerte al programa cabe preguntarse ¿el sector padece una asfixia real por costes? Los datos disponibles permiten sostener que tras esta narrativa contundente late una apuesta por la elevar la capacidad económica y el estatus de la demanda turística.
Recordemos qué es y qué no es el Imserso. El turismo de mayores nació como un mecanismo de equidad para hacer accesibles las vacaciones a pensionistas, independientemente del nivel de renta, democratizando un derecho. Nunca ha pretendido sustituir la facturación del mercado libre, ni abonar el coste total de explotación de un hotel en temporada baja, sino ofrecer una aportación estatal que ayude a sostener la actividad y a desestacionalizar el sector.
El argumento de la asfixia económica para justificar el rechazo al programa se cae al contrastarlo con los datos de coyuntura del propio Instituto Nacional de Estadística. Entre 2019 y 2023, el peso de los costes de personal sobre los ingresos hoteleros cayó del 33% al 31%, mientras que el excedente bruto de explotación subió del 20% al 23%. El sector no está asfixiado; es más rentable que antes de la pandemia. En julio de 2026, la Comunidad Valenciana registró un precio medio por habitación (ADR) de 143,60 euros y un ingreso por habitación disponible (RevPAR) de 114,77 euros, con un incremento de precios del 9,8%.
Por tanto, el rechazo a participar en el Imserso no proviene de trabajar a pérdidas, sino del coste de oportunidad: la pretensión de ingresar sumas mucho más elevadas renunciando a la función social de las plazas turísticas. La estrategia del capital financiero e inmobiliario se orienta a la inversión en establecimientos de cuatro y cinco estrellas, desplazando al turismo popular. Mientras las pernoctaciones de turistas internacionales avanzan (9,77 millones en el acumulado a julio), la población española ve cómo se le dificulta el acceso a disfrutar de vacaciones haciendo turismo.
Lo más preocupante de este boicot al programa es su impacto sobre las plantillas. Para presionar al Estado y exigir mayores subvenciones, los hoteles de destinos estacionales recurren al cierre en meses como diciembre, enero y febrero. En enero de 2026, el número de establecimientos abiertos cayó a 994, frente a los 1.349 de julio. En Benidorm, la participación en el Imserso ha pasado de 29 hoteles a solo 16; en la provincia de Alicante, la oferta se ha reducido un 40% en diez años.
Esta factura no la pagan las empresas; la pagan las personas empleadas. Al recortar la temporada, fuerzan novaciones contractuales para transformar a las plantillas en fijas discontinuas, enviándolas antes al desempleo y consumiendo sus subsidios. Solo en la provincia de Alicante, la decisión de desmantelar la participación en el Imserso pone en riesgo más de 9.300 puestos de trabajo directa o indirectamente.
Los márgenes empresariales en el cómputo anual son más que suficientes para mantener el programa, sostener el empleo, reducir la estacionalidad y defender un turismo accesible donde el descanso no sea un privilegio. El debate del Día Mundial del Turismo debe superar el cálculo de los ingresos según habitación disponible, para medir la riqueza que distribuye y la calidad del empleo que genera.