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Cuando todavía resuenan los ecos del escándalo de la empresa Vitas de Amarre, cuya sentencia condenatoria supondrá el pago de más de 300.000 euros por parte de la ciudadanía, el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer vuelve a situarse en el centro de la polémica tras conocerse una denuncia presentada hace unos días ante la Agència Valenciana Antifrau (AVAF).
La denuncia apunta directamente a exalcaldes, miembros de la Junta de Gobierno Local, técnicos municipales, funcionarios, responsables de contratación y altos cargos políticos por una adjudicación pública anulada judicialmente y que ha terminado costando 2,2 millones de euros a las arcas municipales.
La operación cuestionada se remonta a 2013, cuando el consistorio adjudicó a la empresa Mas Camarena una concesión de derecho de superficie para construir un centro educativo en el municipio. Sin embargo, años después, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anuló aquella adjudicación mediante una sentencia demoledora que acusaba al Ayuntamiento de alterar las reglas del concurso público y vulnerar los propios pliegos aprobados por la administración local.
Ahora, más de una década después de aquella decisión política y administrativa, el caso amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de contratación pública conocidos en la comarca del Camp de Morvedre.
Una sentencia demoledora contra el Ayuntamiento
La resolución judicial, dictada por el TSJCV en noviembre de 2017, no dejó margen para la interpretación. La Sala concluyó que el Ayuntamiento modificó las condiciones del pliego durante el proceso de valoración para favorecer a Mas Camarena frente a la empresa competidora, El Plantío International School.
El criterio clave del concurso era inequívoco: disponer de una acreditación internacional para impartir enseñanza en inglés y ofrecer un Bachillerato Internacional reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación británico.
Según la sentencia, El Plantío sí disponía de esa acreditación. Mas Camarena, no.
Pese a ello, la Mesa de Contratación otorgó idéntica puntuación a ambas entidades, permitiendo finalmente la adjudicación a Mas Camarena mediante acuerdo plenario de fecha 25 de febrero de 2013.
La sentencia fue contundente:
- El Ayuntamiento vulneró el pliego de condiciones.
- Introdujo criterios ajenos a las bases del concurso.
- Alteró criterios objetivos previamente establecidos.
- Actuó fuera de cualquier margen de discrecionalidad técnica.
- Modificó de facto las reglas de adjudicación.
La propia Sala llegó a afirmar literalmente que «la resolución impugnada cambia las condiciones del pliego», una consideración especialmente grave en materia de contratación pública.
¿Error administrativo o actuación consciente?
La denuncia presentada ante Antifraude sostiene que los hechos podrían ir mucho más allá de una simple irregularidad técnica.
El escrito apunta a posibles indicios de arbitrariedad administrativa, desviación de poder e incluso eventual relevancia penal, al considerar que el incumplimiento de los requisitos por parte de Mas Camarena era «perfectamente verificable» y conocido por el Ayuntamiento.
Pese a ello, los responsables municipales siguieron adelante con la adjudicación.
La pregunta que ahora planea sobre el consistorio resulta inevitable: ¿quién tomó realmente la decisión de favorecer a Mas Camarena pese a las evidencias?
La denuncia solicita expresamente investigar:
- Qué responsables políticos impulsaron la adjudicación.
- Quién participó en la alteración de los criterios.
- Si existieron informes jurídicos contrarios.
- Si hubo reparos de Intervención que fueron ignorados.
- Y quién autorizó posteriormente el pago millonario derivado del conflicto.
El coste para los vecinos: 2,2 millones de euros
El aspecto más explosivo del caso llegó en abril de 2026, cuando trascendió a través de un medio de comunicación regional, concretamente Las Provincias, que el Ayuntamiento habría alcanzado un acuerdo extrajudicial que supuso el desembolso aproximado de 2,2 millones de euros de dinero público.
La cifra ha generado indignación política y social, ya que el pago estaría directamente relacionado con una adjudicación previamente declarada nula por la Justicia.
La denuncia sostiene que el perjuicio económico no fue consecuencia de un accidente inevitable, sino de una actuación administrativa defectuosa y posiblemente arbitraria.
En otras palabras, una decisión política anulada por los tribunales habría terminado siendo sufragada por todos los vecinos de Canet d’en Berenguer.
Posibles responsabilidades políticas, contables y penales
La Agència Valenciana Antifrau deberá determinar ahora si existen responsabilidades administrativas o contables derivadas del caso, aunque el escrito también deja abierta la puerta a posibles ilícitos penales.
Entre las figuras jurídicas que podrían analizarse figuran:
- Prevaricación administrativa.
- Malversación por gestión arbitraria de fondos públicos.
- Administración desleal.
- Negligencia grave.
- Eventual responsabilidad contable por menoscabo del erario público.
Fuentes consultadas por El Periódico de Aquí señalan que también consta presentada una denuncia ante la Fiscalía de Valencia por estos hechos, sin que hasta el momento haya trascendido el estado actual de las investigaciones relacionadas con este asunto.
Un escándalo que amenaza con marcar una época
El caso Mas Camarena amenaza con convertirse en uno de los episodios más graves de la historia política reciente de Canet d’en Berenguer.
La combinación de una adjudicación anulada judicialmente, las acusaciones de alteración consciente de criterios objetivos y el elevado coste para las arcas públicas sitúan bajo sospecha toda la cadena de decisiones adoptadas durante años por responsables políticos, funcionarios y técnicos municipales.
La investigación que ahora reclama Antifraude podría acabar determinando si detrás de aquella adjudicación existió simplemente incompetencia administrativa… o algo mucho más grave.
Una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude reabre el caso Mas Camarena tras la sentencia que anuló la adjudicación a la empresa
Cuando todavía resuenan los ecos del escándalo de la empresa Vitas de Amarre, cuya sentencia condenatoria supondrá el pago de más de 300.000 euros por parte de la ciudadanía, el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer vuelve a situarse en el centro de la polémica tras conocerse una denuncia presentada hace unos días ante la Agència Valenciana Antifrau (AVAF).
La denuncia apunta directamente a exalcaldes, miembros de la Junta de Gobierno Local, técnicos municipales, funcionarios, responsables de contratación y altos cargos políticos por una adjudicación pública anulada judicialmente y que ha terminado costando 2,2 millones de euros a las arcas municipales.
La operación cuestionada se remonta a 2013, cuando el consistorio adjudicó a la empresa Mas Camarena una concesión de derecho de superficie para construir un centro educativo en el municipio. Sin embargo, años después, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anuló aquella adjudicación mediante una sentencia demoledora que acusaba al Ayuntamiento de alterar las reglas del concurso público y vulnerar los propios pliegos aprobados por la administración local.
Ahora, más de una década después de aquella decisión política y administrativa, el caso amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de contratación pública conocidos en la comarca del Camp de Morvedre.