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El polémico semáforo 'foto-rojo' de Canet d'en Berenguer, que llegó a ocupar titulares incluso en televisiones de ámbito nacional, vuelve a ser noticia varios meses después de su retirada. La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha propuesto remitir al Ministerio Fiscal y al Tribunal de Cuentas las actuaciones sobre el contrato menor de gestión de las evidencias del radar al apreciar posibles responsabilidades penales y contables derivadas de su ejecución.
La resolución, fechada el 31 de julio de 2026, considera que serán ambos organismos los que deberán determinar, dentro de sus respectivas competencias, si existen responsabilidades en el gobierno municipal. Además, la Agencia plantea una revisión de los procedimientos municipales de contratación y de gestión de las multas. El documento llega tras la investigación abierta por la propia AVAF a raíz de las denuncias presentadas por los grupos municipales de Vox en Canet d'en Berenguer y Sagunt.
Antifraude aprecia posibles perjuicios económicos y pide investigar la gestión del contrato
En el ámbito contable —según ha sabido El Periódico de Aquí—, la Agencia acuerda, en concreto, trasladar las actuaciones al Tribunal de Cuentas desde la perspectiva de la posible responsabilidad contable. El organismo argumenta que "podría haberse producido una pérdida de derechos económicos municipales como consecuencia de la falta de tramitación o del archivo por prescripción de expedientes sancionadores", además de la "eventual generación de obligaciones económicas que superarían los límites propios de un contrato menor".
Además, la AVAF propone igualmente remitir las actuaciones al Ministerio Fiscal para que valore si existen responsabilidades penales. Según recoge la resolución, la Agencia aprecia indicios de que "la ejecución contractual y la tramitación sancionadora pudieron haber sido moduladas o paralizadas mediante decisiones o instrucciones informales no documentadas", con el fin de evitar tanto superar el límite económico del contrato menor como generar nuevas obligaciones económicas con la empresa adjudicataria. El documento añade que también podrían existir indicios de una posible pérdida de ingresos públicos municipales.
Así, la resolución señala expresamente que corresponde tanto al Tribunal de Cuentas como al Ministerio Fiscal determinar, dentro de sus respectivas competencias, la "eventual existencia de responsabilidades" del alcalde de Canet d’en Berenguer, Pere Antoni Chordà.
La AVAF exige revisar el sistema de contratación municipal
Más allá del traslado de las actuaciones, Antifraude plantea un amplio paquete de recomendaciones dirigido al Ayuntamiento para evitar que vuelvan a producirse situaciones similares.
Entre ellas figura dejar de utilizar contratos menores para servicios cuyo volumen, duración o coste final no puedan determinarse con certeza desde el inicio, especialmente cuando se trate de sistemas tecnológicos o de contratos cuya facturación dependa de resultados posteriores.
La Agencia también reclama definir con mayor precisión el objeto de los futuros contratos, establecer un presupuesto máximo, concretar el número de unidades ejecutables, fijar un sistema de validación técnica y jurídica de las evidencias y regular claramente el régimen de facturación.
Asimismo, propone implantar un sistema completo de trazabilidad que permita conocer el recorrido de cada evidencia desde su generación hasta la sanción, archivo, prescripción, cobro o facturación, además de reforzar el control del responsable del contrato, exigir informes técnicos antes de validar facturas y mejorar la coordinación entre los distintos departamentos municipales implicados.
La liquidación del contrato, otra de las exigencias
Uno de los puntos más relevantes de la resolución obliga al Ayuntamiento a completar la liquidación definitiva del contrato.
Para ello deberá elaborar un informe que detalle el número total de evidencias generadas, cuántas fueron validadas o descartadas, el estado de todos los expedientes sancionadores, las sanciones cobradas y pendientes, las facturas emitidas y la correspondencia entre cada servicio facturado y el expediente que lo justifique.
La AVAF también exige determinar si existen cantidades pendientes de facturar por parte de la empresa adjudicataria y analizar cómo afecta a esa liquidación el límite económico previsto inicialmente para el contrato menor.
En caso de que se acrediten servicios ejecutados por encima de ese límite, la Agencia señala que el Ayuntamiento deberá resolver la situación mediante los procedimientos administrativos, técnicos, jurídicos y presupuestarios correspondientes, sin limitarse a paralizar su tramitación de forma informal.
La resolución concede además seis meses al consistorio para comunicar si acepta las recomendaciones formuladas o justificar motivadamente su rechazo.
"Máxima tranquilidad" en el gobierno municipal: "El objetivo no era el de sancionar, sino que la gente redujera la velocidad para evitar molestias a los vecinos"
En el Ayuntamiento de Canet la tranquilidad es máxima. La administración local esgrime que la gestión del servicio del semáforo foto-rojo "ha respetado escrupulosamente la ley", al tiempo que muestran "todo su respeto" por la acción fiscalizadora de la AVAF, el Ministerio Fiscal y el Tribunal de Cuentas.
El problema de fondo, explican fuentes municipales, es que "el objetivo del servicio no era el de sancionar" sino, precisamente, el contrario: que la gente redujera la velocidad en la avenida Joanot Martorell, en la que se ubicó el foto-rojo, para "evitar molestias a los vecinos (se quejaban del ruido)". La presencia de este elemento estaba indicada con tres señales previas que invitaban a reducir la velocidad y detenerse ante el semáforo en rojo. Sin embargo, "el número de infractores fue muy superior al esperado", confiesan fuentes municipales.
Dado que el Ayuntamiento esperaba que el número de multas fuera mínimo, "se optó por un contrato menor", que establece un tope de ingresos de 18.150 euros (IVA incluido) para la empresa adjudicataria. Aunque la cantidad total que hubiera correspondido a la concesionaria, si hubiera recibido el porcentaje acordado de todas las sanciones, habría sido de 19.125,47 euros (IVA incluido), la cifra final que el Ayuntamiento va a abonar es el tope legalmente establecido.
Otra de las cuestiones que plantea la AVAF es que el contrato se suspendió antes de tiempo. El Ayuntamiento explica que el objetivo de concienciar sobre la necesidad de respetar la velocidad en la calle Joanot Martorell "se cumplió" y que "se acordó con los vecinos eliminar el foto-rojo y buscar otros mecanismos para reducir la velocidad (y los ruidos) que provocaba el tránsito de vehículos". De ahí que en la institución exista cierta "perplejidad" ante la solicitud a la Fiscalía de investigar si eso supuso una “posible pérdida de ingresos públicos municipales” por no haber multado más, cuando el fin de la medida "nunca tuvo carácter recaudatorio, como se explicó durante la campaña".
Por lo que respecta a las recomendaciones que establece la AVAF, quince en total, desde el Ayuntamiento explican que "son de muy fácil cumplimiento" y que "se tendrán en cuenta si se vuelve a hacer un contrato de estas características, algo que actualmente no está previsto".
Por último, lo que ha causado cierto malestar es que en el informe previo, que vio la luz a finales de junio, la AVAF señalara que no constaban “elementos de juicio suficientes que aconsejen una actividad investigadora” ya que la contratación se realizó dentro de los “parámetros legales”. El cambio de opinión de la institución al pedir la intervención de la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas ha dejado al consistorio sin trámite de audiencia, lo que ha impedido la prosiblidad de presentar sus argumentos en contra de la decisión para que pudieran ser tenidos en cuenta.