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El Tribunal Supremo reclama 647.000 euros al exministro valenciano José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por las mordidas vinculadas a los contratos públicos de mascarillas. Los magistrados han abierto la ejecución de la sentencia que condenó a los tres y les han concedido un plazo de 15 días para hacer frente a los pagos.
Según la resolución judicial, las cantidades incluyen las multas impuestas a cada condenado, el decomiso del dinero obtenido mediante el delito de cohecho y las indemnizaciones a las empresas públicas afectadas.
En concreto, Ábalos deberá abonar 52.500 euros en multas, mientras que Koldo García tendrá que pagar 45.750 euros. Por su parte, el empresario Víctor de Aldama deberá hacer frente a una sanción económica de 75.000 euros.
A estas cantidades se suman 430.298 euros que los tres deberán devolver conjuntamente, correspondientes a los beneficios obtenidos mediante el delito de cohecho.
Indemnizaciones por la contratación de Jéssica Rodríguez
La sentencia también establece que Ábalos y Koldo García deberán indemnizar conjuntamente a Ineco y Tragsatec, dos empresas públicas, por la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro y exdiputado por Valencia.
En concreto, tendrán que abonar 34.450 euros a Ineco y otros 9.500 euros a Tragsatec por este concepto.
El Supremo establece que, una vez transcurridos los 15 días concedidos para realizar los pagos, iniciará la vía de apremio en el caso de las multas y las indemnizaciones.
El Supremo fija las condiciones de las condenas de prisión
La Sala también ha aprobado las liquidaciones de condena correspondientes a las penas de prisión de Ábalos y Koldo García. El tribunal fija en 15 años y 18 meses el tiempo máximo de cumplimiento para el exministro, mientras que para su antiguo asesor establece un límite de 15 años.
En cuanto a Víctor de Aldama, el único de los tres que permanece en libertad, los magistrados le obligan a comparecer cada seis meses ante el tribunal para informar sobre sus actividades laborales, mercantiles y empresariales.
Además, dispone de 15 días para ratificar su consentimiento a realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
El Supremo recuerda que estas dos condiciones están directamente relacionadas con la suspensión de la ejecución de la pena de cuatro años y medio de prisión que se le impuso por su colaboración con la Justicia.