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El caso 'Vitas de Amarre' ya no es solo una sentencia contra el Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer. Es un expediente escrutado simultáneamente por tres instituciones de control. La última en mover ficha ha sido la Sindicatura de Comptes, que ha comunicado al vecino José Ignacio Torres Alberich —autor de la denuncia registrada el 10 de junio de 2026— que su escrito ha sido trasladado al equipo de fiscalización para valorar, con carácter previo, una posible auditoría al consistorio dentro del Informe de contratos de las entidades locales. La contestación, firmada el 5 de noviembre por el secretario general del órgano, Lorenzo Pérez Sarrión (expediente 2904578M), sitúa al pequeño municipio costero del Camp de Morvedre, de apenas 8.300 habitantes, en el punto de mira de tres instituciones de control.
El hotel que nació condenado
La historia se remonta a 2001, cuando el Ayuntamiento licitó la cesión del derecho de superficie de la parcela 6 del sector A, en primera línea de playa, para un complejo hotelero-comercial. La adjudicación recayó al año siguiente en Vitas de Amarre, S.L. Ni los pliegos ni el contrato advirtieron de un detalle decisivo: la parcela estaba afectada por la servidumbre del dominio público marítimo-terrestre, incompatible con el uso pretendido desde el primer día.
La decepción llegó en 2007, cuando la Dirección General de Puertos y Costas denegó la autorización del proyecto por contradecir la Ley de Costas. Lo que siguió fue más de una década de parálisis hasta que, en octubre de 2018, el consistorio declaró nulos pliegos y contrato, aprobó la liquidación en 2023 y acabó condenado. La sentencia 118/2026, de 24 de febrero, de la Sección Quinta del TSJCV (recurso 297/2025) le obliga a abonar a la empresa 276.375,55 euros más intereses, tras rechazar la reclamación millonaria —4,4 millones— de la mercantil, que confundía, según el tribunal, sus «sueños de ganancia» con el coste de oportunidad real.
El fallo contiene una frase lapidaria: «sorprende que un expediente de contratación relativo a un proyecto de hotel cerca de la playa pueda alcanzar ese grado de desarrollo sin que la administración ni los posibles inversores se hayan asegurado con carácter previo de que aquél cumple con toda la normativa sectorial aplicable».
Los controles que fallaron
La denuncia ante la Sindicatura sostiene que el caso destapa graves deficiencias: ausencia de todo análisis de riesgo antes de licitar suelo sujeto a servidumbre de costas; falta de reacción diligente tras la denegación de 2007; y la acumulación en una misma persona de los cargos de secretario general, interventor y jefe de los servicios jurídicos, lo que vació de contenido los controles cruzados que la ley impone. La prensa local ha vinculado esa concentración de funciones con el exsecretario José Antonio Sancho Sempere, ya condenado en 2022 por prevaricación en otro asunto, aunque ninguna resolución judicial acredita aún su responsabilidad en este expediente.
A ello se suma el silencio municipal: el 8 de abril de 2026, el denunciante solicitó por registro electrónico al alcalde, el socialista Pere Antoni, acceso a los expedientes, una auditoría jurídico-económica, el ejercicio de acciones de repetición y la apertura de diligencias penales. No obtuvo respuesta alguna en el plazo legal de un mes.
Tres frentes abiertos
Con la Sindicatura, son tres las instituciones que examinan el caso. El Tribunal de Cuentas abrió el 19 de mayo la acción pública C93/2026 por posibles responsabilidades contables frente a alcaldes, equipos de gobierno, secretarios e interventores desde 2001. Y la Fiscalía Provincial de Valencia incoó el 13 de octubre diligencias preprocesales (DIP 834/2026) por posible prevaricación administrativa, diligencias de carácter preliminar que no implican por sí mismas la existencia de delito.
Lo probado y lo pendiente
Acreditado está, por sentencia firme, el perjuicio de 276.375,55 euros y la deficiente tramitación del expediente. Pendiente queda, en cambio, la situación de pago de la condena, que el propio denunciante reconoce desconocer; el resultado de las tres investigaciones; y si el Ayuntamiento ejercitará la acción de regreso que la ley le permite una vez satisfecho el importe. «Ya no es solo una condena judicial: es un expediente abierto ante tres instituciones de control. Lo que pedimos es que la fiscalización llegue al fondo del expediente», declara Torres Alberich.
La pregunta la formula la propia sentencia: cómo un proyecto llegó a licitarse y adjudicarse sobre suelo en el que, jurídicamente, nunca pudo construirse. Esa pregunta la responden ahora tres instituciones de control.