El conflicto en torno a la planta de biometano proyectada en Llíria da un nuevo paso. El Ayuntamiento de Casinos ha acudido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para impugnar las principales autorizaciones que dieron cobertura al proyecto y reclamar una revisión completa de su tramitación administrativa.
El Consistorio considera que durante el procedimiento no se garantizó adecuadamente su participación institucional, pese a la posible incidencia que la instalación puede tener sobre el municipio y su entorno. Por ello, ha formalizado un recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción autonómica una vez agotadas las posibilidades de actuación en vía administrativa.
Casinos agota la vía administrativa
La decisión llega después de que la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio desestimara el pasado 27 de marzo el recurso de alzada presentado por el Ayuntamiento de Casinos contra la inadmisión de una solicitud de revisión de oficio relacionada con el proyecto.
Tras recibir la notificación el 31 de marzo, el Consistorio ha optado por trasladar el asunto a los tribunales para que sea la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV quien examine la legalidad de las resoluciones adoptadas durante la tramitación.
La interposición del recurso fue autorizada formalmente mediante una resolución de Alcaldía firmada el pasado 26 de mayo, en la que también se acordó el nombramiento de los profesionales encargados de la defensa jurídica municipal.
Qué autorizaciones están en cuestión
El recurso presentado por el Ayuntamiento de Casinos solicita la revisión de los dos principales actos administrativos que permitieron el desarrollo del proyecto.
Por un lado, la Declaración de Interés Comunitario (DIC), aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia el 28 de febrero de 2024. Por otro, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), formulada el 19 de julio de 2024.
El Consistorio solicita la nulidad de ambas resoluciones y defiende que los tribunales analicen si la tramitación se ajustó plenamente a la legalidad vigente y si se respetaron las garantías de participación que corresponden a las administraciones potencialmente afectadas.
Un proyecto rodeado de polémica
La planta de biometano proyectada en el término municipal de Llíria se ha convertido en uno de los proyectos más controvertidos de la comarca durante los últimos meses.
La iniciativa ha generado una importante contestación social e institucional, con la presentación de alegaciones por parte de vecinos, colectivos y administraciones locales, así como diversas movilizaciones en rechazo a la instalación.
Entre las principales preocupaciones expresadas por los detractores del proyecto figuran el posible impacto ambiental, el aumento del tráfico pesado asociado al transporte de residuos y las afecciones sobre los municipios del entorno.
La oposición al proyecto continúa además activa sobre el terreno. La asociación Defensem Camp de Túria i la Serrania ha convocado una nueva concentración de protesta para el próximo 14 de junio a las 12.00 horas en la plaza del Pla de l’Arc de Llíria, con el objetivo de mostrar su rechazo a la instalación de la planta de biometano y reclamar una revisión del proyecto.
Frente a estas críticas, la empresa promotora ha defendido en distintas ocasiones que la planta cumple con todos los requisitos técnicos y ambientales exigidos por la normativa vigente y que la instalación permitirá valorizar residuos orgánicos para producir biometano y fertilizantes, contribuyendo a los objetivos de economía circular y transición energética.
El futuro del proyecto, pendiente de los tribunales
Con la presentación del recurso, el conflicto entra ahora en una nueva fase judicial que podría prolongarse durante meses.
Será el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana quien determine si las autorizaciones concedidas al proyecto se ajustaron a derecho y si la tramitación administrativa respetó todas las garantías exigidas por la normativa.
Mientras tanto, la planta de biometano de Llíria suma un nuevo frente en un debate que continúa abierto tanto en el ámbito político como en el social.