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El conflicto por la gestión de la plantilla municipal ha abierto un nuevo enfrentamiento político en Quartell. La aprobación de la jornada laboral de 35 horas semanales ha desatado un cruce de acusaciones entre el Partido Popular, que denuncia una "deriva autoritaria" y falta de transparencia por parte del gobierno local, y el ejecutivo municipal, que defiende que el procedimiento se ha ajustado a la legalidad y acusa a la oposición de utilizar una mejora laboral con fines partidistas.
La portavoz del Partido Popular, Eva Vilar, sostiene que la reducción de la jornada laboral "no es un logro del gobierno, sino un derecho que se ha retrasado durante años". Según explica, entre 2019 y 2020 los trabajadores municipales registraron 27 solicitudes para reclamar la implantación de las 35 horas, peticiones que, afirma, fueron rechazadas por el anterior ejecutivo municipal.
Para los populares, el actual equipo de gobierno pretende presentar como un éxito una medida que, aseguran, "llega obligada y tarde". Vilar sostiene además que la decisión se adoptó después de que el PP cuestionara en el pleno de mayo la postura de la alcaldesa respecto a los derechos laborales de la plantilla.
La portavoz popular también critica otros aspectos de la gestión municipal relacionados con el personal, como la organización de turnos, la ausencia de regulación del teletrabajo o la carrera profesional, cuestiones que, según afirma, evidencian una gestión "arbitraria".
Denuncia por la exclusión de la mesa de negociación
Otro de los principales reproches del PP se centra en la nueva mesa de negociación del Ayuntamiento. Vilar denuncia que su grupo ha sido "expulsado ilegalmente" del órgano en el que se negocian las condiciones laborales de los empleados municipales.
La dirigente popular asegura que esa decisión contradice el acuerdo plenario aprobado en 2021, que garantizaba la presencia de todos los grupos municipales, y critica especialmente al concejal de Transparencia, Lluís Molina, por mantener, según sus palabras, un "silencio cómplice" ante esta situación.
El PP advierte además de que cualquier acuerdo adoptado en una mesa de negociación de la que haya sido excluido podría ser "nulo de pleno derecho", al considerar que se ha vulnerado la representatividad política.
El gobierno defiende la legalidad del proceso
Frente a estas acusaciones, el equipo de gobierno sostiene que Quartell es uno de los primeros municipios de la comarca en implantar la jornada laboral de 35 horas y rechaza que la medida responda a criterios políticos.
El ejecutivo explica que, tras las recientes elecciones sindicales celebradas entre abril y mayo, se constituyó una nueva mesa de negociación conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, donde participan exclusivamente los representantes sindicales y la Administración.
Según el Ayuntamiento, la oposición no tiene representación en este órgano porque la normativa estatal no contempla su participación, por lo que niega que exista ningún veto político.
No obstante, recuerda que durante la anterior etapa se permitió la presencia del PP sin voz ni voto como gesto de consenso, una situación que dejó de mantenerse tras la renovación legal de la mesa derivada del nuevo proceso electoral sindical.
La alcaldesa acusa al PP de politizar una mejora laboral
La alcaldesa, Cristina Marqués, lamenta que el Partido Popular haya convertido una medida que beneficia a toda la plantilla municipal en un enfrentamiento político.
La primera edil asegura que la implantación de las 35 horas "consolida un modelo igualitario y equitativo para todos los trabajadores" y rechaza las críticas de la oposición. "En Quartell no hay trabajadores de primera y de segunda como en su día quiso la líder de la oposición".
Además, Marqués reprocha a Eva Vilar que vincule la polémica con su anterior etapa como trabajadora municipal. La alcaldesa recuerda que durante ese periodo la actual portavoz popular percibió un complemento personal transitorio, una circunstancia que considera incompatible con las críticas que ahora dirige al gobierno local.
El equipo de gobierno también responde a las acusaciones sobre transparencia asegurando que ningún concejal del PP ha presentado todavía su declaración de bienes para el Portal de Transparencia municipal, pese a exigir ese mismo principio al ejecutivo.
Por su parte, el teniente de alcalde, Lluís Molina, defiende que la situación actual no es comparable a la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) desarrollada años atrás, cuando —afirma— existían fuertes discrepancias entre trabajadores que justificaban un modelo diferente de participación.
Molina sostiene que la actual portavoz popular "tergiversa y manipula la negociación colectiva" buscando un beneficio político y recuerda que la nueva mesa responde únicamente a la representación sindical surgida tras las últimas elecciones celebradas entre el personal municipal.