Hay dos tipos de corrupción. La primera es la que cometen los delincuentes de cuello blanco: funcionarios que construyen chiringuitos jurídicos, secretarios que firman expedientes ilegales, interventores que miran para otro lado cuando deben mirar de frente. La segunda —más sutil, más venenosa, más difícil de probar pero igualmente destructiva— es la que cometen quienes saben y no actúan. Quienes podían haber parado la hemorragia y decidieron dejar que sangrase. O directamente fueron cómplices.
En el Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer, confluyen las dos formas de corrupción. Durante más de veinticinco años, el exsecretario general, exinterventor y exjefe de los servicios jurídicos, José Antonio Sancho Sempere, construyó una estructura de enriquecimiento personal tan sofisticada como impune. Y durante esos mismos veinticinco años, una sucesión de alcaldes —de distintos partidos, con distintos discursos, pero con idéntica inacción— miró para otro lado mientras el edificio se pudría por dentro. Buena parte de esta historia se cuenta en El zorro en el gallinero, publicado por NPQ Editores.
La historia no ha terminado. Todavía hoy, en mayo de 2026, mientras Sancho Sempere aparece en los registros del Índice Central de la Propiedad sin una sola finca inscrita a su nombre en todo el territorio nacional, el Ayuntamiento de Canet sostiene que "no tiene competencias" para investigar sus movimientos patrimoniales. Y mientras su hija, Carmen Sancho González, funcionaria de Contratación y pieza clave de la trama según los informes de la Guardia Civil, continúa en su puesto de trabajo, el consistorio afirma no poder actuar contra ella porque "los hechos prescribieron".
Este artículo trata de esa otra corrupción. La del silencio cómodo. La de la connivencia institucional. La del pacto tácito por el que un Ayuntamiento y sus funcionarios se cubrieron mutuamente durante décadas, dejando que el dinero público fluyese hacia los bolsillos de quien más poder acumulaba.
I. EL HOMBRE QUE ERA TODO EL AYUNTAMIENTO
Para entender lo que ocurrió en Canet d'En Berenguer hay que empezar por entender quién era José Antonio Sancho Sempere, y qué tipo de poder ejercía.
En los sistemas municipales españoles existe una figura poco conocida para el ciudadano común, pero de enorme poder fáctico: el secretario-interventor. Es el funcionario que da fe de los actos del Ayuntamiento, que firma los informes jurídicos que habilitan las decisiones políticas, que controla la legalidad de los gastos y contratos, y que custodia el archivo de todo lo que se hace y lo que se deja de hacer. En un municipio pequeño, ese funcionario puede ser más poderoso que el propio alcalde, porque los alcaldes cambian y él permanece. Los alcaldes necesitan su firma, su criterio jurídico, su beneplácito técnico.
José Antonio Sancho Sempere fue, durante años, ese hombre. No solo era secretario general. También era interventor y jefe de los servicios jurídicos, acumulando en una sola persona las tres funciones de control que en un Ayuntamiento bien organizado deben estar separadas y fiscalizarse mutuamente. Era, en la práctica, el Ayuntamiento entero. Quien controlaba el gasto, quien habilitaba los contratos y quien supervisaba la legalidad de todo lo anterior era la misma persona que luego cobraba de esos contratos.
El modus operandi fue construido con paciencia y metodología. En el año 2000, Sancho Sempere constituyó la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), formalmente una asociación sin ánimo de lucro, colocando al frente a tres profesionales ajenos que no sabían exactamente para qué iban a servir. La AVJ era su empresa fantasma: él la controlaba en la sombra, ella facturaba a las instituciones públicas, y el dinero llegaba a sus manos sin que nadie pudiera ver directamente la conexión, hasta que El Periódico de Aquí comenzó una vasta investigación en el año 2011. Creó también, en paralelo, un entramado de al menos tres sociedades adicionales —Millena III Milenio, José Antonio Sancho Sempere SLP y la Federación Profesional Valenciana— para fragmentar los cobros, dificultar el rastreo y poner nombre de terceros donde no podía aparecer el suyo.
No se trataba de una operación improvisada. Se trataba de una arquitectura de la corrupción diseñada con el conocimiento jurídico de alguien que sabía exactamente qué hacía, por qué lo hacía y cómo evitar que le pillaran.
Durante años, nadie le pilló. O nadie quiso pillarle.
II. LA TRAMA: DE LAS ASESORÍAS AL CONSORCIO DE MUSEOS
La primera condena firme llegó en julio de 2022, cuando el Juzgado de lo Penal n.º 18 de Valencia dictó la Sentencia 272/2022. El fallo era contundente: Sancho Sempere era culpable de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
Los hechos probados revelaban la mecánica de la trama con una claridad que hacía aún más inexplicable la tardanza de las instituciones en detectarla. Entre 2007 y 2011, siendo alcaldesa Amparo Mañó, Sancho Sempere convirtió a la AVJ en proveedora habitual de servicios jurídicos del Ayuntamiento. Él mismo decidía qué pleitos se derivaban a la asociación, fijaba las minutas, mantenía la ficción contractual con una sucesión de contratos menores que superaban los límites legales, y emitía los informes que daban cobertura jurídica a todo el proceso. Era el contratante y el contratado. Era quien adjudicaba y quien cobraba. Era juez y parte, árbitro y jugador.
En total, la AVJ facturó al Ayuntamiento de Canet 151.735,52 euros entre 2007 y 2011: 23.316 euros en 2007, 37.421,60 en 2008, 35.943,30 en 2009, 39.903,42 en 2010 y 15.151,20 en 2011. La cifra que figura en la sentencia es solo la punta del iceberg. Investigaciones periodísticas de El Periódico de Aquí apuntan a que el volumen total de las actividades del entramado alcanzaría los dos millones de euros, incorporando pagos de otras administraciones.
Cuando en 2011 cambió el alcalde —Leandro Benito Antoni sustituyó a Amparo Mañó— la operativa no se interrumpió. Al contrario: se institucionalizó. Sancho Sempere organizó un concurso público de asistencia jurídica con presupuesto de 60.000 euros, pero envió las invitaciones únicamente a dos entidades que él mismo controlaba: la AVJ y la sociedad profesional José Antonio Sancho Sempere SLP. A ese concurso solo se presentó una: la AVJ. Que ganó el contrato por 57.600 euros más IVA. Que siguió facturando hasta mayo de 2013.
La parodia de licitación fue posible porque quien convocaba el concurso era, a la vez, quien debía controlarlo.
Pero la trama no se limitó a Canet. El entramado se extendió por casi una veintena de municipios y organismos de la Comunitat Valenciana. El Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana fue uno de ellos. El interventor del Consorcio, Rafael Parra Mateu, amigo personal de Sancho Sempere, también controló en la sombra las sociedades del entramado —Academia Valenciana de Juristas, Asesores Económicos, Asesores Profesionales y Millena III Milenio— y pagó a dichas entidades por informes de dudosa utilidad. El Tribunal Supremo confirmó en octubre de 2024 una nueva condena firme contra Sancho por prevaricación en la pieza del Consorcio de Museos, convirtiéndola en su tercera sentencia condenatoria.
Antes, en 2021, el Tribunal Supremo ya le había condenado junto a la exalcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad García Castellar, por un delito de cohecho: los dos fueron sentenciados a dos años de cárcel por recibir pagos personales para mantener el contrato de asesoría con las empresas de Sancho. El patrón era siempre el mismo: funcionario o político en posición de decisión que recibe una contraprestación económica para mantener el contrato con la AVJ o sus empresas satélite. Ambos fueron a prisión.
La lista de imputados en el juzgado de instrucción que investigó la trama llegó a incluir 34 nombres: alcaldes, exalcaldes, secretarios municipales, exaltos cargos de la Generalitat, empresas públicas como EGEVASA. Una red que se extendía como una mancha de aceite por el tejido institucional valenciano.
III. LA FAMILIA COMO INSTRUMENTO DE LA TRAMA
Una de las características más perturbadoras de la corrupción de Sancho Sempere es que fue, literalmente, un negocio familiar. Y el Ayuntamiento de Canet, que lo sabía —o debía saberlo, al menos desde que El Periódico de Aquí publicó quincenalmente informaciones cada vez más comprometidas—, no hizo nada al respecto.
Amparo González Sanchis, esposa de Sancho Sempere y abogada colegiada, aparece en los informes policiales y judiciales como secretaria y trabajadora activa de las entidades del entramado. No era una figura decorativa. Según las investigaciones, gestionó documentación, participó en la operativa societaria y se benefició directamente de los flujos económicos generados por la trama.
Carmen Sancho González, hija del matrimonio, fue colocada como técnica y después jefa del departamento de Contratación Pública del Ayuntamiento de Canet. La posición no podía ser más estratégica. Era precisamente la funcionaria encargada de tramitar los expedientes de contratación con la AVJ. Era quien firmaba los informes favorables. Era quien daba cobertura burocrática a los contratos de su padre.
Los documentos incorporados a la causa judicial son meridianamente claros: Carmen Sancho habría impulsado en 2011 el expediente de contratación 14/2011/CON, valorado en 57.600 euros más IVA, adjudicado a la AVJ. Emitió informes favorables. Participó en la tramitación administrativa. Y mientras lo hacía, su padre —desde el cargo de secretario general— validaba el procedimiento el 28 de marzo de ese año. Padre e hija, desde distintos puestos del mismo Ayuntamiento, trabajando coordinadamente para que el dinero público acabase en el bolsillo del primero.
En ningún momento Carmen Sancho declaró su obligación de abstención. En ningún momento comunicó el conflicto de intereses. En ningún momento un responsable político del Ayuntamiento —ni alcaldesa Mañó, ni alcalde Benito Antoni, ni ningún miembro de sus equipos de gobierno— puso el foco en esa anomalía tan llamativa como obvia: que la hija del secretario era quien firmaba los contratos del secretario.
Un segundo contrato adjudicado en 2013 a la AVJ, con vigencia hasta 2015, habría seguido exactamente el mismo patrón. La maquinaria funcionaba con precisión de relojería.
En febrero de 2026, madre e hija declararon ante el Juzgado de Instrucción de Valencia. Amparo González alegó no haber leído la querella "por motivos de salud familiar". Carmen Sancho insistió en desconocer las actividades de su padre y negó cualquier vínculo con sus empresas privadas. Ambas se negaron a responder preguntas de los letrados de la acusación particular. El silencio, también en sede judicial, sigue siendo la estrategia familiar de los Sancho.
IV. LOS CUATRO EXPEDIENTES QUE ARRUINARON A CANET
Mientras la trama de las asesorías se desarrollaba, otros expedientes municipales gestionados durante la etapa de Sancho Sempere iban dejando un rastro de ilegalidades cuyos costes económicos solo se han materializado años después. El municipio ha pagado —y seguirá pagando— los errores o las decisiones conscientemente ilegales de sus responsables técnicos. Y el principal responsable técnico de todos ellos era siempre el mismo.
Caso Mas Camarena: 2,2 millones de euros de coste directo
En 2013, el Ayuntamiento de Canet adjudicó cerca de 9.000 metros cuadrados de suelo público para la implantación del colegio privado Mas Camarena. El expediente fue instruido bajo la supervisión de Sancho Sempere. Una empresa competidora —el grupo educativo El Plantío— impugnó la adjudicación, los tribunales la anularon, y el Tribunal Supremo ratificó la sentencia en 2019.
Consecuencia: el Ayuntamiento ha abonado una indemnización de 2,2 millones de euros, pagados en varios plazos, el último de ellos ingresado a finales de marzo de 2026. La cantidad reclamada inicialmente era de 23 millones de euros; la negociación la redujo a 2,2 millones, pero eso no cambia la naturaleza del desastre. La Fiscalía Provincial archivó en 2021 diligencias penales relacionadas con este proceso al no apreciar trascendencia penal, pero el daño económico es real e irreversible.
Lo que nadie explica es por qué el Ayuntamiento, una vez pagados los 2,2 millones, no ha ejercido ninguna acción de repetición contra Sancho Sempere y el exalcalde Leandro Benito Antoni, quienes instruyeron y aprobaron ese expediente ilegal. Es cierto que votaron a favor de Mas Camarena todos los concejales, de todos los partidos políticos, incluida la hermana del actual alcalde socialista.
Caso EGEVASA: hasta cinco millones en juego
En 2004, siendo alcaldesa Amparo Mañó, el Ayuntamiento adjudicó a EGEVASA (Empresa General Valenciana del Agua, S.A.) la gestión del abastecimiento de agua potable y el alcantarillado. El contrato fue prorrogado en 2009. Sancho Sempere instruyó ambos expedientes. En 2025, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anuló el contrato al apreciar graves defectos e ilegalidades en su tramitación. El Tribunal Supremo, en resolución de 11 de marzo de 2026, inadmitió los recursos de casación.
El impacto económico total todavía no está definitivamente cuantificado. Mientras el Ayuntamiento afirma que el coste se limitará a 4.500 euros en costas procesales, informes jurídicos independientes elevan la cifra a cerca de cinco millones de euros. La diferencia entre ambas estimaciones es tan abismal que resulta imposible que ambas sean correctas.
Un contrato de más de 21 años, que reguló el servicio de agua y saneamiento de todo un municipio, declarado nulo. Y quien lo diseñó, quien lo instruyó, quien firmó los informes que lo habilitaron: el mismo hombre que hoy, oficialmente, no tiene una sola propiedad inscrita en España.
Caso Vitas de Amarre: 271.000 euros y creciendo
Otro expediente de la etapa Benito-Sancho fue anulado judicialmente, con el resultado de una condena al Ayuntamiento al pago de 271.000 euros más intereses y costas. La sentencia es firme. El dinero debe pagarse. Y la pregunta vuelve a ser la misma: ¿por qué el Ayuntamiento no ha reclamado esa cantidad a quienes instruyeron ese expediente ilegal?
La respuesta tácita del consistorio —que lo resolverán los tribunales, que no tiene competencias, que hay que esperar— no es una respuesta jurídica. Es una coartada política.
Caso Piscina del Cantó: 700.000 euros sobre la mesa
La licencia de obra del edificio de la Piscina del Cantó fue declarada nula por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en 2018, nulidad ratificada por el TSJCV en 2020. El expediente de licencia fue tramitado bajo la supervisión de Sancho Sempere. El coste para el municipio podría rondar los 700.000 euros, según reconoció el propio alcalde Pere Antoni. Una sentencia reciente ha añadido más presión sobre las arcas municipales, en la misma línea de irregularidades sistemáticas detectadas en todos los expedientes de esa etapa.
El daño total: más de ocho millones de euros
Sumados los cuatro grandes expedientes, el perjuicio económico causado al Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer por la actuación de Sancho Sempere —y por la inacción de quienes debieron frenarle— supera los ocho millones de euros. En un municipio de 4.000 habitantes, esa cifra representa una sangría extraordinaria del erario público. Son obras de infraestructura que no se hicieron. Son servicios que no se prestaron. Son impuestos de los vecinos que acabaron pagando los errores —o los crímenes— de quienes debían protegerlos. Por suerte, Canet construyó tanto en los años 70, 80 y 90, que sus arcas municipales cobran especialmente a través del elevado Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los apartamentos y chalés de la playa.
V. EL MISTERIO DEL PATRIMONIO DESAPARECIDO
El capítulo más perturbador de toda esta historia no es la corrupción en sí misma. Es lo que ocurrió después de que la corrupción fue detectada y condenada.
Una consulta al Índice Central de los Registros de la Propiedad realizada a instancias de un ciudadano interesado en investigar la situación patrimonial del exsecretario revela un dato que sobrecoge: actualmente no consta ni una sola finca inscrita a nombre de José Antonio Sancho Sempere en todo el territorio nacional. Ni en Canet d'En Berenguer. Ni en Valencia capital. Ni en Facheca, el municipio alicantino donde tenía propiedades. En ningún registro de la propiedad de España figura hoy este hombre como titular de un solo inmueble.
Ese dato contrasta brutalmente con lo que revelan los informes de la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Guardia Civil de Valencia: antes de que comenzara el proceso de liquidación patrimonial, Sancho Sempere era titular de cuatro inmuebles urbanos y 82 fincas rústicas. De esa masa patrimonial, hoy no queda nada inscrito a su nombre.
¿Adónde fueron 86 propiedades?
La legislación penal española es inequívoca al respecto. El artículo 257 del Código Penal tipifica como delito el alzamiento de bienes: la conducta de quien, sabiendo que debe afrontar responsabilidades económicas de envergadura —especialmente derivadas de delitos de corrupción— oculta, transmite o de cualquier modo sustrae sus bienes para impedir que puedan ser embargados o ejecutados por sus acreedores, incluida la administración pública perjudicada.
No hace falta ser jurista para entender lo que los datos sugieren. Un hombre condenado por tres sentencias firmes. Un hombre investigado en nuevas causas abiertas. Un hombre frente a quien el Ayuntamiento podría y debería reclamar millones de euros en responsabilidades civiles. Ese hombre, en algún momento durante los años de investigación, condena y recursos, fue desprendiéndose de sus propiedades hasta quedar, sobre el papel, sin nada presuntamente.
Las transmisiones patrimoniales realizadas en ese período deben ser investigadas con lupa. Ventas a precio inferior al de mercado a familiares. Donaciones encubiertas a herederos directos. Cambios de titularidad formal que ocultasen la posesión material. Sociedades interpuestas para mantener el control de los bienes sin su titularidad nominal. Transmisiones en favor de la esposa Amparo González Sanchis, que ya ha sido investigada por participar en la trama.
Lo que dice el Ayuntamiento de Canet
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Canet sostiene en un escrito oficial del alcalde Pere Antoni Chordà que "no tiene competencias para investigar supuestos movimientos patrimoniales de particulares ni para perseguir posibles maniobras destinadas a ocultar bienes, ya que dichas funciones corresponden a la administración de justicia".
Es una afirmación jurídicamente cuestionable. Un Ayuntamiento que ostenta la condición de acreedor y de perjudicado por los delitos de su exfuncionario tiene plena legitimación para personarse en causas penales, solicitar medidas cautelares de aseguramiento del patrimonio, y ejercitar acciones civiles de rescisión de contratos en fraude de acreedores (acción pauliana, art. 1111 del Código Civil). No es una competencia exclusiva de la Justicia: es un derecho y una obligación de la institución perjudicada. Que el Ayuntamiento argumente que eso "no es su competencia" en lugar de ejercerlo activamente es, en sí mismo, una decisión política. Una elección. Una forma de connivencia o de pasar página sin vocación de intentar recuperar parte del dinero sustraído y del daño realizado.
VI. LA CONNIVENCIA COMO SISTEMA: LO QUE SABÍAN Y NO HICIERON
Resulta imposible analizar los veinticinco años de corrupción en Canet d'En Berenguer sin preguntarse cómo fue posible que durara tanto. La respuesta incómoda es que no podría haber durado sin la colaboración —activa o pasiva, deliberada o cómoda— de quienes debían controlarlo.
Amparo Mañó, la alcaldesa bajo cuyo mandato Sancho Sempere construyó la arquitectura inicial de la trama, fue con posterioridad una de las imputadas en la investigación del Juzgado de Instrucción n.º 12, que llegó a manejar una lista de 34 investigados. Ella fue la alcaldesa bajo cuya gestión la AVJ comenzó a facturar regularmente al Ayuntamiento. Ella firmó o supervisó la aprobación de los contratos con EGEVASA.
Leandro Benito Antoni, su sucesor, fue el alcalde bajo cuya gestión se adjudicó el suelo para Mas Camarena, se concedió la licencia para la Piscina del Cantó, se mantuvo el contrato con la AVJ y se organizó la parodia de concurso que acabó adjudicando un contrato a la única empresa que Sancho presentó. Benito Antoni fue absuelto de un delito de prevaricación en uno de los procedimientos, al considerar el juzgado que "en ningún momento fue advertido por los órganos técnicos encargados de salvaguardar la legalidad de la actuación". La absolución es jurídicamente válida, pero la explicación resulta políticamente demoledora: el alcalde no fue advertido. El secretario que debía advertirle era el mismo que estaba cometiendo los delitos. En su defensa, hay que decir que fue quien comenzó a romper amarras con el clan Sancho.
Pere Antoni Chordà, el actual alcalde, heredó el desastre. Pero ha tenido tiempo, medios y obligación de remediar lo que sus predecesores dejaron. Sin embargo, su gestión del asunto ha sido más de defensa corporativa que de persecución activa de responsabilidades. Frente al vaciamiento patrimonial del exsecretario: "no es nuestra competencia". Frente a Carmen Sancho González, que continúa en su puesto: silencio. Frente a la reclamación meramente cosmética al Tribunal de Cuentas: una petición de 151.735 euros —una fracción mínima del daño total— y nada más.
El Ayuntamiento ha tenido, además, un comportamiento activamente hostil hacia quienes han denunciado estas irregularidades. En marzo de 2026, convocó un pleno extraordinario para calificar de "campaña de desprestigio" las denuncias de la Plataforma de Afectados. Las críticas del consistorio son comprensibles como argumento político. Pero no invalidan los datos: las sentencias, los informes de la Guardia Civil, las inscripciones registrales, los expedientes judiciales abiertos. Igualmente, ha optado por acribillar con derechos de rectificación contra las informaciones de El Periódico de Aquí. Atacar al mensajero no cambia el contenido del mensaje.
VII. CARMEN SANCHO GONZÁLEZ: LA FUNCIONARIA QUE EL AYUNTAMIENTO NO VE
Si el vaciamiento patrimonial de Sancho Sempere es el símbolo más dramático de la impunidad económica, la situación de Carmen Sancho González es el símbolo más perturbador de la impunidad institucional.
Es hija del principal condenado. Es funcionaria pública en activo en el mismo Ayuntamiento donde actuó su padre. Está investigada en causa penal abierta por posibles delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. Los informes de la Guardia Civil la sitúan como pieza clave en la tramitación de los contratos irregulares con la AVJ. Y sigue en su puesto.
La legislación española contempla mecanismos para suspender cautelarmente a un funcionario mientras está siendo investigado en una causa penal que afecta directamente a sus funciones. No es una suspensión definitiva: es una medida de precaución, de protección de la integridad de la investigación y de preservación de la confianza ciudadana en la administración. Los propios principios de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público establecen que los funcionarios deben abstenerse de participar en asuntos en los que tengan un interés personal que pueda afectar a su imparcialidad.
Carmen Sancho firmó expedientes de contratación con la empresa de su padre sin declarar jamás ese interés personal. Sin solicitar, como era su obligación, que la causa pasase a manos de otro funcionario. Sin informar a ningún responsable político de la obvia incompatibilidad. Esa omisión, repetida sistemáticamente durante años, no puede explicarse como un error burocrático. Es una conducta deliberada.
Y sin embargo, el Ayuntamiento de Canet no ha presentado ninguna acción contra ella, no ha solicitado su suspensión cautelar y no ha reconocido públicamente que su presencia en el departamento de Contratación mientras está siendo investigada por hechos cometidos en ese mismo departamento constituye un problema de credibilidad institucional.
La única acción que el Ayuntamiento ha emprendido contra la familia Sancho en el plano contable es la reclamación al Tribunal de Cuentas de los 151.735,52 euros correspondientes a la trama de las asesorías, exclusivamente contra Sancho Sempere padre. El Tribunal de Cuentas, además, rechazó en enero de 2026 exigir responsabilidad contable directa al exsecretario. Una acción insuficiente, tardía y parcialmente fracasada.
Frente a los más de ocho millones de euros de daño estimado, el Ayuntamiento ha reclamado 151.735 euros a una persona y nada a las demás. La proporción habla por sí sola.
VIII. EL PESO DEL SILENCIO: UNA REFLEXIÓN SOBRE LA CONNIVENCIA INSTITUCIONAL
Hay una pregunta que subyace a toda esta investigación y que los hechos documentados no permiten responder con certeza, pero sí plantear con fundamento: ¿la inacción del Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer durante veinticinco años fue incompetencia o fue acuerdo?
La incompetencia es comprensible. Un municipio pequeño, con recursos limitados y funcionarios sobrecargados, puede tardar en detectar irregularidades sofisticadamente diseñadas para no verse. Puede cometer errores en la supervisión. Puede no tener los medios técnicos para seguir el rastro de un entramado societario cuidadosamente construido durante décadas.
Pero hay cosas que van más allá de la incompetencia. Una hija que avala los contratos de su padre durante años, en el mismo departamento, en el mismo Ayuntamiento, sin que nadie lo detecte o lo denuncie: eso no es un fallo del sistema, eso es que el sistema no quiso detectarlo. Un exsecretario que vacía 86 propiedades mientras se acumulan sentencias condenatorias y el Ayuntamiento argumenta que "no es su competencia" investigarlo: eso no es una limitación legal, eso es una elección política. Una reclamación de 151.735 euros sobre un daño de más de ocho millones, sin ninguna otra acción en marcha: eso no es proporcionalidad, eso es un gesto de cara a la galería.
El concepto jurídico de connivencia por omisión es preciso y difícil de probar, pero describe exactamente esta situación: quien tiene la obligación legal de actuar frente a un ilícito y no actúa, convirtiéndose así en cómplice pasivo del resultado que debía haber impedido. El Ayuntamiento de Canet tenía la obligación legal, la capacidad técnica y la legitimación procesal para actuar con mucha más contundencia de la que ha demostrado. No lo hizo. Y los ciudadanos —que pagaron los contratos de la AVJ con sus impuestos, que pagaron los 2,2 millones de Mas Camarena, que pagarán lo que quede de EGEVASA, Vitas de Amarre y la Piscina del Cantó— tienen derecho a saber por qué.
La connivencia no siempre tiene el aspecto de un sobre en negro. A veces tiene el aspecto de un alcalde que dice "eso lo resolverán los tribunales". A veces tiene el aspecto de un pleno extraordinario convocado para atacar a quienes denuncian, en lugar de para defender a quien fue víctima. A veces tiene el aspecto de una funcionaria investigada que sigue en su puesto, de un patrimonio que desaparece sin alarmas, de una reclamación de 151.000 euros sobre un daño de ocho millones.
El pacto del silencio en Canet d'En Berenguer no fue necesariamente un acuerdo explícito, firmado en un despacho con testigos. Fue algo más común, más difuso y más peligroso: la suma de decisiones individuales de mirar hacia otro lado, de no preguntar demasiado, de no actuar más de lo imprescindible, de proteger la estabilidad institucional a costa de la verdad y la justicia.
IX. LO QUE DEBERÍA HABER OCURRIDO… Y AÚN PUEDE OCURRIR
Los hechos son los que son. Las sentencias, firmes. Los informes de la Guardia Civil, incorporados a la causa. El patrimonio de Sancho, desaparecido. Carmen Sancho, en su puesto. El Ayuntamiento, a la defensiva.
Pero el tiempo judicial no ha terminado. Hay causas abiertas, investigaciones en curso y acciones legales que todavía pueden interponerse. La prescripción no ha consumido todas las opciones. Hay un camino hacia la recuperación del daño, si existe voluntad institucional para recorrerlo.
Lo que correspondería hacer —y lo que distintos expertos jurídicos y la propia Plataforma de Afectados han reclamado públicamente— es un conjunto de medidas urgentes:
En el plano penal: Presentar denuncia o querella por alzamiento de bienes contra José Antonio Sancho Sempere, su cónyuge Amparo González Sanchis y sus herederos, investigando específicamente las transmisiones patrimoniales realizadas desde el inicio de las investigaciones judiciales. Formular igualmente querella contra Carmen Sancho González por los hechos que resultan de los expedientes en curso.
En el plano civil: Ejercitar la acción pauliana (art. 1111 del Código Civil) para rescindir los actos y contratos realizados en fraude de los derechos del Ayuntamiento como acreedor. Reclamar responsabilidad patrimonial personal contra los alcaldes y funcionarios que instruyeron los expedientes declarados ilegales.
En el plano administrativo: Solicitar la suspensión cautelar del servicio de Carmen Sancho González mientras dure la investigación judicial que afecta directamente a sus funciones en Contratación. Impulsar una auditoría externa e independiente de todos los expedientes de la era Sancho Sempere.
En el plano institucional: Aprobar un plan de recuperación de activos dotado de recursos reales, con encargo expreso a letrados especializados en recuperación de créditos contra deudores insolventes, y con coordinación directa con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que ya han investigado la trama.
Nada de esto es imposible. Todo esto está dentro de las competencias y las obligaciones del Ayuntamiento. La pregunta es si hay voluntad política para hacerlo. Y esa es, precisamente, la pregunta que los ciudadanos de Canet d'En Berenguer tienen el derecho y la necesidad de formular a sus representantes electos.
NOTA FINAL. Este artículo de investigación ha sido elaborado sobre la base de sentencias judiciales firmes, informes periciales de la Guardia Civil incorporados a causas judiciales, documentación registral oficial, investigaciones periodísticas publicadas en medios de comunicación acreditados y análisis jurídicos independientes. Todas las afirmaciones relativas a investigaciones en curso se refieren a hechos objeto de procedimientos judiciales abiertos en los que los investigados mantienen la presunción de inocencia hasta sentencia firme.