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El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha emitido un dictamen favorable a la decisión del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria de retirar la condición de agente urbanizador a la empresa adjudicataria del Programa de Actuación Integrada (PAI) de la Gavina, un desarrollo urbanístico cuya tramitación comenzó en el año 2003 y que permanece inacabado.
El informe, preceptivo en este tipo de procedimientos, respalda la resolución aprobada por el pleno municipal y supone un paso clave para que el Consistorio pueda avanzar en la finalización de las obras del sector.
El pleno acordó resolver el contrato por incumplimientos
La solicitud del dictamen fue aprobada por el pleno municipal a principios de este año con el respaldo del equipo de gobierno del PSPV y el apoyo de PP, Vox, Compromís y Esquerra Unida-Unides Podem.
El Ayuntamiento inició el procedimiento tras considerar que la empresa adjudicataria había incumplido de forma reiterada sus obligaciones como agente urbanizador, una decisión a la que la mercantil se opuso y que obligaba a recabar el pronunciamiento del Consell Jurídic Consultiu.
Según la legislación de contratación pública, la demora en el cumplimiento de los plazos, el incumplimiento de obligaciones esenciales o las causas previstas expresamente en el contrato constituyen motivos suficientes para resolver este tipo de adjudicaciones.
El Ayuntamiento aprecia incumplimientos reiterados
Los informes técnicos municipales concluyen que la empresa incurrió en una demora injustificada en la ejecución de las obras, mantuvo una situación de inactividad pese a los requerimientos realizados por el Consistorio y fue declarada en concurso voluntario de acreedores.
Además, los técnicos consideran que no concurre ninguna causa de fuerza mayor que justifique estos incumplimientos, por lo que califican la actuación del urbanizador como un incumplimiento culpable.
El Ayuntamiento recuerda que ya en 2013 requirió formalmente a la empresa para que cumpliera sus obligaciones, advirtiéndole de la posibilidad de imponer penalidades o resolver el contrato.
El Consistorio reclamó daños e incautó el aval
El pasado mes de diciembre, el pleno municipal aprobó definitivamente la resolución de la condición de agente urbanizador y cuantificó los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento en 27.482,36 euros.
Asimismo, acordó incautar el aval bancario depositado por la empresa, por un importe de 72.471 euros, correspondiente al 7% del coste previsto de la actuación.
El Consistorio también rechazó las alegaciones presentadas por la mercantil, que defendía haber ejecutado la mayor parte de las obras y atribuía los retrasos a causas ajenas a su voluntad.
Sin embargo, los informes municipales sostienen que parte de los trabajos se realizaron antes de la adjudicación del programa y fuera del procedimiento legalmente establecido, además de recordar que nunca se presentaron las certificaciones de obra necesarias para su aprobación.
El objetivo es culminar las obras
Tras la resolución del contrato, los terrenos mantendrán su condición de suelo urbanizable con ordenación pormenorizada aprobada y las obras ejecutadas hasta la fecha, aunque será necesaria una actualización de los instrumentos urbanísticos antes de retomar el desarrollo del sector.
La concejala de Urbanismo, Teresa Pozuelo, ha destacado el trabajo realizado por los servicios técnicos municipales para desbloquear un expediente que “venimos arrastrando ya más de dos décadas” y ha señalado que el siguiente objetivo será completar todos los trámites administrativos que permitan concluir las obras previstas en el PAI de la Gavina.