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La contratación de un agente de la Policía Local de Bétera ha abierto un nuevo frente de controversia para el gobierno municipal que encabeza la popular Elia Verdevío. El motivo es la incorporación de un joven que llegó a prestar servicio durante diez días sin haber acreditado documentalmente dos de las condiciones exigidas para ocupar el puesto: contar con la titulación académica correspondiente y disponer del permiso de conducir. El caso, desvelado por elDiario.es, ha provocado la reacción de Compromís, que ha decidido trasladar los hechos a la Agencia Valenciana Antifraude ante las dudas que suscita el procedimiento administrativo seguido por el consistorio.
La polémica tiene su origen en una bolsa de empleo constituida por el Ayuntamiento de Cheste y utilizada posteriormente por Bétera gracias a un acuerdo de colaboración entre ambas administraciones. El convenio permitía recurrir a candidatos seleccionados en otro municipio para cubrir necesidades temporales de personal policial.
En noviembre de 2025, Bétera anunció la incorporación de cinco efectivos a su plantilla. El consistorio presentó los nombramientos como un refuerzo para mejorar la atención ciudadana y los servicios de proximidad. Sin embargo, uno de aquellos agentes abandonó su puesto apenas diez días después, cuando comenzaron a surgir dudas sobre el cumplimiento de las condiciones necesarias para ejercer sus funciones, según adelantó dicho medio.
Una contratación que plantea interrogantes
El aspirante había participado en las pruebas organizadas por Cheste y había superado los ejercicios previstos en aquella fase del procedimiento, pero la documentación posteriormente conocida puso de manifiesto que no constaba la acreditación de todos los requisitos exigidos.
Según publicó elDiario.es, el joven no había justificado disponer del título de Bachillerato ni del permiso de conducir. También surgieron cuestiones relacionadas con la homologación de sus estudios en España.
Pese a ello, llegó a incorporarse a la plantilla municipal de Bétera y a desarrollar tareas propias de un policía interino.
La situación resulta especialmente controvertida por la naturaleza de las responsabilidades que asumen los integrantes de un cuerpo policial, desde la intervención en actuaciones de seguridad hasta la utilización de herramientas y sistemas de información sujetos a controles específicos.
Compromís ha advertido de la posibilidad de que el agente tuviera acceso a bases de datos oficiales durante el tiempo que permaneció en activo, por lo que considera necesario verificar qué consultas pudo efectuar y qué autorizaciones se le concedieron.
En cualquier caso, la presentación de una denuncia ante Antifraude no implica por sí misma que se haya demostrado una actuación ilegal ni que exista responsabilidad de los cargos municipales implicados.
El gobierno local apunta al proceso de selección de Cheste, localidad a la que corespondía la selección inicial, aunque fue finalmente excluido.
Más allá de las diferencias entre partidos, el episodio evidencia la importancia de establecer mecanismos eficaces de supervisión administrativa, especialmente cuando se trata de profesionales encargados de velar por la seguridad pública.