La Generalitat afrontará 2026 con un presupuesto de 33.305 millones de euros, un 3,1% más que el ejercicio anterior, en unas cuentas que combinan el refuerzo de las políticas sociales con nuevas rebajas fiscales y que llegan tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para garantizar su aprobación en Les Corts.
El proyecto presupuestario presentado este viernes por el Consell supone el primero elaborado bajo la presidencia de Juanfran Pérez Llorca y marca la hoja de ruta del Ejecutivo valenciano para la segunda mitad de la legislatura. Más allá de las cifras, las cuentas reflejan tres prioridades: reforzar el gasto en educación, sanidad y vivienda; mantener la estrategia de reducción de impuestos impulsada por el Gobierno autonómico; y volver a poner el foco sobre la infrafinanciación que denuncia la Comunitat Valenciana.
Según defendió el president durante la presentación del proyecto, ocho de cada diez euros del presupuesto se destinarán a políticas sociales, una cifra con la que el Consell busca evidenciar que el crecimiento del gasto se concentra en los servicios públicos esenciales.
Interiorizar el acuerdo con Vox
La aprobación de las cuentas llega apenas unos días después del acuerdo alcanzado entre PP y Vox, que ha permitido desbloquear la tramitación parlamentaria de los presupuestos de 2026.
Aunque el debate político de los últimos días ha girado en torno a algunas de las exigencias planteadas por Vox, especialmente en materia de acceso a ayudas públicas y vivienda, el contenido económico presentado por el Consell mantiene el foco en el gasto social, la inversión y las rebajas fiscales.
El acuerdo permite además al Ejecutivo valenciano afrontar con mayor estabilidad la segunda parte de la legislatura, una circunstancia especialmente relevante en un momento en el que la Generalitat continúa gestionando actuaciones vinculadas a la recuperación tras la dana y reclama una mejora de su financiación.
Educación concentra casi la mitad del aumento
Si hay un departamento que sobresale en las cuentas de 2026 es Educación. La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades dispondrá de 7.749 millones de euros, 450 millones más que el año anterior, lo que supone casi la mitad de todo el incremento presupuestario.
El presupuesto incorpora los compromisos adquiridos con el sector educativo, entre ellos las mejoras retributivas para el profesorado, nuevas inversiones en infraestructuras y el refuerzo de los recursos destinados a inclusión educativa.
La Generalitat prevé destinar 372 millones de euros a infraestructuras educativas, con actuaciones a través del Pla Edificant, los programas de climatización de centros y otras intervenciones de mejora. Además, el Consell sostiene que la inversión por alumno alcanzará los 7.600 euros, situando a la Comunitat Valenciana entre las autonomías con mayor gasto educativo por estudiante.
Sanidad mantiene el mayor peso presupuestario
La sanidad seguirá siendo el principal capítulo del presupuesto autonómico. La Conselleria de Sanidad dispondrá de 9.453 millones de euros, lo que representa el 36% del presupuesto global de la Generalitat.
Entre las principales actuaciones previstas figuran el refuerzo de la Atención Primaria, la ampliación de plantillas, nuevas inversiones hospitalarias y el incremento del gasto farmacéutico.
Las cuentas contemplan la construcción del nuevo hospital de Ontinyent, las ampliaciones de los hospitales de Orihuela y Clínico de Valencia, así como la puesta en marcha de nuevos recursos asistenciales.
Vivienda y dependencia ganan protagonismo
Otro de los ámbitos que experimentan un crecimiento significativo es el de la vivienda. El Consell destaca que se trata de la mayor dotación de los últimos años, con un incremento cercano al 15% respecto a 2025.
La Generalitat prevé destinar recursos a ampliar el parque público, impulsar promociones de vivienda asequible y continuar algunas actuaciones vinculadas a la recuperación de las zonas afectadas por la dana.
En paralelo, los servicios sociales aumentan su presupuesto hasta los 2.732 millones de euros. El Ejecutivo autonómico prevé alcanzar las 200.000 personas beneficiarias del sistema de dependencia antes de finalizar el año y crear 400 nuevas plazas sociosanitarias para personas mayores.
Menos impuestos como seña de identidad
Junto al incremento del gasto social, el Consell mantiene una de las líneas políticas que ha caracterizado la legislatura: la reducción de la presión fiscal.
A partir del próximo 1 de junio entrará en vigor la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de inmuebles, que pasa del 10% al 9%, así como una bonificación del 25% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para hermanos, tíos y sobrinos.
La Generalitat calcula que ambas medidas supondrán un ahorro superior a los 100 millones de euros para los contribuyentes valencianos.
La infrafinanciación, el argumento transversal
Más allá de las partidas concretas, la principal reivindicación política que acompaña a las cuentas vuelve a ser la financiación autonómica.
El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, insistió durante la presentación en que la Comunitat Valenciana continúa siendo la autonomía peor financiada de España y vinculó directamente esta situación con el elevado volumen de deuda acumulada por la Generalitat, que supera los 63.900 millones de euros.
Según los cálculos del Consell, alrededor del 80% de esa deuda tendría su origen en la infrafinanciación estructural que arrastra la Comunitat Valenciana desde hace años.
La reclamación de una reforma del sistema de financiación vuelve así a convertirse en uno de los ejes argumentales del Gobierno valenciano, que defiende que la mejora de los servicios públicos y la reducción del déficit pasan necesariamente por una mayor aportación de recursos por parte del Estado.
Las primeras reacciones
Las cuentas iniciarán ahora su recorrido parlamentario en Les Corts, donde los distintos consellers comparecerán la próxima semana para explicar el contenido de sus respectivos departamentos.
Mientras el Consell defiende que se trata de un presupuesto centrado en reforzar los servicios públicos y consolidar la recuperación económica, desde la oposición ya se han cuestionado algunos de los compromisos alcanzados con Vox para facilitar la aprobación de las cuentas.
También han surgido las primeras críticas sindicales. CCOO denunció este viernes que el proyecto no incorpora medidas específicas para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los empleados públicos más allá de los incrementos salariales previstos por la normativa estatal.
Con todo, el proyecto inicia ahora una tramitación parlamentaria que se prolongará durante las próximas semanas y que permitirá comprobar hasta qué punto el acuerdo entre PP y Vox se mantiene sólido hasta la aprobación definitiva de las cuentas prevista para julio.