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Segunda condena al conseller de Sanidad por no facilitar datos sobre los pagos a la privada

El TSJCV considera que Marciano Gómez vulneró el derecho de una diputada del PSPV al no detallar el gasto en empresas sanitarias privadas y le da un mes para entregar la información

EFE
En la imagen, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. EFE/Biel Aliño /archivo
En la imagen, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. EFE/Biel Aliño /archivo

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El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha recibido una segunda condena del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por no facilitar al grupo socialista información sobre los pagos a las empresas de la sanidad privada. La sentencia considera que la respuesta ofrecida por la Conselleria a una petición de documentación parlamentaria vulneró el derecho fundamental de una diputada del PSPV a ejercer sus funciones como representante pública.

La resolución, dictada por la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, estima que la información remitida por el conseller no respondía a lo solicitado por la portavoz socialista de Sanidad, Yaissel Sánchez. En concreto, el tribunal considera que la omisión de determinados datos fue contraria al ordenamiento jurídico y vulneró el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Como consecuencia, la sentencia reconoce el derecho de la diputada a recibir la documentación solicitada y establece un plazo de un mes para que la Conselleria de Sanidad la remita a Les Corts.

La petición del PSPV reclamaba el gasto de la Conselleria en contrataciones y derivaciones a empresas privadas de 16 departamentos de salud durante 2024, 2025 y 2026, así como el porcentaje que representaban estos pagos sobre el presupuesto total de cada departamento entre 2022 y 2026.

Sin embargo, Gómez respondió con cifras agrupadas por periodos de dos años, sin diferenciar los ejercicios, y alegó que el cambio de sistema contable impedía ofrecer un desglose anual. También aportó porcentajes correspondientes al conjunto del quinquenio, al considerar que la solicitud era confusa.

Además, la documentación no incluía el detalle de los conceptos, servicios e importes abonados a las empresas privadas ni el número y tipo de pruebas diagnósticas y servicios sanitarios derivados por especialidades, junto con sus correspondientes costes.

Segunda condena en menos de dos meses

Esta es la segunda vez que el TSJCV condena al conseller por una cuestión similar. La primera sentencia llegó a finales de septiembre, cuando el tribunal estimó otro recurso socialista por no facilitar información sobre las cantidades abonadas a cada centro sanitario privado por intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y lecturas e informes asociados durante 2024 y 2025.

Tras conocerse la nueva resolución, el síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, ha acusado al conseller de llevar a cabo "maniobras inadmisibles" para ocultar el gasto destinado a la sanidad privada. Muñoz ha criticado que el Gobierno valenciano no detalle las cantidades mientras, según ha denunciado, "los valencianos sufren la degradación de la sanidad pública".

El dirigente socialista también ha cuestionado el argumento del cambio de sistema contable para justificar la falta de desglose, al recordar que la información económico-presupuestaria de la Generalitat y las propias memorias de gestión de Sanidad se elaboran por anualidades.

Sanidad defiende su actuación

Por su parte, la Conselleria de Sanidad ha reiterado a EFE su compromiso con la transparencia y el derecho de información de los representantes parlamentarios. El departamento sostiene que no ha dejado de responder "ni una sola solicitud de información desde el inicio de la legislatura".

Respecto a la sentencia, Sanidad asegura que sí facilitó los datos sobre el gasto sanitario solicitado, aunque el tribunal considera que debían haberse presentado con un mayor nivel de desglose. Asimismo, destaca que la resolución reconoce la existencia de "serias dudas jurídicas" y no impone las costas procesales a la Administración.

La Conselleria estudiará el alcance de una sentencia que todavía no es firme y defiende que continuará trabajando para garantizar que la información parlamentaria se facilite con las garantías técnicas y jurídicas necesarias. También recuerda que, desde julio de 2023, los tribunales solo han estimado dos recursos del grupo socialista y que en ambos casos reconocen que se había facilitado información, aunque requería un mayor desglose.

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