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El grupo municipal Compromís per Canet ha denunciado ante la Agencia Tributaria y la Agencia Valenciana Antifraude que el PSOE de Canet d'en Berenguer habría pagado en efectivo varias facturas para justificar las subvenciones que recibe como grupo municipal, un hecho que podría incumplir el límite de pago en metálico que marca la ley.
Según la Intervención del Ayuntamiento de Canet, durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025 el PSOE habría presentado facturas por importes de hasta 3.500 euros anuales —la cuantía máxima que tiene asignada este grupo según el acuerdo del Pleno del 21 de junio de 2023—, correspondientes a gastos realizados en la empresa en la que años atrás trabajaba el alcalde.
Una investigación a petición de Compromís
El procedimiento se puso en marcha después de que el concejal de Compromís, Albert Valls, solicitara una revisión al detectar que la factura presentada para justificar la subvención de 2025 se había pagado en efectivo por un importe superior a los 1.000 euros que permite la ley. A raíz de esta petición, la Intervención municipal, como órgano de control interno, abrió un procedimiento de control financiero que amplió también a los ejercicios de 2023 y 2024.
Las facturas de 2023 y 2024, sin justificar
El informe de conclusiones, al que ha tenido acceso Compromís, señala que en el ejercicio 2025 el PSOE aportó cuatro nuevas facturas que, de forma individual, no superarían el límite legal. Sin embargo, respecto a los ejercicios 2023 y 2024, el grupo socialista no presentó facturas adicionales cuando se le requirieron, por lo que la Intervención concluye que "podría existir un incumplimiento del límite de pago en metálico establecido en la Ley 11/2021", una infracción calificada legalmente como grave.
La Agencia Tributaria, competente para sancionar
El propio informe aclara que el procedimiento administrativo para la concesión y justificación de las subvenciones se ajustó a la normativa, por lo que no se trataría de una gestión irregular del dinero público, sino de un posible incumplimiento en la forma de pago. Por ello, la Intervención remite el caso a la Agencia Tributaria, órgano competente para inspeccionar y, en su caso, sancionar este tipo de infracciones.
Desde Compromís han señalado que el PSOE ha sido el único grupo municipal que ha solicitado esta subvención de manera recurrente, y consideran "especialmente preocupante" la falta de una justificación suficiente sobre el destino real de estas facturas.