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Los requisitos de empadronamiento para acceder a la Renta Valenciana de Inclusión y la obligación de llevar el rostro descubierto en el transporte público son dos de las medidas de la Generalitat que el Gobierno central quiere llevar ante el Tribunal Constitucional. El Consejo de Ministros ha acordado este martes, 10 de noviembre, solicitar a Pedro Sánchez que recurra 20 de los 200 artículos de la ley valenciana de acompañamiento a los presupuestos de 2026.
La norma, aprobada en julio por Les Corts con los votos de PP y Vox y el rechazo de PSPV y Compromís, incorporó la denominada «prioridad nacional» a la legislación valenciana sobre vivienda y servicios sociales. El recurso anunciado también cuestiona cambios en materia de educación, infancia, función pública y energías renovables.
Qué papel tiene el padrón en el acceso a las ayudas
La ley introduce el arraigo en la Comunitat Valenciana como criterio de prioridad en el acceso a recursos públicos, entre ellos la vivienda protegida y las prestaciones sociales. En el caso de la Renta Valenciana de Inclusión, la reforma fija un requisito de empadronamiento de tres años continuados o de diez años dentro de los últimos treinta. La ley también encarga al Consell desarrollar por reglamento un periodo mínimo reforzado de arraigo y empadronamiento y criterios vinculados a la trayectoria de cotización.
El Ejecutivo central sostiene que condicionar el acceso a estos recursos al arraigo territorial puede vulnerar el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución. Según su argumentación, la diferencia de trato puede afectar tanto a personas extranjeras como a españolas que no acrediten la vinculación exigida con la Comunitat Valenciana.
Dónde exige la ley llevar el rostro descubierto
La medida conocida como veto al burka se formula en la ley como la obligación de mantener el rostro sustancialmente descubierto en determinados ámbitos. Afecta, entre otros supuestos, a quienes utilizan el transporte público, al alumnado durante la jornada escolar y al acceso y la permanencia en centros sanitarios y recintos de espectáculos. La norma también incorpora esta obligación al desempeño de funciones públicas y prevé infracciones en varios de estos ámbitos.
El Gobierno considera que estas disposiciones pueden tener un efecto discriminatorio y que, según el ámbito, invaden competencias estatales como las de seguridad pública, transporte, sanidad o regulación básica de la función pública.
De las aulas a los proyectos de renovables
El recurso anunciado alcanza también los cambios sobre la promoción de la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI en los centros educativos. El Gobierno sostiene que la norma valenciana convierte en opcionales actuaciones que la legislación básica estatal establece como obligatorias. También cuestiona la extensión de la protección del derecho a la vida a los no nacidos, al considerar que puede obstaculizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Otro de los puntos se refiere a la prioridad que la ley concede a la reagrupación familiar de los menores tutelados. El Ejecutivo entiende que, en el caso de los menores extranjeros no acompañados, la medida afecta a decisiones sobre su permanencia o retorno y entra en una materia de competencia estatal.
La impugnación incluye además el requisito de diez años de antigüedad para que funcionarios de otras administraciones opten a puestos de la Dirección Pública Profesional de la Generalitat, así como disposiciones sobre proyectos estratégicos de energías renovables. En este último caso, el Gobierno alega una invasión de competencias estatales en materia de medio ambiente, energía y planificación económica.