El riesgo de construir ciudades imposibles para vivir resulta obviamente ser algo que ya no es solo económico, pues la vivienda siempre ha sido uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene cualquier sociedad. Ya que no se trata únicamente de disponer de un techo donde guarecerse; sino de contar con las condiciones mínimas necesarias para desarrollar un proyecto de vida, formar una familia, construir relaciones sociales y poder llegar a contribuir de manera estable al progreso colectivo de la Sociedad.
Por eso, el deterioro que está sufriendo el poder tener acceso a la vivienda, en muchas ciudades, obviamente no puede contemplarse únicamente tan sólo como un problema económico. Lo que está ocurriendo en numerosos municipios también europeos, y especialmente en determinadas zonas urbanas españolas, supone en realidad un profundo cambio de paradigma social que debería hacer reflexionar seriamente a todas las administraciones públicas.
En apenas unos años, barrios enteros han cambiado su estructura humana, comercial y residencial totalmente. Allí donde antes existía vida vecinal, estabilidad y arraigo, hoy en la actualidad, proliferan alquileres temporales, habitaciones diminutas y viviendas turísticas destinadas exclusivamente al beneficio económico inmediato.
La consecuencia es evidente, las viviendas contempladas con ese objetivo, crean ciudades cada vez más rentables para la inversión, pero en la práctica, progresivamente de una manera fulgurante menos habitables para quienes las han venido y sostienen en realidad cada día.
La vivienda como derecho y siendo irrefutablemente un elemento vertebrador social, pues resulta imposible discutir que una sociedad no puede desarrollarse adecuadamente, si una parte importante de sus integrantes carece de acceso a una vivienda digna. La vivienda no es un lujo ni un complemento secundario ya que evidentemente constituye una necesidad básica imprescindible para el desarrollo personal y por ende colectivo. Y esto no es algo baladí.
Por ello, los gobiernos deberían situar esta cuestión entre sus prioridades absolutas. Y hacerlo además con rapidez, porque las consecuencias del deterioro actual ya comienzan a percibirse con claridad.
La dificultad de acceso a la vivienda afecta a todos y especialmente a los jóvenes. Cada vez son más quienes superan los treinta años sin poder emanciparse o que, cuando finalmente lo consiguen, se ven obligados a vivir en condiciones claramente precarias. Esa situación no solo limita su estabilidad económica, sino también su desarrollo personal, emocional y desarrollo familiar que redunda siempre indiscutiblemente, en la propia Sociedad, al existir dificultad de crear una familia en tiempo y modo.
Pues cuando generaciones enteras no pueden acceder a unas condiciones de vida mínimamente razonables, el problema deja de ser individual y pasa lógicamente a convertirse en una amenaza estructural para toda la sociedad y su pertinente desarrollo. Porque se ha pasado del piso compartido al hacinamiento y normalizado.
Hay que reconocer que compartir vivienda no es un fenómeno nuevo. Durante décadas fue habitual entre estudiantes o trabajadores desplazados. Sin embargo, el modelo actual poco tiene que ver con aquella realidad.
En muchas ciudades, el denominado “piso compartido” se ha transformado en una simple oferta de habitaciones donde únicamente se comparten cocina y baño. Salones convertidos en dormitorios, ausencia de espacios comunes y la sobreocupación forman ya parte de un paisaje cotidiano en nuestras Sociedades.
La vivienda deja así de ser un espacio habitable, un hogar, para convertirse exclusivamente en un lugar donde dormir.
Esta situación tiene consecuencias muy profundas. Vivir permanentemente en espacios reducidos, sin intimidad y sin condiciones adecuadas de convivencia termina limitando las capacidades personales y deteriorando así la calidad de vida. Además las viviendas fueron concebidas para albergar a un determinado número de personas y que fueran un hogar, no para maximizar beneficios económicos mediante situaciones cercanas al hacinamiento con el único objetivo de que sea un mera inversión.
Sin embargo, esta realidad se está normalizando con una rapidez inquietante que es muy preocupante.
El impacto de los pisos turísticos que también se halla en este asunto es indudablemente, otro de los fenómenos que más está alterando el equilibrio del Mercado de la Vivienda y esa expansión masiva de las viviendas turísticas, la altera bastante cuantitativamente.
La irrupción de este modelo ha modificado de una manera indiscutible profundamente la estructura social y comercial de muchos barrios. Viviendas que anteriormente estaban destinadas a familias han pasado a convertirse en alojamientos de corta estancia mucho más rentables. Como consecuencia de manera evidente, la oferta residencial tradicional disminuye, mientras los precios de los inmuebles continúan aumentando.
Pero el problema va más allá de las cifras, pues también desaparecen comercios tradicionales, relaciones vecinales y formas de vida consolidadas durante décadas. Muchos residentes se ven obligados a abandonar los barrios donde nacieron o crecieron porque ya no pueden asumir el coste de seguir viviendo allí.
La ciudad pierde entonces parte de su identidad, de su cohesión social y la capacidad de poder aportar algo adecuado a esa Sociedad.
Algunos ayuntamientos parece que comienzan ya a reaccionar frente a este fenómeno mediante regulaciones más estrictas. Y probablemente sea necesario hacerlo, porque permitir una expansión completamente descontrolada de este modelo puede terminar generando ciudades profundamente desequilibradas y socialmente frágiles.
El verdadero problema es obvio que es la falta de oferta de Vivienda.
Pese a las diferencias ideológicas sobre cómo abordar esta cuestión, existe un aspecto en el que muchos coinciden y es que el principal problema sigue siendo la insuficiencia de oferta residencial.
Por ello, cualquier política seria sobre vivienda debe centrarse prioritariamente en aumentar el número de viviendas disponibles, tanto en propiedad como en alquiler.
Las medidas posibles en este sentido, lógicamente son múltiples,
Liberalizar más suelo para facilitar la construcción.
Agilizar trámites urbanísticos y administrativos.
Impulsar promociones públicas de vivienda.
Incentivar la incorporación al mercado de viviendas vacías.
Frenar la concentración excesiva del parque inmobiliario en manos de grandes fondos de inversión.
Limitar la conversión masiva de vivienda residencial en alojamiento turístico.
En el mercado del alquiler, a parte de no permitir que se posea numerosas viviendas en una sola mano, como propugna alguno, además, resulta imprescindible reducir el miedo de muchos propietarios al impago o al deterioro de sus viviendas. Parte de la oferta actualmente permanece fuera del mercado precisamente por esa inseguridad.
Algunas administraciones ya han comenzado a desarrollar sistemas de intermediación pública. Por ejemplo, el modelo implantado en el País Vasco que establece que una entidad pública actúe como intermediaria entre propietario e inquilino, garantizando el pago del alquiler y la correcta conservación de la vivienda.
Este tipo de mecanismos puede contribuir a aumentar la oferta sin deteriorar la seguridad jurídica.
El debate sobre la regulación de precios a través de la intervención pública en el mercado de la vivienda continúa generando posiciones enfrentadas. Sus detractores sostienen que limitar precios reduce la oferta y distorsiona el mercado. Sin embargo, otros consideran que este análisis suele centrarse exclusivamente en el corto plazo.
Desde una perspectiva temporal más amplia, se argumenta que los mercados terminan adaptándose nuevamente a las condiciones existentes siempre que se mantengan la seguridad jurídica y unas condiciones razonables de rentabilidad y construcción nuevade viviendas.
Países como Francia llevan décadas aplicando mecanismos de regulación parcial de precios sin que ello haya provocado la desaparición del mercado inmobiliario. Por ello, el debate no debería simplificarse entre intervención o libertad absoluta, sino centrarse en encontrar fórmulas equilibradas capaces de compatibilizar acceso a la vivienda, seguridad jurídica y suficiente oferta residencial.
Pues Ciudades rentables, pero socialmente inhabitables resulta ser el verdadero riesgo de la situación actual y no es únicamente económico. Es algo indudablemente, social.
Cuando una ciudad expulsa progresivamente a jóvenes, familias trabajadoras y pequeños comerciantes; y cuando vivir solo o con tu familia, se convierte en un privilegio reservado a minorías. Y cuando amplias capas de la población apenas pueden acceder tan solo a habitaciones precarias, mientras los barrios se transforman exclusivamente para el consumo turístico, el modelo urbano comienza a deteriorarse profundamente.
La vivienda no puede ser tratada únicamente como una mercancía más. Porque sobre ella se construyen las relaciones sociales, la estabilidad familiar y buena parte del equilibrio de cualquier Sociedad.
Y si las ciudades dejan de ser habitables para quienes las sostienen, terminarán convirtiéndose en espacios económicamente rentables, pero socialmente vacíos y no adecuadas para poder llegar a alcanzar el Desarrollo Social y consecuentemente Económico.
Ese es el verdadero riesgo al que muchas sociedades comienzan hoy a enfrentarse. Y parece que los gobernantes, no están haciendo nada e incluso que además lo estén promoviendo.