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El Ayuntamiento de Casinos ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra las autorizaciones de la planta de biometanización proyectada en el término municipal de Llíria. El consistorio ha solicitado también la paralización cautelar de los movimientos de tierras, las obras y las actuaciones destinadas a poner en funcionamiento la instalación mientras se resuelve el procedimiento.
Según ha anunciado el alcalde, Miguel Navarré, el Ayuntamiento presentó la pasada semana la primera de las dos demandas previstas contra un proyecto con capacidad para gestionar más de 192.000 toneladas de residuos al año.
El primer edil sostiene que, aunque la planta se ubicaría administrativamente en Llíria, estaría mucho más cerca del núcleo urbano de Casinos.
El alcalde denuncia que Casinos no fue consultado
Navarré asegura que la Generalitat no consultó al Ayuntamiento de Casinos durante la tramitación de la declaración de interés comunitario ni de la evaluación de impacto ambiental.
"Casinos no ha tenido ni voz ni voto y eso es absolutamente inadmisible", ha manifestado el alcalde, quien considera que el municipio debería haber participado en un procedimiento que, a su juicio, puede afectar directamente a sus vecinos.
El consistorio solicita la nulidad de la declaración de interés comunitario, la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada del proyecto.
Tres informes sobre las posibles afecciones ambientales
Para fundamentar sus reclamaciones, el Ayuntamiento ha encargado tres informes técnicos centrados en la contaminación atmosférica, los recursos hídricos y los suelos agrícolas.
El primero, elaborado por el profesor Máximo Florín, cuestiona que el estudio ambiental de la planta utilice datos meteorológicos de Manises, a casi 30 kilómetros. Según ha trasladado Navarré, las simulaciones realizadas apuntan a que determinadas emisiones podrían alcanzar Casinos en condiciones meteorológicas desfavorables.
El segundo informe, firmado por el geólogo Joan Escudet, señala posibles riesgos para el acuífero Llíria-Casinos, compartido por ambos municipios.
Por su parte, el profesor José Ramón Olarieta advierte de posibles afecciones a los suelos agrícolas y cuestiona la evaluación de los efectos de aplicar los residuos resultantes del proceso de biometanización sobre los terrenos y las aguas subterráneas.
Estas conclusiones forman parte de los argumentos técnicos aportados por el Ayuntamiento para su valoración en el procedimiento judicial.
La suspensión cautelar está pendiente de resolución
El TSJCV todavía debe pronunciarse sobre la solicitud de paralización cautelar, según la información comunicada por el alcalde.
"No tendría ningún sentido que la justicia nos dé la razón cuando el mal ya está hecho", ha señalado Navarré, que justifica la petición por el riesgo de que se produzcan daños ambientales difíciles de reparar.
El primer edil ha insistido en que el Ayuntamiento no se opone a las energías renovables, sino a proyectos que considera insuficientemente garantizados desde el punto de vista ambiental y administrativo.
Asimismo, ha agradecido el apoyo de la Asociación en Defensa del Camp de Túria y La Serranía, que, según ha indicado, ha recogido más de 14.000 firmas contra la planta.
El Ayuntamiento prevé celebrar en las próximas semanas una asamblea vecinal con representantes municipales, la asociación, expertos y abogados para explicar la situación judicial y los próximos pasos.