El juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos ha quedado visto para sentencia tras catorce jornadas celebradas en el Tribunal Supremo, en un proceso que deberá resolver si existió una trama corrupta vinculada a contratos de mascarillas durante la pandemia y cuál fue el papel desempeñado por el empresario Víctor de Aldama.
Durante casi un mes, el Supremo ha juzgado a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama, acusados de integrar una presunta organización criminal destinada a favorecer adjudicaciones públicas y otras gestiones a cambio de comisiones.
Ábalos y Koldo García han asistido diariamente al juicio desde la prisión de Soto del Real, donde permanecen encarcelados por riesgo de fuga, mientras que Aldama ha centrado buena parte de la atención por su estrategia de colaboración con la Justicia. El empresario ha implicado directamente a los otros acusados y busca beneficiarse de una rebaja de condena para evitar volver a prisión.
Ahora, los siete magistrados del alto tribunal deberán deliberar y redactar una sentencia para la que no existe un plazo concreto, aunque distintas fuentes apuntan a que podría conocerse en aproximadamente un mes o mes y medio.
Uno de los principales puntos que deberá aclarar la resolución judicial será si existió realmente una organización criminal para favorecer adjudicaciones de contratos de mascarillas en plena pandemia. La Fiscalía sostiene que había un acuerdo “cerrado y privilegiado” entre los acusados para beneficiar a empresas vinculadas a Aldama.
Además de las adjudicaciones sanitarias, el ministerio público considera acreditado que los acusados realizaron otras gestiones favorables para el empresario, entre ellas reuniones relacionadas con licencias de hidrocarburos o el rescate de Air Europa. Tanto Ábalos como Koldo García han negado todas las acusaciones.
Otro de los aspectos centrales del juicio ha sido la supuesta percepción de comisiones ilegales. Las defensas de Ábalos y Koldo García han insistido en que no existe prueba directa sobre el cobro de mordidas ni sobre el supuesto disfrute de chalés vacacionales pagados por Aldama.
La credibilidad del empresario también será clave para el fallo. Mientras la Fiscalía y las acusaciones consideran relevante su colaboración para destapar otras líneas de investigación, las defensas han tratado de desacreditar sus declaraciones y han denunciado contradicciones en su relato.
La sentencia también deberá pronunciarse sobre las contrataciones de Jéssica Rodríguez y Claudia Montes en empresas públicas vinculadas al Ministerio de Transportes, así como sobre el papel de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, investigada en otra causa relacionada.
El conocido como “caso Koldo” mantiene abiertas varias derivadas en la Audiencia Nacional, entre ellas las relacionadas con supuestos amaños de obra pública y sistemas de reembolso de gastos en efectivo dentro del PSOE.
En sus últimas palabras ante el tribunal, Ábalos defendió que tanto él como Koldo García han sufrido un “juicio paralelo” y denunciaron filtraciones y un tratamiento mediático que, a su juicio, les habría condenado antes de conocerse la sentencia judicial.