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Han pasado ya más de diecinueve meses desde aquella fatídica tarde del 29 de octubre de 2024 en la que la dana cambió para siempre la realidad de nuestros municipios. El barro arrasó calles, parques, edificios públicos, instalaciones deportivas, centros culturales, mobiliario urbano y buena parte de los espacios que forman parte de la vida cotidiana de miles de vecinos y vecinas.
Desde entonces, alcaldes, concejales, técnicos municipales y empleados públicos hemos trabajado sin descanso para recuperar nuestros pueblos. Lo hemos hecho afrontando una situación extraordinaria, con recursos limitados y con la responsabilidad de dar respuesta a una ciudadanía que, con razón, desea volver a la normalidad cuanto antes.
Sin embargo, la realidad es que la reconstrucción está avanzando mucho más despacio de lo que todos esperábamos. Y no por falta de voluntad de las administraciones locales. La principal dificultad a la que nos enfrentamos es una burocracia excesiva que está ralentizando la ejecución de proyectos esenciales para nuestros municipios. Procedimientos interminables, autorizaciones que se demoran durante meses, restricciones administrativas y una compleja maraña normativa están convirtiendo una necesidad urgente en un proceso desesperadamente lento.
Esta situación está generando una creciente frustración entre los vecinos. Muchos ciudadanos no entienden por qué, después de tanto tiempo, todavía hay espacios sin reconstruir o proyectos pendientes de ejecución. Y es comprensible. Lo preocupante es que esta demora está provocando un distanciamiento entre las administraciones locales y la ciudadanía, cuando precisamente los ayuntamientos somos la institución más cercana y la que recibe de forma directa las demandas y preocupaciones de los afectados.
Los gobiernos municipales, independientemente de su color político, compartimos una misma realidad: tenemos las manos atadas ante decisiones que no dependen de nosotros. Podemos planificar, proyectar y reclamar, pero necesitamos que los mecanismos administrativos estén a la altura de la emergencia que vivimos.
Por ello, desde la administración local exigimos que se desbloqueen con la máxima urgencia todos aquellos procedimientos que están frenando la reconstrucción. Nuestros vecinos no pueden seguir esperando. Nuestros pueblos merecen recuperar cuanto antes los espacios, servicios e infraestructuras que perdieron. La reconstrucción debe dejar de ser una promesa y convertirse, de una vez por todas, en una realidad tangible para todos.