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Hay cifras que deberían paralizar un país, activar gabinetes de crisis parlamentarios y abrir los informativos de cabecera. Sin embargo, en España nos hemos acostumbrado a convivir con un goteo constante de muertes que solo merecen breves comentarios en las páginas de sucesos. Los datos de siniestralidad laboral publicados por el Ministerio de Trabajo sobre los primeros siete meses de 2026 vuelven a escupirnos una realidad inapelable: 432 personas han perdido la vida intentando ganarse el sueldo. Son 432 familias destrozadas, 432 proyectos de vida truncados por una ruleta rusa que sigue girando en las obras, los talleres, las carreteras y las oficinas de nuestro país. Más de dos fallecidos cada día. Lejos de remitir, la cifra global de víctimas mortales supera a la del mismo periodo del año anterior (431). Si estos fallecimientos fuesen provocados por una falla en la salud pública o por un problema de seguridad ciudadana, la alarma social sería inmediata. Pero como ocurren en el ámbito laboral, el sistema los asume como una especie de "daño colateral" inevitable del crecimiento económico. Detrás del incremento del 2,0% en el total de accidentes con baja médica (363.772 siniestrosen siete meses), se esconde una peligrosa desregulación de facto y la degradación sistemática de la cultura preventiva en los centros de trabajo. Dos muertes diarias en accidente de trabajo deberían hacer de la lucha contra la siniestralidad laboral, la verdadera prioridad nacional.
La prevención de riesgos se ha convertido para gran parte del empresariado en un mero trámite burocrático: una firma rápida en una plantilla predefinida por una mutua externa para salvar la responsabilidad legal, mientras en la práctica cotidiana priman las prisas, los ritmos asfixiantes y la falta de medios. Especialmente alarmante es el drama que vive el colectivo de trabajadores autónomos. Mientras los discursos oficiales ensalzan el emprendimiento como el motor del futuro, la cruda realidad nos muestra que la mortalidad laboral entre los autónomos se ha disparado un 46,4% este año (pasando de 28 a 41 fallecidos en jornada). La trampa del «autoempleo» obliga a miles de profesionales a asumir jornadas maratonianas, a prescindir de inversiones en seguridad y a trabajar enfermos o exhaustos porque parar no es una opción cuando hay que pagar la factura a fin de mes.
Asimismo, la perspectiva de género nos revela cómo el modelo laboral castiga de forma diferenciada. Los hombres siguen siendo las principales víctimas de los accidentes traumáticos mortales en la construcción, el transporte o la industria. Pero en el trayecto de ida y vuelta al trabajo —el accidente in itinere— las mujeres sufren el 54% de los siniestros con baja médica. La presión por conciliar la doble jornada, el transporte precipitadamente encajado entre los cuidados familiares y la jornada laboral, convierte la movilidad cotidiana de las trabajadoras en un escenario de alto riesgo.
Las principales causas de muerte durante la jornada no son imponderables, no son inevitables: infartos, derrames cerebrales, caídas desde altura y atrapamientos mecánicos. Es decir, estrés crónico, presión desmedida, falta de protecciones colectivas y maquinaria obsoleta o sin revisar. Son muertes evitables. Desde CCOO del Camp de Morvedre y Alto Palancia nos negamos a aceptar con resignación.
Vender la fuerza de trabajo no puede implicar asumir el riesgo de no regresar a casa. Exigimos un cambio de rumbo radical: un endurecimiento real de las sanciones de las inspecciones de trabajo, la persecución penal efectiva de los delitos contra la seguridad de los trabajadores, la revisión de los ritmos y cargas laborales, y la integración efectiva de la prevención en las decisiones empresariales del día a día.
Ningún beneficio empresarial, ninguna meta de producción ni ninguna entrega a domicilio justifica la pérdida de una vida humana. Es hora de tratar la siniestralidad laboral como lo que realmente es: una prioridad nacional y una quiebra inadmisible de los derechos humanos más elementales.