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El Ayuntamiento de Bétera, gobernado por la alcaldesa del Partido Popular, Elia Verdevío, se encuentra en el punto de mira de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana después de que el organismo fiscalizador haya detectado pagos y gastos por valor de aproximadamente 2,5 millones de euros sin los correspondientes contratos administrativos durante los ejercicios 2023 y 2024.
Según una información publicada por elDiario.es, las irregularidades aparecen recogidas en un informe preliminar de la Sindicatura remitido al Consistorio para que pudiera presentar las alegaciones que considerase oportunas. La fiscalización cuestiona determinados procedimientos utilizados por el Ayuntamiento para contratar y abonar servicios municipales.
En concreto, el organismo autonómico identificó pagos por aproximadamente 1,6 millones de euros efectuados sin contrato durante los dos ejercicios analizados. Entre los conceptos afectados figuran el suministro eléctrico, distintos servicios relacionados con el abastecimiento y el alcantarillado, la recogida de animales, el servicio de grúa, la protección de datos, la elaboración de informes urbanísticos y los servicios de asesoramiento jurídico.
A esta cantidad se añade una relación de gastos facilitada por el propio Ayuntamiento, igualmente carentes de contrato, cuyo importe estimado alcanza los 906.070 euros, lo que eleva el volumen global de las operaciones señaladas hasta aproximadamente 2,5 millones de euros.
Contratos vencidos y servicios que siguieron abonándose
Uno de los aspectos que destaca la fiscalización es la continuidad de determinados servicios municipales pese a haber finalizado sus contratos. Es el caso de la limpieza de edificios públicos, cuyo contrato venció en octubre de 2024, aunque la prestación continuó y se siguieron abonando alrededor de 34.377 euros mensuales.
Asimismo, la Sindicatura identificó actuaciones extraordinarias de refuerzo de limpieza por un importe de 64.920 euros sin la cobertura contractual correspondiente.
El informe también pone el foco en la utilización sistemática de contratos menores para atender necesidades habituales del Ayuntamiento. Esta modalidad administrativa está prevista para determinadas contrataciones de importe reducido, pero su utilización para prestaciones continuadas o recurrentes plantea problemas de adecuación a la normativa de contratación pública.
Advertencias sobre la prevención del fraude
Más allá de los importes económicos, la Sindicatura cuestiona determinados mecanismos de control interno del Consistorio y señala la inexistencia de medidas específicas destinadas a combatir el fraude y prevenir posibles conflictos de intereses.
En este sentido, el organismo fiscalizador advierte de que no se exigieron declaraciones de ausencia de conflicto de intereses a los integrantes de las mesas de contratación ni a los responsables de redactar los pliegos técnicos.
Estas observaciones cobran especial relevancia por tratarse de procedimientos relacionados con la gestión de recursos públicos, que deben desarrollarse bajo los principios de transparencia, concurrencia y control administrativo.
El gobierno municipal regularizó posteriormente algunos servicios
La información publicada por elDiario.es también recoge que, durante los dos ejercicios posteriores al periodo fiscalizado, el Ayuntamiento tramitó mediante procedimientos abiertos la contratación de algunos de los servicios afectados.
No obstante, estas actuaciones posteriores no eliminan las incidencias detectadas en los ejercicios 2023 y 2024, que son los que examina el informe preliminar.
La fiscalización no equivale por sí misma a una declaración de responsabilidad penal, pero sí pone de manifiesto deficiencias administrativas de considerable importancia por el volumen económico de los pagos y gastos examinados.
El caso sitúa el foco sobre la gestión de la contratación pública del Ayuntamiento de Bétera y plantea la necesidad de aclarar qué medidas correctoras se han adoptado para garantizar que los servicios municipales se presten con las correspondientes garantías legales.
Asimismo, queda por determinar el alcance de las alegaciones que haya podido presentar el gobierno municipal y las conclusiones definitivas del organismo fiscalizador.