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La Red Española de Desarrollo Rural (REDR) ha advertido de que España corre el riesgo de desmantelar una estructura de vertebración territorial construida durante los últimos 35 años si no se blinda la financiación del programa europeo LEADER. La organización lanza esta alerta en pleno proceso de negociación del próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034) de la Unión Europea, que definirá las prioridades políticas del continente y se encuentra actualmente en una fase decisiva.
Según REDR, los grandes desafíos a los que se enfrenta Europa están relegando los retos de cohesión territorial. La nueva arquitectura presupuestaria supone una amenaza para LEADER y el Desarrollo Local Participativo (CLLD), ante el riesgo de diluir su financiación y perder su carácter específico. Sin una reserva de fondos explícita y protegida por reglamento, el desarrollo rural quedaría a merced de prioridades nacionales centralizadas de mayor visibilidad política.
Una cuestión de Estado
REDR, que representa a cerca de dos centenares de entidades rurales en toda España, reitera que esta garantía de financiación no es una reclamación exclusiva de las zonas rurales, sino una cuestión de Estado que afecta directamente a la ciudadanía urbana. El medio rural produce los alimentos que llegan a las ciudades, protege recursos naturales esenciales, mantiene vivo el patrimonio y la cultura, y contribuye al equilibrio territorial y la cohesión social del país.
Tres demandas a Bruselas
Ante este escenario, la organización reclama tres medidas para la nueva arquitectura de los fondos europeos. En primer lugar, un blindaje presupuestario de LEADER con una reserva mínima obligatoria del 5% de los recursos financieros reservados para las áreas rurales, lo que para España representaría unos 1.300 millones de euros para todo el periodo de siete años, en torno a 185 millones de euros anuales.
En segundo lugar, REDR pide garantizar el carácter obligatorio y diferenciado del programa en toda la Unión Europea, al considerar que LEADER es el único instrumento comunitario que opera como política activa de la economía, generadora de empleo y de fijación poblacional. Por último, la organización exige mantener a los Grupos de Acción Local (GAL) como la estructura responsable de aplicar el programa, evitando reducir su papel a "meros tramitadores administrativos".
"Un error histórico irreversible"
El presidente de REDR, Rafael Llamas, ha subrayado que los Grupos de Acción Local "han sido los verdaderos protagonistas de las mayores transformaciones que ha vivido el medio rural español en las últimas décadas" y ha advertido de que desmantelar esta red "no es un simple cambio administrativo; es un error histórico irreversible que no se puede volver a reconstruir de la noche a la mañana".
Por su parte, la vicepresidenta primera de REDR, Juana María Martínez, ha puesto en valor la rentabilidad social y económica del programa, ya que por cada euro público invertido, LEADER es capaz de movilizar hasta tres euros de inversión total, habiendo generado o consolidado más de 72.000 empleos directos en los últimos diez años en España a través de una inversión pública de 1.200 millones de euros.
REDR y ELARD continuarán su labor de interlocución ante el Gobierno de España, el Parlamento Europeo y las distintas instituciones para blindar el presupuesto del programa LEADER y garantizar su carácter obligatorio.