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La factura que diferentes decisiones administrativas, litigios y operaciones patrimoniales han podido dejar en las cuentas de Canet d'en Berenguer ha abierto un nuevo enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la denominada Plataforma de Afectados por la Corrupción. El colectivo sostiene que el impacto acumulado podría rondar los 15 millones de euros, una estimación que fuentes municipales consultadas por El Periódico de Aquí rechazan de plano y califican de "disparatada".
Una revisión de cinco de los expedientes difundidos por la plataforma reúne cantidades que superan los 5,6 millones de euros, pero esta cifra tampoco puede considerarse directamente como dinero perdido por las arcas municipales. Bajo esa suma aparecen conceptos de naturaleza muy diferente: pagos ya efectuados, condenas judiciales, provisiones contables y estimaciones sobre posibles costes futuros.
Precisamente ahí reside una de las principales discrepancias. El Ayuntamiento cuestiona tanto las cantidades como algunos de los costes que el colectivo atribuye al consistorio y señala que las estimaciones de la plataforma han ido variando. Según fuentes municipales, antes del verano hablaba de unos ocho millones, posteriormente de 15 y en su último correo elevaba el cálculo a una horquilla de entre 18,4 y 19,4 millones de euros.
De Mas Camarena a la piscina del Cantó
El expediente de mayor cuantía entre los cinco analizados es el de Mas Camarena. La documentación difundida por la plataforma sitúa en 2,2 millones de euros el coste asumido por el Ayuntamiento después de la anulación judicial de la adjudicación de un derecho de superficie para implantar un colegio privado. Según el colectivo, el conflicto terminó mediante un acuerdo transaccional y el último pago, de 100.000 euros, se realizó en marzo de 2026.
Otro de los asuntos es la piscina del Cantó, cuya licencia fue anulada. La plataforma atribuye al Ayuntamiento una provisión de un millón de euros ante los posibles costes derivados de la situación, entre ellos una eventual demolición e indemnizaciones. El consistorio rebate este punto y sostiene que existe una sentencia que establece que el coste del derribo deberá ser asumido por los vecinos de la urbanización. Añade que los propios afectados habían calculado ese coste en unos 700.000 euros.
El tercer expediente corresponde a Vitas de Amarre, relacionado con una parcela hotelera de la playa. La plataforma cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que establecería el pago por parte del Ayuntamiento de 276.375,55 euros, a los que se sumarían intereses de demora desde la primera instancia.
A ellos se añade el Instituto Valenciano de la Paella, cuyo impacto económico el colectivo sitúa por encima de dos millones de euros después de los problemas de viabilidad, litigios y una dación en pago vinculados al proyecto.
El quinto caso corresponde a 151.735,52 euros en facturas a la Asociación Valenciana de Juristas entre 2007 y 2011. La existencia de esos pagos, por sí misma, no permite concluir que fueran irregulares ni que constituyeran un perjuicio económico. La plataforma los incluye entre los asuntos sobre los que reclama conocer los servicios contratados, los expedientes que los respaldaron y los trabajos realizados.
En relación con aquella etapa, la documentación aportada por el colectivo alude también a un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Guardia Civil incorporado a un procedimiento penal en marcha, que cifra en 2,9 millones de euros el dinero presuntamente obtenido del erario por el exsecretario municipal José Antonio Sancho Sempere, condenado por corrupción.
El Ayuntamiento carga contra la plataforma
La respuesta municipal va más allá de cuestionar las cifras. Las fuentes consultadas ponen en duda la propia representatividad del colectivo, del que aseguran que carece de personalidad jurídica y no está constituido legalmente, y sostienen que estaría formado únicamente por una persona que actúa bajo seudónimo.
El consistorio identifica como supuesto portavoz a Iñaky Sos Salvador y asegura que mantiene abiertas las puertas del Ayuntamiento para reunirse con él. Las fuentes municipales llegan además a insinuar, sin aportar pruebas que permitan acreditarlo, que detrás del colectivo podría encontrarse alguien relacionado con anteriores episodios de corrupción en el municipio. Se trata, por tanto, de una acusación del Ayuntamiento que no puede darse por probada.
Las mismas fuentes utilizan como ejemplo de las discrepancias un antiguo proyecto de planta potabilizadora. Según explican, la plataforma atribuyó inicialmente al Ayuntamiento un coste de cinco millones de euros, cuando el consistorio sostiene que únicamente tuvo que asumir las costas judiciales, y posteriormente habría elevado la cantidad hasta los siete millones.
La plataforma reclama una auditoría técnica y contable independiente que detalle lo pagado, los riesgos todavía abiertos y las posibles responsabilidades. El Ayuntamiento rechaza esta petición en los términos planteados por el colectivo y responde que quien debería someterse a una auditoría es la propia plataforma.
El alcance económico real de estos expedientes dependerá, en definitiva, de separar para cada caso las cantidades efectivamente abonadas, las obligaciones reconocidas, las provisiones presupuestarias y los riesgos todavía pendientes, además de determinar mediante la documentación administrativa y judicial correspondiente quién debe asumir cada coste.
El Ayuntamiento cuestiona las cifras y la propia plataforma
El Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer rechaza tanto las cifras difundidas como la petición de una auditoría. Fuentes municipales consultadas por El Periódico de Aquí sostienen que "la única auditoría que hay que hacer" es a la propia Plataforma de Afectados por la Corrupción, cuya representatividad cuestionan. Según estas fuentes, el colectivo carece de personalidad jurídica y no está constituido legalmente, estaría formado por una única persona y actuaría ocultando su identidad bajo un seudónimo.
El consistorio identifica como supuesto portavoz de la plataforma a Iñaky Sos Salvador y asegura que las puertas del Ayuntamiento están abiertas para reunirse con él, aunque añade que duda de que llegue a producirse ese encuentro porque cuestiona incluso su existencia.
Las fuentes municipales van más allá y aseguran que existe en el municipio la sospecha de que detrás de la plataforma podría encontrarse alguien que "fue parte activa en el saqueo que sufrió este Ayuntamiento y que se quedó sin su parte del botín". El Ayuntamiento no aporta en su respuesta pruebas que permitan acreditar esta acusación, por lo que se trata exclusivamente de una afirmación de las fuentes municipales y no de un hecho constatado.
Respecto al fondo económico de la denuncia, el consistorio considera "simplemente disparatadas" las cantidades manejadas por el colectivo y pone el foco en cómo han ido cambiando. Según su versión, antes del verano la plataforma hablaba de ocho millones de euros; posteriormente situó la cifra en 15 millones y en su último correo electrónico la habría elevado a una horquilla de entre 18.435.709,07 y 19.480.709,07 euros.
"A saber qué cifra dará la semana que viene, porque está claro que las cantidades las calcula tirando los dados", ironizan las fuentes municipales, que acusan a la plataforma de mezclar expedientes y conceptos de naturaleza diferente para construir sus estimaciones.
Como ejemplo, el Ayuntamiento se refiere al antiguo proyecto de una planta potabilizadora. Según explica, hace unos meses el colectivo sostuvo que el consistorio tendría que desembolsar cinco millones de euros por este asunto. Las fuentes municipales aseguran que esa cantidad era incorrecta porque el Ayuntamiento únicamente tuvo que afrontar las costas del procedimiento judicial, y añaden que la propia plataforma habría reconocido posteriormente el error. Pese a ello, señalan, el colectivo atribuye ahora a este mismo expediente un coste de siete millones de euros.
El consistorio rebate también específicamente los cálculos sobre la piscina del Cantó. Frente al millón de euros que la plataforma vincula a una posible demolición, el Ayuntamiento asegura que los propios afectados habían calculado el coste en unos 700.000 euros y sostiene, además, que ya existe una sentencia que establece que el derribo deberá ser sufragado por los vecinos de la urbanización y no por las arcas municipales.
Las fuentes municipales cuestionan finalmente el alcance de las propias denuncias del colectivo y recuerdan que la plataforma incorpora en sus comunicaciones advertencias en las que señala que no atribuye responsabilidades penales, contables, civiles, patrimoniales, disciplinarias o administrativas a ninguna persona física o jurídica concreta, ni afirma que todos los pagos examinados sean ilícitos, irregulares o constitutivos de daño económico.
"Cuando se aclaren, esperamos que el señor Sos Salvador, si aparece, nos informe", concluyen las fuentes consultadas por este periódico.