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El caso Azud ha entrado en una de sus fases procesales más decisivas después de años de investigación y de una instrucción que ha colocado bajo la lupa judicial algunas de las operaciones urbanísticas, empresariales y políticas más controvertidas de la Comunitat Valenciana de las últimas décadas. El auto de incoación de Procedimiento Abreviadoconsidera que existen ya suficientes elementos indiciarios para cerrar provisionalmente la fase de investigación respecto de un amplio grupo de personas y continuar el procedimiento hacia una eventual apertura de juicio oral.
La resolución no supone una condena ni determina todavía la culpabilidad de ninguno de los investigados. Será ahora cuando las acusaciones deberán decidir si solicitan la apertura de juicio oral y concretan los delitos que atribuyen a cada uno. Pero el paso procesal resulta de enorme relevancia porque la instructora considera agotada una parte sustancial de la investigación y mantiene en el procedimiento a numerosos investigados.
Entre ellos aparecen personas vinculadas históricamente tanto al PSPV-PSOE como al gobierno municipal del PP en Valencia. La causa alcanza también a Alfonso Grau, quien durante años fue vicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barberá, considerado el número dos del gobierno municipal de la capital durante buena parte de aquella etapa.
Sin embargo, uno de los capítulos políticamente más delicados del auto se encuentra en la reconstrucción que realiza la jueza sobre una presunta financiación indirecta de gastos de la campaña electoral socialista de 2007 y, especialmente, en la conexión que establece entre esa financiación y los intereses urbanísticos del empresario Jaime Febrer.
La instructora dibuja un complejo circuito en el que aparecen operaciones urbanísticas, gestiones ante empresas públicas estatales, intermediarios con influencia política, supuestas comisiones, facturas presuntamente ficticias y pagos a proveedores que trabajaron para el PSOE durante aquella campaña.
La cifra que resume este capítulo asciende a 484.480,46 euros.
No se trataría, según el auto, de una transferencia directa de medio millón de euros a las cuentas del partido. La mecánica que describe la instructora es mucho más compleja: una sociedad del entramado habría asumido facturas de empresas que realizaron publicidad, material promocional, impresión de programas electorales, producción audiovisual, folletos y vallas utilizados en actividades relacionadas con la campaña socialista.
Y entre las actuaciones descritas aparece incluso una operación destinada, según la investigación, a favorecer electoralmente a Unión Valenciana para intentar restar votos al Partido Popular.
El origen de todo: los intereses empresariales de Jaime Febrer
En el centro de esta parte del caso Azud se sitúa el empresario Jaime Febrer, vinculado al Grupo Axis y a diversas sociedades relacionadas con operaciones inmobiliarias y urbanísticas.
Uno de los proyectos que adquiere mayor importancia en el auto es el PAI de El Espartal, en Xixona.
El desarrollo tenía un problema fundamental: necesitaba disponer de recursos hídricos suficientes para garantizar su viabilidad.
Según la investigación, resolver ese obstáculo resultaba esencial para los intereses económicos de Febrer. Y es precisamente entonces cuando entra en escena José Luis Vera Llorens, a quien el auto atribuye el papel de intermediario entre el empresario, determinados entornos socialistas y las instituciones públicas.
La resolución sostiene que Vera fue incorporado precisamente por su capacidad de influencia y sus conexiones con personas vinculadas al PSOE.
Su trayectoria profesional ayuda a entender el papel que la instructora le atribuye.
Vera había sido magistrado sustituto en la Audiencia Provincial de Valencia, director general de Consumo durante la etapa del Gobierno socialista de Joan Lerma, abogado, asesor en el Ayuntamiento de Gandia y posteriormente responsable jurídico de Divalterra.
No era, por tanto, simplemente un dirigente orgánico del partido. Su principal activo, según la tesis de la investigación, era una extensa red de relaciones jurídicas, políticas e institucionales.
Vera, el "conseguidor"
El auto describe a José Luis Vera como una especie de enlace o "conseguidor" capaz de poner en contacto los intereses empresariales de Febrer con personas que podían resultar decisivas dentro de determinadas administraciones.
La operación de El Espartal es probablemente el mejor ejemplo.
Febrer necesitaba solucionar el problema del suministro de agua.
Vera intervino.
Y Vera terminó entrando en contacto con Joan Navarro Martínez, entonces director de Relaciones Institucionales de Acuamed, la sociedad pública estatal vinculada al Ministerio de Medio Ambiente durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Según el auto, la finalidad era conseguir que Acuamed pudiera proporcionar una solución institucional que evitase que el desarrollo urbanístico quedara bloqueado.
La secuencia que reconstruye la instructora puede resumirse de esta forma:
Febrer y Grupo Axis → José Luis Vera → Joan Navarro y Acuamed → convenio con el Ayuntamiento de Xixona → solución del problema hídrico → viabilidad del PAI El Espartal.
Acuamed entra en escena
La intervención de Acuamed es una de las piezas fundamentales para comprender por qué una operación inicialmente urbanística termina adquiriendo una dimensión política y electoral.
Según el auto, Vera se reunió con Joan Navarro para abordar la posibilidad de establecer un convenio entre Acuamed y el Ayuntamiento de Xixona.
La resolución recoge correos electrónicos entre ambos y documentación sobre la preparación de un acuerdo de intenciones.
Uno de esos correos fue impreso el 23 de noviembre de 2006 y hacía referencia precisamente al instrumento administrativo que debía servir para formalizar la relación entre el Ayuntamiento y la sociedad estatal.
Posteriormente, según el relato judicial, Vera recibió de Navarro documentación que podía servir de base para articular el convenio.
Para la instructora, Navarro no aparece como una figura secundaria o ajena a las gestiones, sino como la persona que desde Acuamed habría ayudado a encontrar una fórmula para que el problema del agua no paralizase el proyecto.
El auto considera además que aquella actuación resultaba particularmente beneficiosa para los intereses empresariales de Febrer porque el Estado podía asumir costes relacionados con la ampliación de la infraestructura necesaria para garantizar el suministro.
El "peaje"
Es a partir de este punto cuando aparece uno de los términos más contundentes de toda la resolución.
La jueza sostiene que Febrer entendió que habría un "peaje" que pagar para conseguir resultados favorables a los intereses de Axis.
Según el auto, ese supuesto peaje habría sido objeto de conversaciones y reuniones con personas relacionadas con el PSOE.
Entre ellas aparece José "Pepe" Cataluña, antiguo responsable de Finanzas del PSPV-PSOE y persona a la que la investigación atribuye entonces una importante influencia en el entorno socialista pese a no ostentar formalmente un cargo orgánico.
La tesis judicial es que, tras las gestiones destinadas a favorecer determinados intereses empresariales, se habría articulado una contraprestación política.
Y ahí aparece la campaña electoral de 2007.
"Inyectar dinero" en la campaña socialista
La resolución judicial utiliza una expresión especialmente explícita.
Según el relato de la instructora, la estructura montada alrededor del asesor fiscal y empresario Joaquín Pastor Rico y de Gigante Edificaciones y Obras SL habría servido para "inyectar dinero" en la campaña del PSOE en las elecciones de 2007.
No se trataría de entregar directamente dinero al partido.
El mecanismo investigado habría consistido en utilizar una sociedad interpuesta que recibía fondos y posteriormente pagaba facturas de empresas que estaban trabajando para la actividad electoral socialista.
La lógica descrita por el auto sería, por tanto:
beneficio empresarial para Axis → gestiones políticas e institucionales → solución de El Espartal → supuesto peaje → utilización de una sociedad interpuesta → pago de proveedores electorales del PSOE.
484.480,46 euros
El auto cuantifica en 484.480,46 euros los pagos realizados por Gigante Edificaciones y Obras a cinco empresas relacionadas con trabajos electorales del PSOE.
Las empresas eran Metrofilms, Industria Gráfica Valenciana —Ingraval—, KEY SA, Publipress y Cronosport.
Metrofilms recibió 141.923,68 euros.
Ingraval recibió 120.004 euros.
KEY recibió 102.080 euros.
Publipress recibió 87.105,70 euros.
Cronosport recibió 33.367,08 euros.
La suma alcanza exactamente los citados 484.480,46 euros.
La importancia de este capítulo reside en que el auto no se limita a realizar una afirmación genérica sobre una eventual financiación política. La resolución identifica proveedores, facturas, conceptos y cantidades concretas y analiza la vinculación que cada una de esas empresas tenía con la campaña socialista de 2007.
Metrofilms y la producción audiovisual
Metrofilms habría recibido 141.923,68 euros.
El auto relaciona la empresa con Contexto Moda y Comunicación SL, que habría trabajado como asesora de la campaña del PSOE de 2007.
Las facturas estaban relacionadas con guion, producción y edición de material audiovisual.
La instructora considera este pago uno de los elementos que permiten establecer una conexión entre los fondos canalizados por Gigante y servicios utilizados dentro de la campaña electoral socialista.
Ingraval y el programa autonómico
Otro de los capítulos particularmente significativos corresponde a Industria Gráfica Valenciana, Ingraval.
Gigante habría pagado a esta empresa 120.004 euros, repartidos en cuatro facturas.
Según el auto, Ingraval había recibido del PSOE el encargo de editar el programa autonómico de las elecciones de 2007.
La instructora contrapone esa cantidad con el gasto que habría sido declarado electoralmente por el partido correspondiente a esa empresa: 19.000,18 euros.
La diferencia es utilizada por la investigación como uno de los indicios de que determinados trabajos electorales habrían sido sufragados por terceros y no directamente por las cuentas oficiales de campaña.
80.000 chapas, 250.000 globos y material para Carmen Alborch
El capítulo de Cronosport resulta especialmente gráfico.
Gigante pagó 33.367,08 euros a esta empresa.
Pero según la resolución, el pedido correspondía en realidad a material encargado por Contexto Moda y Comunicación para la campaña de Carmen Alborch, candidata socialista a la Alcaldía de Valencia en 2007.
El pedido incluía 80.000 chapas, 125.000 globos blancos, 125.000 globos rojos, 5.000 llaveros, alrededor de 1.000 kilos de caramelos y 500 camisetas, además de otros productos promocionales.
La relevancia judicial del episodio reside en que conecta el pago realizado por una empresa del supuesto circuito financiero con material identificable de una campaña electoral concreta.
La aparición de Carmen Alborch en este episodio se produce por su condición de candidata y destinataria política de la campaña. El auto no le atribuye por ese hecho la recepción personal de dinero ni implica que tuviera conocimiento de la procedencia de los fondos.
Publipress: folletos y vallas
Gigante habría pagado también 87.105,70 euros a Publipress Técnicos Asociados.
Según el auto, las facturas estaban relacionadas con la elaboración de folletos y vallas correspondientes a la campaña electoral socialista de 2007.
La instructora vuelve así a identificar no solo una transferencia económica, sino un servicio electoral concreto.
La sorprendente operación con Unión Valenciana
Uno de los episodios más políticamente llamativos de todo el auto es el relacionado con Unión Valenciana.
La investigación sostiene que KEY fue contratada para realizar trabajos electorales vinculados a esta formación: impresión de candidaturas, folletos, cartas y sobres destinados al buzoneo.
Pero la resolución sostiene que quien habría realizado el encargo sería Francisco Martínez Rico, entonces tesorero del PSOE, y que las facturas debían emitirse a nombre de Gigante Edificaciones y Obras.
El objetivo que atribuye la investigación a aquella operación resulta especialmente revelador.
Según el auto, se pretendía facilitar la campaña de Unión Valenciana para que pudiera restar votos al Partido Popular.
De confirmarse judicialmente esa hipótesis, la operación tendría una dimensión política particularmente significativa.
El supuesto entramado no se habría limitado a pagar indirectamente gastos de la propia campaña socialista. También habría financiado acciones destinadas a favorecer electoralmente a un tercer partido con la expectativa de debilitar al principal adversario del PSOE.
Es decir, la estrategia que describe la instructora tendría dos vertientes.
Por una parte, sufragar publicidad y materiales utilizados directamente por el PSOE.
Por otra, impulsar determinadas actuaciones de Unión Valenciana para intentar arañar votos al PP.
Gigante Edificaciones, la sociedad pantalla
Gigante Edificaciones y Obras aparece como una de las sociedades fundamentales dentro de todo el circuito.
El auto considera que habría funcionado como una sociedad interpuesta utilizada para recibir fondos, emitir o aceptar facturas sin correspondencia con servicios reales y posteriormente redistribuir determinadas cantidades.
La investigación destaca que Gigante tenía una estructura empresarial reducida y que buena parte de los conceptos publicitarios que aparecen en sus movimientos económicos no tendrían correspondencia con una actividad publicitaria real desarrollada por la sociedad.
Uno de los datos utilizados por la instructora para fundamentar sus sospechas es la diferencia entre las cantidades facturadas como publicidad y el coste real de promoción del PAI de El Espartal.
Según el auto, Espacios Urbanos de Jijona declaró en 2007 pagos a Gigante por 730.822,52 euros en concepto de publicidad.
Sin embargo, el gasto publicitario real asociado al PAI habría ascendido únicamente a 23.104,54 euros.
La diferencia supera ampliamente los 700.000 euros.
El circuito del dinero
El auto reconstruye también lo que considera el circuito financiero completo.
En origen aparece Construcciones Valencia Constitución SL, sociedad vinculada a Febrer.
Desde ahí, el dinero habría pasado a Espacios Urbanos de Jijona SL, filial de la anterior.
La resolución señala que en julio de 2007 Espacios Urbanos recibió 725.000 euros de CVC.
Posteriormente aparecen pagos y facturas hacia Gigante Edificaciones y Obras.
Desde Gigante, el dinero habría seguido tres caminos diferentes.
Una parte habría terminado en Vera Llorens SLU.
Otra habría sido utilizada para pagar los 484.480,46 euros correspondientes a proveedores relacionados con actividades electorales.
Y una tercera parte habría sido retirada directamente en efectivo.
Más de dos millones retirados en efectivo
La dimensión económica del circuito investigado se aprecia especialmente en las retiradas de dinero en metálico.
El auto recoge retiradas en efectivo de 870.160 euros durante 2006 y 1.233.363 euros durante 2007, atribuidas a personas relacionadas con la gestión de Gigante.
En total, más de 2,1 millones de euros en efectivo en apenas dos ejercicios.
Para la instructora, la utilización del efectivo es otro de los elementos que dificultaban seguir el rastro final del dinero.
Los 261.000 euros hacia Vera
Entre los movimientos concretos destaca una transferencia de 261.000 euros realizada el 7 de junio de 2007.
Según el auto, seis días después esa cantidad terminó en Vera Llorens SLU.
La operación es especialmente relevante porque vincula directamente la estructura de Gigante con una sociedad controlada por José Luis Vera.
Vera y 1,44 millones de euros
La posición procesal de Vera es una de las más comprometidas dentro de este tramo de la causa.
La instructora le atribuye dos grandes cantidades: 940.000 euros y 500.000 euros.
En total, 1,44 millones de euros.
El auto sostiene que Vera no mantenía una relación laboral con las administraciones implicadas ni habría prestado servicios que justificasen semejantes cantidades.
La tesis judicial es que habría cobrado por desplegar su influencia y conseguir voluntades dentro de instituciones gobernadas por el PSOE.
Para dotar de apariencia contractual a esos pagos se habrían utilizado, según la resolución, contratos que la instructora considera simulados.
Uno habría sido suscrito entre Febrer y Vera.
El segundo habría vinculado a Gigante Edificaciones y Obras con Vera Llorens SLU, sociedad constituida el 17 de abril de 2007.
La jueza destaca además la existencia de comunicaciones previas entre Vera y Febrer sobre ambos contratos.
Los informes policiales sitúan a Vera también alrededor de otras operaciones investigadas, entre ellas las denominadas "Colegios", el propio El Espartal, Desierto de las Palmas, en Benicàssim, y La Capella, en Burjassot.
La UCO sostiene además que entre 2007 y 2012 Vera habría recibido, directamente o a través de Vera Llorens SLU, 1.034.186,36 euros procedentes del Grupo Axis.
Los 107.000 euros del chalet de Dos Aguas
El auto también analiza determinados movimientos patrimoniales de Vera y de su esposa.
Según la resolución, desde una cuenta de Vera se transfirieron 107.000 euros a otra cuenta personal de titularidad conjunta del matrimonio.
Dos días más tarde, desde esa cuenta se enviaron otros 107.000 euros a Estructuras, Viviendas y Carreteras como segundo pago correspondiente a la construcción y reforma de un inmueble propiedad del matrimonio en Dos Aguas.
La instructora relaciona este episodio con diligencias anteriores abiertas en torno a un posible delito de cohecho por unas obras realizadas en aquel inmueble.
Aquella investigación terminó archivándose en 2010 una vez articulados determinados pagos a la constructora.
Rafael Rubio, otra pieza política central
El segundo gran nombre socialista que aparece en el auto es Rafael Rubio Martínez.
Rubio fue concejal del Ayuntamiento de Valencia entre 1996 y 2011 y portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Entre 2003 y 2007 ejerció como principal líder de la oposición frente al gobierno municipal de Rita Barberá.
Posteriormente fue diputado autonómico, vicesecretario del PSPV de la provincia de Valencia y miembro del Comité Nacional socialista.
En julio de 2020 fue nombrado subdelegado del Gobierno en Valencia.
Su etapa terminó en mayo de 2021, cuando fue cesado tras aflorar su implicación en la investigación del caso Azud.
El nuevo auto mantiene a Rubio dentro del procedimiento y relaciona su nombre con anotaciones, reuniones, regalos y movimientos económicos.
Las letras "R" y "RR"
Uno de los elementos que destaca la instructora son varias anotaciones encontradas dentro de la documentación investigada.
En ellas aparecen las letras "R" y posteriormente "RR", que la resolución atribuye a Rafael Rubio.
Junto a esas iniciales aparecen cantidades económicas.
El auto vincula inicialmente a Rubio con 300.000 euros, cifra que en otras anotaciones llegaría hasta los 700.000 euros.
La jueza no analiza esos apuntes de manera aislada, sino dentro del conjunto documental utilizado para reconstruir lo que considera una estructura de pagos, favores y contraprestaciones.
Los regalos de Navidad
Otro de los capítulos son los denominados regalos de Navidad que Jaime Febrer habría realizado durante años a personas relacionadas con distintas administraciones.
Rubio aparece en esa documentación desde 2002.
En aquella anualidad figura junto a José Luis Vera y Pepe Cataluña bajo referencias vinculadas al PSOE, con un regalo consistente en vino valorado en 119,28 euros.
En años posteriores aparecen otros obsequios.
En 2003 figura un estuche.
En 2004, un portafolios.
La resolución menciona asimismo cajas de vino y champagne francés y recoge que determinados regalos destinados a personas del entorno socialista eran entregados en la sede del PSOE de la calle Blanquerías.
El valor económico de cada regalo por separado no constituye la cuestión fundamental para la investigación.
La jueza los sitúa dentro de una dinámica continuada de relaciones con políticos y funcionarios cuyo objetivo habría sido, según la hipótesis judicial, favorecer los intereses empresariales de Axis, evitar obstáculos administrativos o silenciar determinadas actuaciones.
Rubio denunció públicamente una operación de Febrer
Uno de los episodios más paradójicos que recoge el auto tuvo lugar en septiembre de 2005.
Rafael Rubio compareció públicamente para denunciar una operación urbanística en la que intervenía Construcciones Valencia Constitución, sociedad vinculada a Febrer.
El entonces portavoz socialista habló de unas plusvalías del 196 %, denunció una supuesta existencia de información privilegiada y trato de favor y llegó a exigir a Rita Barberá que investigara determinados "pelotazos urbanísticos".
La cuestión adquiere relevancia porque, poco después, Rubio terminó reuniéndose con Febrer.
El 21 de septiembre de 2005 tuvo lugar una comida en la que participaron Jaime Febrer, Rafael Rubio, Pepe Cataluña y José Luis Vera.
Según la resolución, una de las cuestiones abordadas fueron precisamente las informaciones que Rubio había hecho públicas.
La instructora sostiene que Febrer pretendía evitar nuevas publicaciones periodísticas y el riesgo de que aquellas operaciones desembocaran en una investigación municipal.
En ese contexto, la resolución plantea la posibilidad de que se intentara alcanzar algún tipo de pacto o entendimiento.
La imagen que proyecta el auto resulta particularmente llamativa: Rubio aparece primero denunciando públicamente determinados intereses empresariales y posteriormente manteniendo reuniones con el empresario y con otros interlocutores socialistas.
197.256 euros en 77 ingresos en efectivo
Uno de los elementos económicos más relevantes relacionados con Rubio se encuentra en sus cuentas bancarias.
El auto sostiene que Rafael Rubio y su esposa realizaron ingresos en efectivo en cuentas conjuntas por un total de 197.256 euros.
La resolución contabiliza 77 imposiciones en efectivo entre 2007 y 2013.
Según la instructora, esos ingresos fueron realizados por el propio Rubio.
La resolución los vincula con la hipótesis de ocultación del origen del dinero investigado.
La defensa de Rubio ha cuestionado estas conclusiones y solicitó durante la instrucción nuevas diligencias relacionadas con movimientos bancarios y determinados expedientes, pero esas peticiones no fueron admitidas en esta fase.
Joan Navarro, la pieza institucional
La situación de Joan Navarro Martínez es diferente a la de Vera y Rubio.
Su papel aparece fundamentalmente relacionado con Acuamed y con la búsqueda de una solución al problema de agua de El Espartal.
La instructora sostiene que Navarro, en su calidad de director de Relaciones Institucionales, mantuvo contactos con Vera y participó en las comunicaciones destinadas a articular un acuerdo entre Acuamed y Xixona.
El auto considera que su intervención habría facilitado que el proyecto no quedara paralizado por la falta de recursos hídricos.
Pero existe una precisión importante.
La resolución no sostiene, en los pasajes relativos a la financiación electoral, que Navarro recibiera personalmente los 484.480,46 euros destinados a los proveedores.
Su conexión es institucional y funcional.
La secuencia sería:
Navarro → Acuamed → solución hídrica → beneficio para Febrer → supuesto peaje → gastos electorales.
No debe confundirse ese vínculo con una atribución personal de recepción del dinero.
Una causa que también alcanza al entorno del PP de Rita Barberá
Aunque el capítulo de financiación electoral que describe el auto coloca el foco especialmente sobre el PSPV-PSOE y su campaña de 2007, el caso Azud no es una investigación exclusivamente socialista.
La causa alcanza asimismo a figuras vinculadas al gobierno municipal del Partido Popular de Valencia.
Entre ellas se encuentra Alfonso Grau, vicealcalde durante la etapa de Rita Barberá y durante años considerado el auténtico número dos de su gobierno.
Su presencia dentro de Azud recuerda que la investigación abarca operaciones desarrolladas durante diferentes momentos, empresas, administraciones y responsables públicos y que el procedimiento no puede reducirse a una única vertiente partidista.
Ahora bien, el auto que acaba de impulsar la causa hacia el Procedimiento Abreviado vuelve a colocar sobre la mesa un capítulo especialmente sensible para el PSPV: el relativo a las campañas electorales y a los gastos que, según la investigación, fueron sufragados por sociedades ajenas al partido.
De una operación urbanística a una campaña electoral
La principal aportación del auto es precisamente conectar piezas que aparentemente pertenecían a mundos diferentes.
Por un lado estaba un proyecto urbanístico.
Por otro, un problema de suministro de agua.
Después aparecieron intermediarios.
Más tarde entró en escena una empresa pública estatal.
Y finalmente surgieron pagos a proveedores electorales.
La tesis de la instructora es que todos esos elementos no serían episodios aislados.
Formarían parte de una misma cadena de intereses.
Febrer necesitaba que El Espartal pudiera disponer de agua.
Vera habría actuado como intermediario para conseguirlo.
Navarro habría facilitado desde Acuamed la articulación institucional necesaria.
El empresario habría entendido entonces que debía satisfacer un "peaje".
Y parte de esa contraprestación habría terminado traducida en pagos a empresas que trabajaron para el PSOE durante la campaña de 2007.
Una financiación indirecta, no una transferencia al partido
Esta diferencia es fundamental para comprender el alcance de la acusación.
El auto no sostiene simplemente que una empresa ingresara 484.480,46 euros en una cuenta bancaria del PSPV.
La hipótesis es diferente.
Una sociedad del entramado habría pagado directamente facturas de empresas proveedoras.
Es decir:
dinero empresarial → sociedad interpuesta → proveedor electoral → servicios y materiales para la campaña.
Ese mecanismo permitiría, según la tesis investigadora, financiar actividades políticas sin que el dinero tuviera que pasar formalmente por las cuentas electorales del partido.
Por eso adquieren tanta importancia las facturas.
Por eso se analizan los proveedores.
Y por eso la instructora compara las cantidades facturadas con los gastos que oficialmente habrían sido declarados.
El PSOE y la operación para restar votos al PP
La utilización de Unión Valenciana añade todavía una dimensión más a la investigación.
Según el auto, la estructura no habría servido únicamente para pagar gastos socialistas.
También se habría utilizado para financiar determinadas actividades de UV con la intención de que ese partido pudiera restar sufragios al Partido Popular.
La investigación sitúa aquí una operación electoral indirecta: no financiar al adversario por afinidad ideológica, sino ayudar a una formación que pudiera dividir el voto del bloque contrario.
Es uno de los episodios más singulares del caso porque permite a la jueza plantear que el dinero del entramado no solo habría tenido un destino propagandístico, sino también estratégico.
Los próximos pasos
Con la transformación de la causa en Procedimiento Abreviado, Azud se aproxima a una nueva etapa.
La instrucción considera que existen indicios suficientes para continuar contra numerosos investigados.
Ahora corresponderá a las acusaciones formular sus escritos y decidir para quiénes solicitan la apertura de juicio oral.
Las defensas podrán, a su vez, plantear sus argumentos, recurrir las decisiones que correspondan y solicitar el sobreseimiento.
Será únicamente después, si finalmente se abre juicio oral y se celebra el correspondiente procedimiento, cuando un tribunal pueda determinar qué hechos se consideran probados y qué responsabilidad penal corresponde, en su caso, a cada acusado.
Hasta entonces, todas las personas investigadas mantienen plenamente su presunción de inocencia.
Pero el auto supone ya un salto cualitativo.
Después de años de diligencias, registros, documentación bancaria, correos electrónicos, contratos y declaraciones, la instructora considera que existe material suficiente para dejar atrás buena parte de la investigación y avanzar hacia una eventual acusación formal.
Y en ese enorme expediente emerge con especial fuerza uno de los capítulos políticamente más explosivos: la sospecha de que los beneficios perseguidos por una trama empresarial en una operación urbanística terminaron conectados con casi medio millón de euros en gastos electorales socialistas y hasta con una estrategia destinada a potenciar a Unión Valenciana para intentar restar votos al PP en las elecciones de 2007.