El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ha salido al paso de diversas informaciones relacionadas con la gestión municipal y con las consecuencias derivadas de actuaciones vinculadas al exsecretario municipal José Antonio Sancho Sempere. En un escrito remitido a este periódico, el consistorio sostiene que determinadas afirmaciones difundidas recientemente no se ajustan a la realidad y reivindica las medidas adoptadas durante los últimos años para reforzar los mecanismos de control interno de la administración local.
Uno de los aspectos sobre los que se pronuncia el gobierno municipal hace referencia a la situación patrimonial de Sancho Sempere. El Ayuntamiento considera que no le corresponde fiscalizar ni investigar la evolución patrimonial de una persona física, aunque se trate de un antiguo empleado público. Según expone, un eventual delito de alzamiento de bienes o cualquier actuación relacionada con la ocultación de patrimonio constituye una cuestión ajena a las competencias municipales y debe ser abordada, en su caso, por los órganos judiciales o por las administraciones competentes.
Desde el consistorio recuerdan que las funciones de control de un ayuntamiento tienen límites legales y que no existe capacidad para investigar patrimonios privados ni para iniciar actuaciones que corresponden a otros organismos. Por ello, rechazan las críticas que apuntan a una supuesta falta de actuación municipal en este ámbito.
Defensa de los mecanismos de control
El segundo gran bloque de la respuesta municipal se centra en la organización interna del Ayuntamiento y en las medidas implantadas para evitar la repetición de situaciones irregulares.
El gobierno local niega que el consistorio carezca de instrumentos para prevenir la corrupción o garantizar la legalidad administrativa. Por el contrario, asegura que desde los hechos protagonizados por Sancho Sempere se ha producido una profunda transformación en la estructura de control municipal.
Entre las actuaciones adoptadas destaca la sustitución de la única plaza de habilitado nacional existente en aquel momento por tres puestos diferenciados: Secretaría, Intervención y Tesorería. Según el Ayuntamiento, las tres plazas están cubiertas mediante provisión definitiva, una circunstancia que, a su juicio, garantiza una adecuada separación de funciones, refuerza los controles internos y dificulta que puedan reproducirse situaciones similares a las ocurridas en el pasado.
Además, el consistorio recuerda que durante los últimos años la legislación en materia de transparencia, control financiero y prevención del fraude se ha endurecido de forma considerable. En ese contexto, Canet aprobó su propio Plan Antifraude, requisito indispensable para acceder y gestionar fondos procedentes de la Unión Europea.
La administración local considera que estas medidas evidencian una voluntad de fortalecer la supervisión de la actividad municipal y de adaptar la organización administrativa a los estándares actuales de control y cumplimiento normativo.
La sentencia del contrato del agua
Otro de los asuntos abordados por el Ayuntamiento es la sentencia que anuló el contrato de gestión del servicio de agua suscrito en 2004 y renovado en 2009.
El consistorio rechaza de forma tajante las interpretaciones que apuntan a un elevado coste económico para las arcas municipales como consecuencia de dicha resolución judicial. Según sostiene, el único desembolso efectivo derivado del procedimiento judicial son las costas procesales, cifradas en 4.500 euros.
En este sentido, la administración local niega que existan informes independientes que avalen posibles indemnizaciones millonarias y asegura que las cifras que se han manejado públicamente carecen de base jurídica suficiente.
Asimismo, recuerda que una hipotética reclamación económica por parte de la empresa afectada requeriría varios pasos previos. En primer lugar, tendría que existir una reclamación formal. Posteriormente, sería necesaria una resolución judicial firme que reconociera el derecho a percibir una indemnización. Según la información facilitada por el Ayuntamiento, actualmente no existe ningún procedimiento de esas características en marcha.
El gobierno local añade que tampoco comparte las estimaciones que sitúan en más de ocho millones de euros el supuesto perjuicio económico ocasionado al municipio por actuaciones pasadas. A su juicio, esos cálculos incorporan cantidades hipotéticas que no se corresponden con obligaciones reales ni con procedimientos actualmente reconocidos por los tribunales.
Reivindicación de la gestión municipal
Finalmente, el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer defiende que la actuación desarrollada durante los últimos años ha estado orientada a reforzar la legalidad, la transparencia y la fiscalización de la gestión pública. El consistorio sostiene que la reorganización de los órganos de control, la aprobación del Plan Antifraude y la adaptación a las nuevas exigencias normativas son prueba de ello.
Por todo ello, el gobierno municipal considera que las críticas sobre una supuesta ausencia de mecanismos de control no reflejan la realidad actual de la administración local y mantiene que las cuestiones relativas a la situación patrimonial de antiguos cargos o empleados públicos deben dirimirse en los ámbitos competentes y no en el municipal.