Añadir El Periódico de Aquí como fuente preferida de Google de forma gratuita.
La reciente polémica surgida en torno a la huelga educativa ha vuelto a poner sobre la mesa el derecho de los ciudadanos a manifestarse y la obligación de las instituciones de actuar con sensibilidad ante los conflictos sociales. Las reacciones han sido inmediatas. Se han abierto investigaciones, se han producido declaraciones públicas y se ha trasladado a la opinión pública el mensaje de que las administraciones están dispuestas a escuchar y actuar.
Nada que reprochar.
Lo que sí merece una reflexión es por qué esa misma rapidez y sensibilidad parecen desaparecer cuando quienes alzan la voz son los vecinos de Alfafar y Sedaví que llevan décadas reclamando el soterramiento de unas vías que han costado demasiadas vidas.
La diferencia de trato resulta difícil de entender para quienes han vivido esta lucha desde dentro.
La Plataforma por el Soterramiento no nació de una reivindicación ideológica ni partidista. Nació de la necesidad. De la preocupación por la seguridad. Del sufrimiento de familias que han visto cómo el paso a nivel se convertía una y otra vez en escenario de tragedias. Y también de la impotencia de comprobar cómo pasan los años mientras las soluciones se anuncian, se estudian y se vuelven a posponer.
Cuando se produjo uno de los arrollamientos que conmocionaron a toda la población, la indignación ciudadana desembocó en una protesta que incluyó el corte de las vías. Aquella reacción tuvo consecuencias judiciales para tres miembros de la Comisión del Paso a Nivel, que acabaron sentados ante los tribunales.
Sin embargo, cuando recientemente la Plataforma por el Soterramiento acudió a Riba-roja para reclamar que el problema de las vías fuese incluido en los trabajos de la Comisión Mixta de la DANA, la respuesta institucional volvió a ser el silencio. No se les invitó a participar en un debate que afecta directamente a una infraestructura que, según vienen denunciando los vecinos, actuó como barrera durante las inundaciones y agravó sus efectos en la comarca.
Y es aquí donde surge la pregunta que muchos ciudadanos se hacen.
¿Por qué la Plataforma por el Soterramiento parece encontrar siempre más obstáculos que interlocutores? ¿Por qué una reivindicación respaldada durante años por ayuntamientos, asociaciones vecinales y miles de ciudadanos continúa teniendo tantas dificultades para acceder a los espacios donde se toman las decisiones?
Quizá la respuesta sea incómoda.
Porque la Plataforma del Soterramiento representa un problema que obliga a actuar. No reclama subvenciones ni declaraciones simbólicas. Reclama una inversión importante, compromisos concretos y plazos verificables. Reclama que una administración asuma responsabilidades después de décadas de retrasos. Y eso tiene un coste político y económico que muchos prefieren seguir aplazando.
Sin embargo, el precio de no actuar también existe. Lo pagan diariamente miles de vecinos obligados a convivir con una infraestructura obsoleta. Lo pagan quienes sufren retrasos, dificultades de movilidad y riesgos innecesarios. Y, sobre todo, lo han pagado las víctimas y sus familias.
La sensación de agravio no nace de una cuestión ideológica. Nace de la comparación entre la rapidez con la que algunas demandas consiguen atención institucional y la lentitud desesperante con la que se responde a una reivindicación histórica de l'Horta Sud.
Los vecinos no piden privilegios. Piden igualdad. Piden que se les escuche con la misma atención que a cualquier otro colectivo. Piden que se les permita participar en los foros donde se debate el futuro de una infraestructura que condiciona sus vidas. Y piden, sobre todo, que después de tantos años la política deje de administrar el problema y empiece de una vez a resolverlo.
Porque cuando una reivindicación justa lleva décadas esperando respuesta, el verdadero problema ya no es la protesta. El verdadero problema es el silencio.
Encarna Alcaide
Plataforma pel Soterrament de les Vies Alfafar, Benetússer i Sedaví