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Sagunt está registrando un notable incremento de la actividad residencial. En apenas nueve meses, la administración local ha concedido licencias para 1.200 nuevas viviendas, una cifra a la que podrían sumarse otras 300 antes de que termine 2026. El ritmo de construcción también se refleja en las arcas municipales. La recaudación del impuesto sobre obras ya alcanza los 4,8 millones de euros, superando en solo tres trimestres los ingresos de cualquiera de los tres años anteriores.
La mayor parte de las autorizaciones corresponde a promociones de edificios residenciales. Según los datos del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, actualizados a principios de octubre, 1.050 viviendas se concentran en edificios colectivos, lo que representa el 87,5% del total. A estas se suman 45 viviendas en promociones de unifamiliares múltiples, otras 26 viviendas unifamiliares y 79 inmuebles que se convertirán en viviendas mediante cambios de uso.
Estas cifras ponen de manifiesto el interés por desarrollar nuevas promociones en el municipio, en un contexto marcado por las expectativas de crecimiento económico y demográfico vinculadas a los grandes proyectos industriales. No obstante, las licencias concedidas no implican que las viviendas estén ya construidas ni que vayan a incorporarse de manera inmediata al mercado inmobiliario.
La recaudación por obras crece un 77% respecto a todo 2025
El aumento de la actividad constructora también está teniendo un impacto directo en los ingresos del Ayuntamiento. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que grava las actuaciones sujetas a este tributo, ha generado 4,8 millones de euros entre enero y septiembre de 2026.
La cifra supone un incremento del 77% respecto a la recaudación de todo 2025, cuando se ingresaron 2.709.623 euros. También supera en un 20% los cuatro millones recaudados durante 2024 y casi triplica los 1.731.514 euros contabilizados en 2023.
Aunque el ICIO incluye obras de distinta naturaleza y no exclusivamente promociones residenciales, su evolución refleja el incremento de la actividad constructora en Sagunt.
El concejal de Urbanismo, Javier Raro, ha valorado positivamente estos datos. "Estos datos reflejan que en nuestra ciudad se está generando nueva vivienda, y eso es una buena noticia para facilitar el acceso a quienes ya viven aquí y a quienes llegan", ha señalado.
El aumento de la oferta no garantiza una vivienda asequible
El crecimiento de las promociones residenciales llega en un momento en el que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. El desarrollo industrial de Sagunt y las expectativas de llegada de nuevos trabajadores han incrementado el interés inmobiliario por la ciudad, aunque el Ayuntamiento advierte de que construir más viviendas no garantiza, por sí solo, que los precios sean asequibles.
En este sentido, Raro considera imprescindible que las administraciones autonómica y estatal participen en la promoción de vivienda protegida. "El mercado libre por sí solo no va a resolver la crisis de vivienda. Necesitamos que el resto de administraciones se impliquen de verdad", ha afirmado.
El responsable de Urbanismo recuerda que el Ayuntamiento ya ha cedido terrenos destinados a vivienda pública, pero sostiene que la construcción de estas promociones requiere la capacidad presupuestaria de la Generalitat Valenciana y del Gobierno central.
Paralelamente, el consistorio mantiene su petición para que Sagunt sea declarada zona de mercado residencial tensionado, una medida que el pleno municipal ha reclamado en dos ocasiones y que depende de la administración autonómica.
"La oferta de vivienda está aumentando. Pero debemos evitar que las expectativas generadas por el desarrollo industrial provoquen subidas especulativas en los alquileres", ha advertido el edil.
La declaración de zona tensionada, pendiente de la Generalitat
La Ley estatal de Vivienda de 2023 contempla la posibilidad de declarar zonas de mercado residencial tensionado cuando se cumplan determinados requisitos. Entre ellos, que el coste medio de la vivienda, incluidos los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios de los hogares, o que los precios de compra o alquiler hayan aumentado en los últimos cinco años al menos tres puntos porcentuales por encima del IPC acumulado.
Esta declaración permite aplicar medidas de contención de los precios del alquiler en los nuevos contratos, con condiciones diferentes según las características de cada vivienda y de su propietario.
El gobierno municipal considera que esta herramienta ayudaría a evitar incrementos excesivos en un mercado sometido a una creciente demanda. Por ello, insiste en reclamar a la Generalitat que atienda la petición formulada por el Ayuntamiento. Sin embargo, hace unos meses, el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ya aseguró a El Periódico de Aquí en una entrevista que la administración autonómica no tiene intenciones de declarar la ciudad como tensionada.