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A partir de ese momento, las comunicaciones entre ambas partes –arrendador y arrendatario- se hacían a través de WhatsApp y una vez convenida la paga y señal –cantidad que oscilaba entre los 250 y 700 euros- el arrendador facilitaba al cliente una cuenta en la que debía ingresarla
Finalmente, cuando el inquilino se presentaba en Málaga para ocupar la vivienda se daba cuenta de que había sido víctima de una estafa
La red desarticulada –liderada por el principal investigado- estaba estructurada en dos subgrupos perfectamente organizados y coordinados entre sí, uno asentado en la provincia de Jaén y el otro, en la de Valencia
La trama se valía de personas reclutadas por la organización que percibían una comisión por figurar como titulares de las cuentas bancarias en las que se recibían las trasferencias