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La Plataforma de Afectados por la Corrupción en Canet d'en Berenguer ha reclamado al Ayuntamiento la contratación de una auditoría externa, independiente e integral que revise los expedientes municipales relacionados con denuncias, investigaciones, fiscalizaciones y procedimientos judiciales. La entidad sitúa en alrededor de 15 millones de euros la estimación del posible impacto económico de los asuntos que pretende que sean examinados, aunque subraya que esta cantidad debe ser verificada y que no puede considerarse un perjuicio económico acreditado.
La propuesta plantea reunir en un único análisis documentación administrativa, contable y judicial para determinar qué expedientes están afectados, qué decisiones se adoptaron, qué controles se aplicaron y si existió algún impacto sobre las arcas municipales. La Plataforma defiende que el objetivo no es establecer responsabilidades, una tarea que corresponde a los organismos y tribunales competentes, sino realizar un análisis técnico de los hechos.
Según la documentación difundida por la entidad, los asuntos recopilados estarían relacionados con tres alcaldes, 27 concejales, tres secretarios generales, tres interventores, tres tesoreros, 17 funcionarios y 26 empresas o entidades privadas. La propia Plataforma advierte de que la aparición de una persona o empresa en una denuncia o expediente no implica responsabilidad o culpabilidad, ya que puede responder a diferentes formas de intervención administrativa.
La auditoría que propone abarcaría áreas como contratación pública, urbanismo y patrimonio, subvenciones, personal, Hacienda y tesorería y transparencia y control interno. Entre otros aspectos, se revisarían contratos mayores y menores, adjudicaciones, modificaciones, facturas, pagos, convenios, operaciones inmobiliarias, procesos selectivos, presupuestos, endeudamiento, informes de Intervención y reparos.
La cifra de 15 millones, pendiente de comprobar
Uno de los principales puntos de la propuesta es precisamente la cantidad de 15 millones de euros. La Plataforma insiste en que se trata de una estimación y que el objetivo de la auditoría sería determinar qué importes están realmente vinculados a expedientes concretos, cuáles han sido denunciados o reclamados y cuáles, en su caso, han terminado siendo reconocidos mediante una resolución administrativa o judicial.
También plantea comprobar qué fondos se han recuperado y qué cantidades podrían permanecer pendientes de una eventual reclamación o reintegro. La entidad considera que esta distinción resulta necesaria para evitar presentar como perjuicio económico acreditado una cantidad que actualmente es objeto de estimación.
La propuesta incluye además la creación de un inventario único de expedientes, con información sobre su fecha, materia, órgano competente, importe, documentación disponible, situación administrativa o judicial y resoluciones existentes. La Plataforma plantea que esta herramienta permita conocer de forma ordenada cuántos asuntos existen y cuál es el estado de cada uno.
El documento contempla un plazo orientativo de nueve meses para completar el proceso, desde la recopilación de expedientes hasta la elaboración y publicación de un informe final, con fases de revisión documental, análisis económico y jurídico, conclusiones provisionales y presentación de alegaciones.
El Ayuntamiento recibe la nota con resignación y sorpresa
En el Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer, la enésima nota de prensa de la que las fuentes municipales califican como “fantasmagórica Plataforma de Afectados por la Corrupción” ha sido recibida “con resignación y sorpresa”. El consistorio recuerda que, en la última comunicación enviada antes del verano, la cifra de la presunta corrupción se situaba en ocho millones de euros, frente a los 15 millones que menciona ahora.
En cualquier caso, la institución concede escasa importancia a las comunicaciones de esta entidad, cuyo único miembro conocido, según fuentes municipales, “es una persona que nunca ha vivido en el pueblo y que fue socio y amigo del exsecretario del Ayuntamiento condenado por corrupción, José Antonio Sancho Sempere”.
Según estas mismas fuentes, “solo hay que perder un poco el tiempo y leer el comunicado para ver que no se lo cree ni quien lo firma”. El Ayuntamiento considera que la Plataforma introduce la advertencia de que la cantidad estimada “no puede presentarse como dinero perdido, malversado o definitivamente acreditado” para evitar “la querella que podría corresponderle”. “Es decir, humo”, concluyen.
El consistorio se pregunta también de dónde sale la cifra de los 15 millones, que, según afirma, no se acredita en ningún momento. Las fuentes municipales recuerdan que hace unos meses esta entidad —que, según el Ayuntamiento, “no está registrada, carece de web, miembros o forma de contacto”— aseguraba que la cantidad era de unos ocho millones.
Desde Canet apuntan que la “supuesta asociación” aseguró durante meses que el Ayuntamiento iba a tener que pagar cinco millones de euros por la depuradora de Egevasa, pero que la cantidad total fue finalmente de cero euros.
Las mismas fuentes señalan también que el consistorio no tendrá que abonar “ni uno solo” de los cerca de 700.000 euros que costará solucionar el problema de la piscina del Cantó, pese a que, según afirman, la Plataforma sostuvo lo contrario.
Por último, las fuentes municipales solicitan a José Antonio Torres Alberich que deje de emitir notas de prensa utilizando el pseudónimo de Iñaky Sos Salvador, “con o sin falta de ortografía”. “Le rogamos que utilice el suyo propio, aunque eso suponga evidenciar su relación con su antiguo amigo Sancho Sempere”, añaden.
La plataforma sostiene que la auditoría debe ser independiente de las personas que hubieran intervenido en los expedientes
La Plataforma, por su parte, sostiene que la auditoría que reclama debe ser independiente de las personas que hubieran intervenido directamente en los expedientes y contar con especialistas en auditoría pública, contratación administrativa, derecho administrativo, contabilidad pública y fiscalización.
La propuesta contempla además una comisión de seguimiento con representación de los grupos políticos municipales y, dentro de los límites legales, participación ciudadana. Su función sería supervisar el cumplimiento del encargo y la publicación de las conclusiones, sin asumir competencias para determinar responsabilidades.
La entidad plantea que el informe final se haga público con las limitaciones que establezcan la protección de datos, el secreto judicial y el resto de obligaciones legales. En su planteamiento, el objetivo último es determinar qué ocurrió con los recursos públicos, qué controles funcionaron, cuáles pudieron fallar y qué cantidades están realmente afectadas, sin que la auditoría sustituya a las investigaciones judiciales o a las fiscalizaciones de los organismos competentes.