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La voz olvidada de quienes cuidan la salud laboral

ISABEL GARCÍA

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La mercantilización de la prevención de los riesgos laborales, agravada por la entrada de fondos de inversión en empresas del sector, está deteriorando gravemente el sistema. El sector de servicios de prevención ajenos vive una fase de concentración empresarial, que se está construyendo, demasiadas veces, a costa de la precarización del empleo, la sobrecarga de las plantillas, la bajada de la calidad del servicio y de una prevención 'low cost' que convierte a la salud laboral en papel mojado.

Quienes estamos dentro del sector sabemos que hay una verdad incómoda: en demasiadas empresas no se hace prevención real. Se cubre expediente y se convierte a la salud laboral en un producto de mercado. Los servicios de prevención ajenos nacieron para asesorar a las empresas en la protección de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. Es decir, para evaluar riesgos, proponer medidas, vigilar la salud, informar y ayudar a que la prevención se integre de verdad en los centros de trabajo. Pero el modelo actual ha derivado en otra cosa muy distinta: conciertos contratados a la baja, profesionales sobrecargados y una presión creciente para facturar más y dedicar menos tiempo a lo esencial.

Mientras tanto, la prevención se ha convertido en un negocio muy lucrativo. Los grandes operadores del sector han crecido y han atraído el interés de grupos empresariales y de fondos de inversión. La salud laboral, que debería ser un derecho, se trata demasiadas veces como un nicho de mercado. Y cuando la lógica del beneficio se impone, el resultado es peor calidad preventiva.

La contradicción es evidente: quienes venden salud laboral hacia fuera precarizan a sus propias plantillas hacia dentro. Una patronal que quiere una prevención rentable para los fondos de inversión, barata para las empresas clientes y agotadora para quienes la hacen posible cada día.

Esta realidad afecta de lleno a la Comunitat Valenciana. La reciente operación de integración entre Vítaly y Avanta, esta última con sede en Valencia, conformará un grupo de enorme dimensión, llamado a convertirse en uno de los grandes operadores del sector, justo por detrás del líder actual, Quirón Prevención. Pero detrás de estas grandes operaciones hay plantillas que ya sufrían el deterioro de sus condiciones laborales. En Vitaly Health ServicesCCOOha denunciado incumplimientos y situaciones graves en riesgos psicosociales, además de numerosas demandas judiciales relacionadas con derechos laborales y cargas de trabajo. Por ello se ha iniciado una campaña de protesta frente a las grandes sedes de Vitaly Health Services en Madrid, Barcelona y Valencia este 17 de junio, para denunciar la falta de negociación en el acuerdo de armonización de condiciones de las diferentes plantillas que conforman la empresa, tras las integraciones que se han ido produciendo.

¿Qué puede ocurrir ahora cuando el nuevo grupo tenga que responder a las expectativas de rentabilidad de los inversores? El temor es que la presión sobre la plantilla aumente todavía más: más objetivos, más productividad, más venta de servicios y peores condiciones para quienes deben visitar centros de trabajo.

Y esto es un problema de salud pública laboral, pues afecta a miles de empresas y a millones de personas trabajadoras. El Ministerio de Trabajo y la Generalitat Valenciana no pueden mirar hacia otro lado. Si un operador con sede valenciana pasa a formar parte de uno de los mayores grupos del sector, la pregunta debe ser qué prevención va a prestar, con qué medios, con qué cargas de trabajo y en qué condiciones.

La prevención de riesgos laborales debe dejar de ser un trámite y volver a ser un derecho. Y para eso hay que reforzar el sistema público de control, regular las cargas máximas de trabajo, garantizar la independencia profesional, dotar de medios suficientes y escuchar a quienes estamos dentro del sector.

Porque cuando falla la prevención, no falla un papel. Falla la protección de la vida y la salud de las personas trabajadoras. Y eso, en un país que presume de derechos laborales, debería ser inaceptable.

Isabel García. Sección sindical CCOO en Vítaly

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