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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado la razón al Ayuntamiento de Casinos y ha desestimado el recurso presentado por la Conselleria de Educación contra la delegación de competencias del Plan Edificant para ejecutar las obras de mejora del CEIP La Pau.
La sentencia supone un importante respaldo al Consistorio, ya que permite desbloquear una inversión de 213.152 euros destinada a renovar la carpintería exterior del centro e instalar nuevas marquesinas, unas actuaciones que habían quedado paralizadas por el procedimiento judicial impulsado por la Generalitat.
El tribunal avala la actuación del Ayuntamiento
El conflicto comenzó en 2024, cuando la Conselleria de Educación recurrió ante los tribunales la autorización que permitía al Ayuntamiento ejecutar las obras del CEIP La Pau con fondos del Plan Edificant.
La administración autonómica sostenía que aquella delegación se aprobó mientras el anterior Consell se encontraba en funciones tras las elecciones autonómicas y solicitó su anulación por vía judicial.
Sin embargo, el TSJCV rechaza este planteamiento y considera que la delegación de competencias formaba parte de la gestión ordinaria del programa Edificant, vigente desde 2017, por lo que no supuso una nueva decisión política ni condicionó la actuación del nuevo Gobierno valenciano.
Además, la sentencia condena en costas a la Conselleria de Educación.
Obras pendientes de ejecución
Tras este fallo judicial, el Ayuntamiento podrá reactivar los trámites necesarios para ejecutar las actuaciones previstas en el colegio, siempre que la Generalitat no presente recurso contra la sentencia.
Las obras contemplan la renovación de la carpintería exterior, la instalación de marquesinas y otras mejoras encaminadas a incrementar el confort y la climatización del centro educativo.
El alcalde de Casinos, Miguel Navarré, ha mostrado su satisfacción tras conocer la resolución y ha asegurado que el fallo supone “un triunfo de la justicia y, sobre todo, de las familias y del alumnado del CEIP La Pau”.
Según ha señalado, el bloqueo de estos fondos “supuso un grave perjuicio para el bienestar de los menores”, al tiempo que ha defendido que el Ayuntamiento actuó en todo momento conforme a la legalidad y siguiendo el procedimiento establecido por el Plan Edificant.