El nubarrón de 10 casos de corrupción que cubre Canet d'en Berenguer complica el futuro económico de la localidad y Canet d’en Berenguer no ha llegado a esta situación por casualidad ni como consecuencia de un episodio aislado. El deterioro económico, político e institucional que hoy atraviesa el municipio es el resultado de más de dos décadas de decisiones controvertidas, adjudicaciones cuestionadas, litigios judiciales y una cadena continuada de gobiernos municipales que, lejos de corregir las irregularidades heredadas, contribuyeron a ampliar un modelo marcado por la opacidad y la ausencia de controles efectivos. Con el 'capo', José Antonio SAncho Sempere, en la pirámide.
A lo largo de distintos mandatos y bajo gobiernos de diferente signo político, el Ayuntamiento fue acumulando sentencias contrarias, investigaciones policiales, advertencias de la Agencia Valenciana Antifraude y reclamaciones millonarias derivadas de contratos anulados, procesos urbanísticos irregulares y presuntas redes clientelares. El resultado es un consistorio atrapado en una espiral de litigios y pagos que amenaza seriamente la estabilidad financiera municipal.
Los diez casos de corrupción que hoy lastran a Canet no son episodios desconectados entre sí, sino piezas de un mismo entramado político y administrativo que, según denuncian asociaciones vecinales y plataformas ciudadanas, permitió durante años convertir la administración local en un espacio sometido a intereses particulares y partidistas.
Tras cada expediente cuestionado hubo decisiones políticas concretas: alcaldes, juntas de gobierno, portavoces municipales y responsables públicos que aprobaron, respaldaron o toleraron actuaciones que hoy se traducen en millones de euros de impacto para las arcas municipales. Mientras tanto, la imagen de normalidad institucional convivía con informes de la Guardia Civil, resoluciones judiciales y alertas de organismos públicos que apuntaban reiteradamente a graves deficiencias en la gestión municipal.
Ningún gobierno local sale indemne de este recorrido. Los sucesivos ejecutivos municipales, ya fuera por acción directa o por omisión, consolidaron una cultura política en la que las advertencias técnicas quedaban relegadas, los controles internos se convertían en meros formalismos y las responsabilidades terminaban diluidas entre mayorías plenarias y cambios de legislatura.
Mientras unos impulsaban adjudicaciones urbanísticas que terminaron en los tribunales, otros permitían que funcionarios clave implicados en tramas de contratos y asesorías mantuvieran posiciones de poder dentro de la estructura municipal. Los siguientes gobiernos, lejos de revertir la situación, asumieron como algo habitual que buena parte de las grandes decisiones del Ayuntamiento acabaran siendo revisadas judicialmente.
La magnitud del problema resulta ya imposible de ocultar. El impacto económico acumulado supera los nueve millones de euros entre pagos ya ejecutados, indemnizaciones, anulaciones contractuales y procedimientos judiciales todavía pendientes de resolución. Una factura que no asumen quienes aprobaron las decisiones cuestionadas, sino los vecinos de Canet, que afrontan las consecuencias en forma de servicios tensionados, inversiones paralizadas y un Ayuntamiento hipotecado durante años.
La crisis ya no es únicamente económica. Para numerosos colectivos ciudadanos se trata también de una quiebra política y moral: la evidencia de que durante años el municipio fue gestionado sin mecanismos eficaces de control, sin transparencia real y con una preocupante falta de protección del interés general.
En este contexto, la confrontación política entre el actual equipo de gobierno y la oposición —marcada por acusaciones cruzadas de nepotismo, clientelismo y supuestas irregularidades— ha intensificado aún más la percepción de desgaste institucional. Mientras los distintos partidos se señalan mutuamente, la Plataforma de Afectados por la Corrupción en Canet insiste en una idea central: el problema trasciende a quienes gobiernan hoy y responde a un modelo político consolidado durante un cuarto de siglo.
Desde esa perspectiva deben entenderse los diez casos que se detallan a continuación: no como hechos aislados, sino como la evidencia documentada de un sistema de poder que ha llevado a Canet d’en Berenguer al borde del colapso institucional y financiero.
Informe de investigación: los diez casos clave
Este reportaje, elaborado a partir de documentación judicial, informes oficiales y fuentes consultadas durante la investigación periodística, recopila los principales casos de corrupción e irregularidades vinculados al Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer. El análisis se centra en hechos documentados, sentencias judiciales, investigaciones policiales y expedientes administrativos que han marcado la vida política del municipio durante las últimas décadas.
Diversas asociaciones vecinales y plataformas ciudadanas denuncian desde hace años una supuesta “captura” de la administración por intereses partidistas y redes de influencia internas, una situación reflejada —según sostienen— en el elevado número de resoluciones judiciales contrarias al consistorio y en el impacto económico derivado de ellas.
A continuación se detallan los principales casos conocidos y sus consecuencias económicas estimadas.
1. Caso Mas Camarena (Colegio Mas Camarena)
Cronología
En 2013, el Ayuntamiento adjudicó cerca de 9.000 metros cuadrados de suelo municipal para la construcción de un centro educativo privado vinculado al grupo Mas Camarena. El proceso fue impugnado por otro centro escolar al considerar que el concurso incumplía las bases establecidas.
Años después, los tribunales confirmaron irregularidades en el procedimiento. La reclamación inicial, que ascendía a 23 millones de euros, acabó reduciéndose mediante un acuerdo posterior.
Entre 2025 y 2026, el Ayuntamiento completó el pago de 2,2 millones de euros fraccionados en distintos plazos, cerrando parcialmente el litigio y estableciendo además un canon anual a cargo del centro educativo.
Impacto económico
El coste directo para las arcas municipales asciende a 2,2 millones de euros, sufragados mediante recursos propios y reservas municipales. El caso se ha convertido en uno de los ejemplos más significativos del impacto de la gestión urbanística de etapas anteriores.
2. Caso Vitas Amarre
Cronología
Entre 2007 y 2011, diversos contratos suscritos entre el Ayuntamiento y la empresa Vitas Amarre comenzaron a generar sospechas de presuntas irregularidades relacionadas con prevaricación y cohecho.
La empresa estaba vinculada al ex secretario municipal José Antonio Sancho Sempere, figura que durante décadas acumuló un notable poder dentro de la estructura administrativa municipal al desempeñar funciones como secretario, interventor y jefe jurídico.
En fechas recientes, una nueva sentencia obligó al Ayuntamiento a abonar alrededor de 300.000 euros tras declararse la nulidad parcial del contrato. Informes periciales y de la Guardia Civil detectaron además posibles desvíos económicos vinculados a la operación.
Impacto económico
La indemnización confirmada ronda los 300.000 euros, sin contar intereses, honorarios jurídicos y posibles responsabilidades económicas adicionales derivadas del procedimiento.
3. Caso EGEVASA
Cronología
El contrato del servicio de agua y alcantarillado adjudicado a EGEVASA fue posteriormente anulado por irregularidades detectadas durante el proceso de contratación.
Las investigaciones judiciales y policiales señalaron defectos graves en el expediente administrativo, lo que terminó derivando en una sentencia desfavorable para el Ayuntamiento.
El caso se sitúa también en el contexto de influencia administrativa atribuido al ex secretario municipal José Antonio Sancho Sempere y guarda relación con presuntos pagos irregulares a empresas vinculadas.
Impacto económico
Las estimaciones sitúan el posible coste económico por encima de los cinco millones de euros, convirtiéndose en uno de los procedimientos con mayor repercusión financiera para el consistorio.
4. Caso Piscina del Cantó
Cronología
La adjudicación y ejecución de la piscina del Cantó quedó envuelta igualmente en una serie de irregularidades que terminaron incorporándose a la lista de litigios judiciales contra el Ayuntamiento.
Una resolución reciente confirmó la existencia de nulidades y sobrecostes relevantes, en una línea similar a otros expedientes vinculados a la etapa administrativa de Sancho Sempere.
Impacto económico
Aunque el impacto total todavía no ha sido cuantificado con precisión, el caso forma parte de la acumulación de pagos y sobrecostes que continúan deteriorando la situación financiera municipal.
5. Caso José Rodríguez Jurado
Cronología
En 2022, el funcionario municipal José Rodríguez Jurado obtuvo una plaza de categoría A1 y fue posteriormente designado por el alcalde Pere Antoni Chordá. Ambos pertenecían al mismo partido político y formaban parte de la sociedad Gescanet.
La Agencia Valenciana Antifraude abrió una investigación al detectar posibles indicios de irregularidades en el proceso. Posteriormente, la Fiscalía de Valencia asumió también actuaciones sobre el caso.
Impacto económico
El posible impacto económico todavía no ha sido determinado. No obstante, en caso de anularse el proceso selectivo, podrían reclamarse las cantidades percibidas por el funcionario desde su nombramiento.
6. Oposición controvertida
Cronología
En 2024, la esposa del alcalde Pere Antoni Chordá participó como aspirante en un proceso selectivo municipal. Finalmente, en 2025 fue designada para el puesto.
La polémica se centra en que el alcalde habría intervenido en fases relevantes del procedimiento pese a su relación directa con la candidata, lo que podría vulnerar su deber legal de abstención.
Por estos hechos existe una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de Valencia.
Impacto económico
El eventual coste económico podría corresponderse con las remuneraciones percibidas desde el nombramiento hasta una hipotética anulación del procedimiento.
7. Trama de las asesorías
Cronología
Según distintas investigaciones, a finales de los años ochenta y durante las décadas posteriores, José Antonio Sancho Sempere habría impulsado una red de asesorías presuntamente ficticias vinculadas a varios ayuntamientos, entre ellos Canet d’en Berenguer y La Pobla de Farnals.
Entre 2007 y 2011 se detectaron desvíos económicos mediante contratos con empresas relacionadas con el ex secretario municipal, mientras su hija Carmen Sancho ocupaba responsabilidades en el área de Contratación.
Entre 2020 y 2025, la Agencia Valenciana Antifraude y la Guardia Civil impulsaron nuevas investigaciones. Varias resoluciones judiciales derivaron en condenas por prevaricación y cohecho, mientras Carmen Sancho pasó a figurar como investigada judicialmente.
Impacto económico
Los informes de la Guardia Civil cifran en al menos 2,09 millones de euros los desvíos detectados entre 2007 y 2011, además de decenas de miles de euros vinculados a contratos con empresas relacionadas con la trama.
8. Trama de las oposiciones presuntamente amañadas
Cronología
Durante los años 2000 comenzaron a denunciarse presuntas irregularidades en procesos internos de selección de personal, especialmente en plazas obtenidas por familiares vinculados a la estructura municipal.
Las investigaciones apuntaron a tribunales de selección presuntamente sesgados y a favoritismos en determinadas convocatorias.
En 2020, la Agencia Valenciana Antifraude investigó además contrataciones irregulares de agentes de Policía Local y bolsas de empleo bajo sospecha de trato preferente hacia personas vinculadas a responsables políticos.
Impacto económico
Aunque no existe una cuantificación definitiva, estos procesos podrían generar futuras reclamaciones judiciales, revisiones de plazas y nuevos costes derivados de auditorías y responsabilidades administrativas.
9. Trama de las recaudaciones
Cronología
La denominada “trama de las recaudaciones” constituye otra derivada de las investigaciones relacionadas con José Antonio Sancho Sempere y la empresa Recaudaciones Levantinas SL, encargada de la gestión tributaria municipal desde 1996.
La empresa gestionaba impuestos como el IBI y percibía además comisiones sobre multas tramitadas por la Policía Local, dirigida entonces por el hijo de Sancho Sempere.
Las investigaciones de la Guardia Civil detectaron pagos de la mercantil a empresas vinculadas al ex secretario municipal, incluyendo transferencias de decenas de miles de euros a Millena III Milenio.
Impacto económico
La investigación judicial documenta movimientos económicos vinculados a esta trama por valor aproximado de 630.000 euros.
El caso acabó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos políticos del municipio y provocó finalmente la ruptura de relaciones entre el Ayuntamiento y Recaudaciones Levantinas.
10. Pasividad frente a la corrupción
Cronología y contexto
Para distintos colectivos ciudadanos, la principal forma de corrupción no reside únicamente en la comisión de posibles delitos, sino también en la inacción institucional frente a ellos.
La ausencia de investigaciones internas, la falta de depuración de responsabilidades y la demora en adoptar medidas correctoras han sido interpretadas por plataformas vecinales como una forma de tolerancia estructural hacia prácticas irregulares.
Según estas organizaciones, la gravedad de la situación de Canet no puede entenderse únicamente por los hechos investigados, sino por la falta de respuesta política y administrativa durante años.
Impacto institucional
Los colectivos ciudadanos sostienen que esta pasividad institucional ha contribuido a erosionar la confianza pública, debilitar los mecanismos de control y consolidar un sistema político poco transparente.
Un sistema blindado frente al control
Más allá de los casos concretos, la Plataforma de Afectados por la Corrupción en Canet denuncia la existencia de un patrón continuado de bloqueo institucional y protección mutua entre responsables políticos.
Entre sus principales reclamaciones figuran auditorías independientes sobre la gestión municipal, controles externos efectivos, transparencia total sobre los expedientes públicos y la exigencia de responsabilidades patrimoniales contra quienes participaron en actuaciones declaradas ilegales.
Sin embargo, según denuncian, estas peticiones han sido sistemáticamente ignoradas o retrasadas.
La plataforma describe la situación como un “blindaje corporativo” entre fuerzas políticas destinado a preservar el statu quo y evitar una revisión profunda de las responsabilidades acumuladas durante años.
Para buena parte de los vecinos y colectivos organizados, la reconstrucción institucional de Canet d’en Berenguer pasa inevitablemente por romper esa dinámica, revisar a fondo las responsabilidades políticas y devolver la administración municipal a su función esencial: el servicio público y la defensa del interés general.