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Día clave para la legislatura. El Congreso de los Diputados decide este viernes el futuro de dos decretos que introducen algunos de los principales cambios planteados por el Gobierno en materia de vivienda y alquiler. Propietarios, inquilinos, fondos de inversión, compradores de primera vivienda y pisos turísticos se verían afectados por unas medidas que están en vigor desde su publicación en el BOE, pero que necesitan ser convalidadas por la Cámara Baja para mantenerse.
El pleno extraordinario se celebra tras el caso Maricarmen y la acampada en la Plaza del Sol de Madrid. La sesión tiene únicamente dos asuntos sobre la mesa: la convalidación o derogación de los reales decretos 26/2026 y 27/2026. El primero reúne un amplio paquete para intervenir sobre el mercado de la vivienda, mientras que el segundo modifica las reglas sobre la duración y renovación de los contratos de alquiler habitual.
Junts ha anunciado que votará en contra de ambos textos si el Gobierno no los retira y vuelve a negociar, una petición que el Ejecutivo ha rechazado. PP y Vox también se oponen, por lo que los decretos afrontan el pleno sin los apoyos necesarios para garantizar su continuidad. Para ser convalidados necesitan obtener más votos favorables que contrarios.
Sánchez puede pulsar el botón electoral
La trascendencia de la jornada va, sin embargo, más allá de la vivienda. Una derrota en los dos decretos volvería a evidenciar las dificultades del Gobierno para construir mayorías y ha llevado a sectores del PSOE y del propio Ejecutivo a plantearse abiertamente si ha llegado el momento de adelantar las elecciones generales.
Según publica El País este viernes, dirigentes del PSOE y ministros del Gobierno consideran que Pedro Sánchez debería convocar elecciones si Junts mantiene su rechazo y provoca la caída de los decretos. La decisión corresponde exclusivamente al presidente y, por el momento, no existe ninguna convocatoria anunciada.
Sánchez elevó este jueves la presión sobre los partidos que rechazan las normas al asegurar que ha llegado "la hora de la verdad" y emplazar a PP, Vox y Junts a decidir si están "con la mayoría social o con los especuladores". El PP, por su parte, ha respondido reclamando directamente elecciones.
¿Qué cambiarían los decretos?
El primero de los textos contiene el grueso de las medidas. Entre las más relevantes está la protección hasta finales de 2030 frente a determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, con excepciones para proteger también a pequeños propietarios vulnerables.
También permite a determinados inquilinos cuyos contratos finalicen antes de 2029 solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años, introduce regulación sobre los alquileres de temporada y por habitaciones y establece restricciones temporales a determinadas compras de vivienda por parte de fondos y sociedades.
En materia fiscal, contempla medidas sobre pisos turísticos, viviendas vacías, SOCIMI y vivienda protegida, además de incentivos vinculados al alquiler. Algunas de estas disposiciones, no obstante, solo tendrían efectos en los territorios que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado.
Otra de las novedades es TU CASA, un mecanismo público dirigido a facilitar la compra de la primera vivienda mediante préstamos que pueden cubrir hasta el 20% del precio, con un máximo de 50.000 euros, al 0% de interés y sin comisiones.
Contratos de alquiler más largos
El segundo decreto se centra específicamente en la duración de los contratos de alquiler habitual. La reforma pretende que, una vez alcanzados los cinco años de contrato —siete si el arrendador es una persona jurídica—, puedan encadenarse nuevas prórrogas por periodos equivalentes.
También amplía de cuatro a seis meses el preaviso del propietario para comunicar que no quiere renovar y contempla una indemnización para el inquilino en determinados supuestos cuando sea el arrendador quien ponga fin al contrato.
Precisamente este segundo texto tiene todavía más dificultades parlamentarias, ya que PNV y Coalición Canaria, que sí respaldan el principal paquete de vivienda, han anunciado su rechazo. Podemos, en cambio, confirmó que votará favorablemente a ambos decretos pese a considerarlos insuficientes.
Junts justifica su negativa alegando, entre otras razones, que las medidas pueden perjudicar al pequeño propietario y terminar reduciendo la oferta de vivienda. El Gobierno sostiene lo contrario y defiende que las normas amplían la protección de los inquilinos, dificultan los desahucios sin alternativa habitacional y actúan frente a determinadas prácticas especulativas.