Hubo un tiempo en que la vergüenza todavía obligaba a bajar la cabeza. No hacía falta ser santo ni puro: bastaba con conservar una mínima conciencia del límite. Quien era sorprendido en una mentira pública, una corrupción o una conducta incompatible con el cargo sabía que algo se había roto. La vergüenza era eso: la última señal de que uno todavía reconocía la existencia de los demás.
Hoy, en cambio, la vergüenza parece haberse convertido en una palabra antigua, de esas que todavía conservaban peso en algunas casas, anterior al gabinete de comunicación. Ya no se baja la cabeza: se comparece. Ya no se pide perdón: se contextualiza. Ya no se asume una responsabilidad: se denuncia una campaña. Cada escándalo llega acompañado de su explicación, su consigna y su enemigo alternativo. La política ha aprendido a hablar tanto de sí misma que casi consigue que los hechos parezcan secundarios.
Una democracia no se degrada solo cuando aparece la corrupción. Se degrada cuando la corrupción deja de producir vergüenza. El problema no es solo que alguien robe, mienta, coloque a los suyos o convierta las instituciones en un espacio de conveniencia. El problema empieza cuando todo eso encuentra una envoltura verbal: estrategia, persecución, error administrativo, ruido mediático, maniobra judicial. Entonces la palabra ya no aclara: tapa.
La corrupción no pertenece a unas siglas, y España conoce demasiados ejemplos de demasiados colores como para convertir la decencia en patrimonio de partido. Precisamente por eso conviene exigir más a quien llegó al poder prometiendo regeneración y superioridad moral frente a lo anterior. Ahí el deterioro del PSOE de Pedro Sánchez resulta especialmente grave.
La secuencia que va de José Luis Ábalos a Santos Cerdán no afecta a figuras menores, sino a hombres de aparato, de confianza, de poder interno, piezas centrales de una estructura política sometida ahora a investigaciones, sospechas y explicaciones cada vez más difíciles de sostener. Puede y debe respetarse la presunción de inocencia. Pero la responsabilidad política no empieza únicamente cuando un juez dicta sentencia: empieza cuando la confianza pública queda herida.
Pedro Sánchez posee una habilidad indudable para sobrevivir. Su instinto no consiste solo en resistir, sino en desplazar siempre el centro de la responsabilidad: cada crisis encuentra una fórmula, cada contradicción se convierte en marco y cada escándalo acaba encontrando un enemigo útil. Pero una democracia no puede vivir eternamente dentro de una coartada. Llega un momento en que la inteligencia táctica empieza a parecer una forma de vaciar la responsabilidad hasta que nadie sabe dónde ha quedado.
No escribo esto desde una militancia. La derecha ha tenido corrupciones de sobra como para no dar lecciones con demasiada alegría. La izquierda, por su parte, tampoco posee una reserva natural de decencia. Ninguna familia política está a salvo de la tentación de justificar a los suyos y escandalizarse solo con los otros. Pero hay momentos en que callar por miedo a parecer del adversario se convierte en otra forma de cobardía. Y este es uno de esos momentos.
Tampoco el ciudadano queda limpio del todo. Votar no debería consistir en entregar una absolución anticipada a los propios. Sin embargo, demasiadas veces acudimos a las urnas con una indulgencia ya preparada: lo nuestro se explica, lo ajeno se condena; lo nuestro es contexto, lo ajeno es podredumbre; lo nuestro exige paciencia, lo ajeno dimisiones inmediatas. Ese sectarismo educa moralmente a una sociedad: enseña a mirar la corrupción según el color de la papeleta y convierte el voto, que debería ser una forma de responsabilidad, en una coartada.
Una ciudadanía que solo exige vergüenza al adversario acaba perdiendo el derecho moral a reclamarla. No basta con indignarse cuando cae el otro ni con cerrar los ojos ante los propios. La democracia no se defiende solo votando cada cierto tiempo, sino exigiendo controles, límites y consecuencias a quienes reciben nuestra confianza.
La vergüenza no es puritanismo. Tampoco es una palabra de sacristía ni una antigualla represiva. Es una forma elemental de reconocer que hay actos que nos disminuyen ante los demás. Una sociedad sin vergüenza no es más libre: es más cínica. Puede explicarlo todo, relativizarlo todo, judicializarlo todo, convertir cualquier responsabilidad en persecución y cualquier evidencia incómoda en munición del enemigo. Pero, al hacerlo, pierde una de sus defensas más pobres y más necesarias: la capacidad de sentirse manchada.
Para una generación todavía cercana, la honra no era un adorno literario ni una palabra de museo. Era una forma de no dar motivos para bajar la cabeza. No hacía falta explicarla mucho: se notaba en la cara, en el saludo, en la manera de volver a casa. No exigía pureza: exigía límite. Hoy ese dique parece sustituido por argumentarios.
Por eso irrita tanto escuchar ciertas defensas. No porque uno espere santidad de la política, sino porque todavía espera algún resto de pudor. Que alguien diga: esto no debió ocurrir. Que alguien se aparte sin convertir su caída en una conspiración. Que alguien recuerde que el poder no es una propiedad privada, ni el partido una familia, ni el Estado una prolongación del aparato. Que alguien comprenda que la responsabilidad política no consiste solo en no estar condenado.
Una democracia puede sobrevivir a muchos escándalos si conserva la vergüenza. Lo que no sé es cuánto tiempo puede sobrevivir cuando aprende a explicarlo todo, justificarlo todo y seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Porque el verdadero peligro no es que unos cuantos pierdan la vergüenza. El verdadero peligro es que el país entero aprenda a vivir sin echarla de menos.